El Sexenio Democrático (1868-1874) resumen y tema

Ayúdanos a hacernos saber Larapedia.com informó a un amigo / amiga o marcado nuestro sitio web en tu blog o foro marcadores sociales como Facebook eTwitter, gracias

Los siguientes textos son propiedad de sus respectivos autores y les damos las gracias por la oportunidad que nos brindan para presentar gratis a estudiantes, profesores y usuarios de la Web para sus textos ilustrativos con fines educativos y científicos.

La información en la medicina y la salud en este sitio es de carácter general y para propósitos informativos solamente y por lo tanto no puede sustituir en ningún caso el consejo de un médico (o una persona legalmente autorizada para la profesión).

El Sexenio Democrático (1868-1874) resumen y tema

TEMA - El Sexenio Democrático (1868-1874).

Economía y Sociedad en el siglo XIX

1. Evolución Política del Sexenio Democrático – (3 puntos)

Se conoce por Sexenio Democrático o Revolucionario al periodo de la historia de España transcurrido desde el triunfo de la revolución de septiembre de 1868, conocida como “la Gloriosa” hasta el pronunciamiento de diciembre de 1874 de Martínez Campos en Sagunto, que supuso el inicio de la etapa conocida como Restauración.

La actividad política será muy dinámica ya que se puede rastrear la participación de grupos políticos unionistas, moderados, progresistas, demócratas y republicanos, en cuyo campo de acción también intervienen el movimiento obrero y la cuestión de Cuba, iniciada en esa época.

El proceso político se puede dividir en tres etapas:

Revolución Democrática de 1868, la “Gloriosa”
Monarquía Constitucional (1868-1873): Regencia (1868-1869) y Monarquía de Amadeo (1870-1873)
I República (1873-1874).

Después de estas tres etapas la situación política del país desembocaría en la Restauración borbónica.

Revolución Democrática de 1868, la “Gloriosa”

Causas

El movimiento revolucionario de septiembre de 1868 es consecuencia de la acumulación de causas muy variadas.

a.- Causas económicas: producidos por los efectos de la crisis económica de 1866

Caída de las acciones de las empresas ferroviarias, de los títulos de la deuda del Estado y del precio del suelo en las grandes ciudades; provocando la quiebra de muchas empresas y bancos, que en su caída, arrastraron a sus depositarios de fondos.
Malas cosechas de 1867 y 1868 que provocaron una crisis de subsistencia, complicando la vida a los amplios sectores de la población más humilde, tanto rural como urbana.

b.- Causas políticas: en el terreno político, las causas apuntan a la agonía del régimen político moderado por:

El fallecimiento de los principales defensores de la monarquía isabelina: O’Donnell (1867) y Narváez (1868).
La corrupción misma del régimen liberal a diferentes niveles.
El mantenimiento de los moderados en el poder por el intervencionismo de la Reina que prohibía la vuelta de los progresistas al gobierno, por lo que sólo le quedaba a éstos la vía insurreccional

La Revolución de 1868

Las causas antes mencionadas había generado un descontento popular, engrosada con una serie de acontecimiento de facilitaron la preparación del movimiento revolucionario que correspondió a un grupo minoritario de la élite política. Este sentimiento se manifestó antes de la Revolución de 1868 en dos ocasiones:

En 1865, un artículo de Castelar (republicano) contra la Reina (“El Rasgo”) ocasiona su detención; desencadenando motines impulsados por estudiantes y apoyados por los progresistas; que fueron duramente reprimidos en la llamada “Noche de San Daniel” .
En 1866, el general Prim coordinó esfuerzos de militares y civiles progresistas y demócratas para organizar un pronunciamiento, provocando el fallido levantamiento del cuartel de San Gil en Madrid; reprimido de forma muy dura.

A pesar del anterior fracaso, la actividad golpista continuó con la preparación de un nuevo pronunciamiento, que se inició en agosto de 1866 con la firma del pacto de Ostende (1866) ; aunque la revolución no se concretó hasta 1868.

Iniciada en septiembre con el pronunciamiento de la armada en Cádiz dirigida por el almirante Topete, fue rápidamente secundado por los generales Serrano y Prim. Seguidamente, los militares sublevados difunden el manifiesto de la España con Honra en el que se pide la expulsión de la Reina y el establecimiento de un gobierno provisional que asegure el orden y la regeneración política del país mediante la proclamación de libertades (de expresión, de asociación y de reunión) y la convocatoria de Cortes constituyentes por sufragio universal masculino. El levantamiento se consolida con el enfrentamiento militar de Alcolea que termina con el triunfo de la revolución de 1868 y la salida a Francia de Isabel II.

Monarquía Constitucional (1868-1873): Regencia (1868-1869) y Monarquía de Amadeo (1870-1873)

Regencia (1868-1869)

Tras la victoria, se creó un gobierno provisional dónde los hombres fuertes fueron Prim y Serrano que se rodearon de ministros progresistas, demócratas y unionistas; dejando fuera a los republicanos. Entre las medidas más significativas que se pueden destacar durante este período fueron la implantación de la peseta como nueva moneda española, y el proyecto de abolición de la esclavitud en las colonias (“Ley de Vientres”).

Pero sin duda alguna el logro más significativo de este gobierno será la convocatoria de las primeras elecciones bajo sufragio universal (masculino) en las que votarían todos los hombres mayores de 25 años, cuyos resultados configurarían la Asamblea Constituyente de 1869 y consolidarían a los partidos del gobierno provisional, pero no pudo evitar también carlistas y republicanos consiguieran 20 diputados cada uno.

Así se inició un proceso constituyente para una nueva Constitución (Constitución de 1869) cuyos puntos más importantes son:

La Soberanía pertenece a la Nación “de la cual emanan todos los poderes”
Reconoce un amplio régimen de libertades entre las cuales destacamos: el Sufragio Universal (masculino), derechos de reunión, asociación y expresión; reconocimiento de la libertad de residencia, de enseñanza, de culto y la inviolabilidad del correo.
España es definida como un Estado Monárquico y Hereditario
Se establece una división de poderes en la cual sobresale el Poder Legislativo (dividido en dos Cámaras) sobre el Poder Ejecutivo (nominalmente en manos del Rey al poder elegir a su jefe de gabinete, pero que debía contar con la control de ambas cámaras para gobernar de forma eficaz) y el Poder Judicial (que es declarado claramente independiente)

Finalmente otro elemento significativo que se iniciará en este periodo será el “Grito de Yara”, origen del levantamiento en la isla de Cuba azuzado por la falta de derechos de los colonos, conocido historiográficamente como “Guerra Grande” o “Guerra de los 10 años” (1868-1878).

El planteamiento de España como un estado monárquico, generó la necesidad de buscar un candidato adecuado para el trono. El candidato debía ser católico, de una casa con tradición liberal y que no inquietara a ninguna de las potencias europeas (Gran Bretaña, Francia, Prusia); y por supuesto, los Borbones estaban vetados. Con estas condiciones la única vía adecuada era la opción de Amadeo de Saboya. Las Cortes constituyentes le nombraron rey de España el 16 de noviembre de 1870 y juró la Constitución el 2 de enero de 1871.

Monarquía de Amadeo I de Saboya (1870-1873)

Pero la España que se encontró este italiano todavía se encontraba revuelta por la creciente inestabilidad republicana y carlista, que trató de ser reprimida por Prim; pero a finales del año 1870, Prim, el auténtico valedor de la Revolución y del propio Amadeo, fue asesinado. Esto provocó un problema insalvable para el nuevo monarca a corto plazo que no pudo solventar por la oposición de:

a.- Los republicanos, puesto que preferían un régimen republicano.

b.- La Iglesia Católica, debido a que Amadeo era vista como la personificación de la Constitución de 1869, que establecía la libertad religiosa y la separación total entre Iglesia y Estado.

b.- Los carlistas, que veían en la salida de Isabel II la posibilidad de que su pretendiente ocupara el trono; pero sus intenciones se vieron truncadas con la llegada del Saboya. La debilidad de Amadeo les impulsará a llevar a cabo una nueva intentona carlista que se iniciará como una revuelta 1872 y se convertirá en un conflicto abierto a partir de 1873, con la salida de Amadeo I y la conversión de España en una República.

d.- Los sectores industriales, temerosos que el nuevo rey apruebe medidas cada vez más liberales (como la Ley Figuerola ), que provocasen una crisis en la industria española al no ser tan evolucionada y competitiva como la europea.

e.- La aristocracia terrateniente, convencidos que el nuevo modelo de estado democrático acabaría con el dominio oligárquico (caciquil) que había ido formando durante los años del reinado de Isabel II.

A esto hay que sumar las dificultades del creciente problema de Cuba, los intentos de golpe de Estado de los republicanos, los fallidos intentos de asesinado ejecutados contra su persona, la división entre los partidos del gobierno que quebrantaron la base del régimen de la Revolución de 1868; y el acercamiento de los moderados y unionistas participantes en la Revolución a la opción que representaba Alfonso y que aglutinó Cánovas.

Este proceso provocó el aislamiento de Amadeo I, que no encontró un apoyo decidido por parte de ningún elemento político y sin posibilidades de gobernar de forma efectiva, abdicará en su nombre y el de sus descendientes, el 2 de febrero de 1873, abriendo por primera vez la posibilidad de que los republicanos se hicieran con el poder.

I República (1873-1874)

Este periodo de la historia de España en el que por primera vez el Estado se organizó mediante la forma de gobierno republicana. El fracaso de la monarquía de Amadeo de Saboya el 11 de febrero de 1873, abrió camino al régimen republicano, con una duración de un año escaso (11 meses), hasta el 3 de enero de 1874 . Lo cierto es que la opción republicana se activó debido a la desafección de los monárquicos por encontrar a alguien que ocupara con dignidad el trono.

La inestabilidad gubernamental fue su principal característica, puesto que en tan corto periodo de tiempo se sucedieron cuatro presidentes con seis gobiernos con mismo problemas de etapa de Amadeo I (Cuba y el Carlismo que había iniciado un nuevo levantamiento militar en 1872), a los que habría que añadir el conflicto cantonalista que se desató en el país en 1873. La mejor forma para organizar el proceso político de la I República es a través de los gobierno de sus presidentes

Estanislao Figueras (11 de febrero de 1873 – 11 de junio de 1873)

Ante la falta de candidatos para ocupar el trono español tras la renuncia de Amadeo, la opción republicana se vio como solución “de orden” para la situación de vacío de poder creado. Además contaba con el precedente exitoso de Francia con el gobierno del general MacMahón, tras la caída del Napoleón III y la llegada de la III República en el país vecino.

Por ello España se convirtió en una república a pesar de tener una mayoría parlamentaria y una Constitución monárquicas. Con estos elementos de base, alcanzó la presidencia de la República Estanislao Figueras, abogado catalán y reputado parlamentario republicano, que desde un primer momento gobernó tratando de acercar posturas entre los monárquicos y republicanos (su primer gobierno estaba formado por ministros monárquicos y republicanos), pero fue poco menos que imposible por la presión de los republicanos más radicales que querían dar a España una nueva configuración y convertirlo en un estado federal.

El detonante de su salida del gobierno fueron las elecciones de junio de 1873 donde un ambiente de crispación política produjo que los monárquicos y los republicanos moderados no hicieran campaña, facilitando la victoria de los republicanos federalistas encabezados por Pi i Margall, que se convertirá tras su victoria en el nuevo Presidente de la República

Francisco Pi i Margall (11 de junio de 1873 – 18 de julio de 1873)

Tras el abandono de Figueras, se le encargó formar gobierno a Francisco Pi i Margall, líder federalista catalán y vencedor de las elecciones de junio de 1873. Inició su periodo de gobierno con la aprobación de un nuevo texto constitucional (Constitución Federal de 1873) con el cual pretendía colmar las expectativas de los federalistas más radicales; pero la lentitud en su aplicación y la acusación al texto de ser poco ambicioso, provocó una reacción violenta entre los seguidores más radicales del federalismo que iniciaron un levantamiento en Cartagena (12 de julio) declarándose Cantón Libre e Independiente de Cartagena: había arrancado el movimiento cantonalista

el movimiento cantonalista

Se puede definir como una insurrección política de diversas ciudades levantinas y andaluzas que pretendían constituir una federación de cantones autónomos. El 12 de julio la insurrección estallaba en Cartagena (Murcia). Federales intransigentes tomaron el Ayuntamiento y nombraron una junta revolucionaria; dueños de la ciudad, se apoderaron del arsenal y del puerto con toda la flota española. Días más tarde, el general Contreras asumió el mando militar de las fuerzas sublevadas, mientras los cantonalistas elegían jefe del cantón a Roque Barcia. En medio del inicio del levantamiento cantonal, el proyecto de constitución federal era rechazado por las Cortes. Pi i Margall dimitió al ver rechazado su proyecto, dejando el gobierno en manos de Nicolás Salmerón.

En los días siguientes, la insurrección cantonal se extendió a otras ciudades: Valencia, Castellón, Sevilla, Cádiz, Alicante, Granada, Salamanca. Salmerón, nuevo presidente, dedicó todos sus esfuerzos a sofocarla. Los generales Pavía y Martínez Campos tomaron uno a uno los cantones (26 de julio a 8 de agosto). El cantón de Cartagena resistió el asedio manteniéndose independiente hasta el final de la I República y sólo se rindieron tras el golpe de Estado del general Pavía (3 de enero de 1874), al serles prometido el indulto general y el reingreso en el Ejército de los militares sublevados (13 de enero de 1874). A pesar de este indulto general muchos cantonalistas fueron deportados. Los cantones llevaron a cabo una política social cercana a los parámetros del pensamiento anarquista y socialista: suprimieron monopolios, reconocieron el derecho al trabajo, la jornada de ocho horas y terminaron con los impuestos sobre consumo (derecho de puertas); aunque nunca las tendencias socialistas y anarquistas lograron imponerse (sólo en Cádiz, Sevilla y Granada tuvieron cierta influencia).

Nicolás Salmerón (18 de julio de 1873 – 7 de septiembre de 1873)

Tras la renuncia de Pi i Margall, Nicolás Salmerón se hizo con la presidencia de la República. Filósofo krausista y humanista de firmes convicciones, tuvo que afrontar los tres problemas graves: la Guerra Carlista (en la cual los carlista había cobrado ventaja tras las victorias de las batallas de Erual y Montejurra), la Guerra Grande Cuba (dónde los EE.UU. trataron por todos los medios hacerse con el control de la isla ya fuera haciendo propuesta de compra o apoyando a los líderes cubanos) y la rebelión Cantonal. A pesar de encontrar en una situación tan violenta, abandonó la presidencia de la República antes de tener que dar el visto bueno a una pena de muerte (lo que habría ido contra sus principios personales), cuando llevaba sólo mes y medio al frente del gobierno.

Emilio Castelar (7 de septiembre de 1873 – 3 de enero de 1874)

Con la renuncia de Salmerón, Emilio Castelar pasó a ser el Presidente de la República. Formó un gobierno centralista que buscaba tener mayor autoridad para poder hacer frente a la situación, especialmente a los tres “cánceres” del régimen: Cuba, el carlismo y el cantonalismo. Gobernó durante cuatro meses, que finalizaron abruptamente con el pronunciamiento del capitán general de Madrid, Manuel Pavía. El golpe de Estado de Pavía (3 de enero de 1874), realizado para reforzar la autoridad de Castelar, aunque sin su consentimiento, puso de manifiesto la debilidad del poder civil ante el poder militar y constante intervencionismo en la política española

El Gobierno “Macmahonista” de Serrano (3 de enero de 1874 – 29 de diciembre de 1874)

Tras el golpe de Estado, Pavía convoca a todos los partidos políticos para formar un gobierno de concentración nacional, que dará el poder al general Francisco Serrano y Domínguez, duque de la Torre. Este instauró una especie de dictadura republicana de talante conservador pero con ciertas aspiraciones liberales (tomará como referencia de gobierno el del mariscal francés MacMahon, encargado de reprimir la Comuna de París en 1871, y que mantendrá en el poder bajo una mezcla de estricto orden público y acciones gubernativas de carácter paternalista). Su ambición era perpetuarse como dictador, pero se había abierto el camino para la restauración de los Borbones, precipitada en aquel mismo año por el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto.

Causas de caída de la I República

Bien es cierto que los acontecimientos hicieron sospechar que la República no tendría una fácil implantación en España y las causas de su fracaso son:

a.- La falta de una sólida base republicana fue un problema de cara a la consolidación del nuevo régimen. La sociedad española estaba compuesta mayoritariamente por población campesina con un elevado índice de analfabetismo y desmovilización política. Por el contrario, una minoría oligárquica (nobleza y alta burguesía), tendía hacia un régimen monárquico piramidal, del cual se beneficiaba, y del cual el Caciquismo era su instrumento preferido. Las capas burguesas, donde tenía su clientela el republicanismo, eran escasas y estaban dispersas, salvo en ciudades de cierta entidad, con el problema de que en estos mismos núcleos el movimiento obrero también reclutaba a sus principales seguidores y restaba posibilidades de incrementar la masa social de republicanismo.

b.- La grave situación de la primera gran crisis internacional del capitalismo (1873), por lo que trasfondo económico de la I República fue muy negativo. Las protestas sociales aumentaron considerablemente (amparadas en una libertad organizativa y reivindicativa), generando desórdenes públicos que se asociaron muy rápidamente al Republicanismo, por lo que nunca fue visto como una opción política aceptable por los grupos sociales más conservadores, amantes del orden.

c.- Las dos guerras heredadas del periodo anterior: la de Cuba y la tercera Carlista, que lejos de aliviar la situación hacendística impidieron además cumplir algunas promesas más “republicanas”, como la abolición de quintas y consumos (derechos de puertas). Y el problema Cantonalista no hizo sino agravar la situación. El incumplimiento de las promesas frustró a las bases sociales republicanas, que rápidamente se asociaron a un incipiente movimiento obrero, dejando de apoyar al movimiento republicano.

d.- La división dentro del propio republicanismo entre un modelo centralista (defendido por los republicanos más moderados) y un modelo federalista (asociado al ala radical de los republicanos). La falta de definición de un modelo de España la indecisión gubernativa que fomentó el Cantonalismo (y a la larga el regionalismo y nacionalismo).

2. Agricultura, industria y transportes en el XIX. Del estamentalismo a la sociedad de clases – (3 puntos)

Agricultura, industria y transportes en el siglo XIX

La economía española se puede definir como dual tanto sectorialmente (una industria en pleno proceso de crecimiento frente a la hegemonía de la producción agraria), geográficamente (el interior se encuentra estancado, frente a la pujanza de la periferia) y estructuralmente (conviven formas productivas del pasado con las nuevas propias del capitalismo y del liberalismo). A esto hay que sumarle una insuficiente red de transportes y comunicaciones, con carreteras heredadas del siglo XVIII y un ferrocarril con sólo 3 líneas férreas: Barcelona-Mataró (1848), Madrid-Aranjuez (1851) y Gijón-Langreo (1853) .

Sector agropecuario

La agricultura seguiría siendo la principal actividad económica del país. Aún en 1900 ocupaba a dos tercios de la población activa, proporcionaba más de la mitad de la renta nacional y tenía un peso decisivo en las exportaciones.

En España, la Revolución Agrícola no tuvo gran influencia hasta finales del siglo XIX; y se mantuvieron los viejos sistemas de explotación en vez de invertir en mejoras, por lo que no siempre aumentó el rendimiento pero sí la producción. Las únicas innovaciones las encontramos en el litoral valenciano con cultivos hortícolas y frutícolas especializados (por ejemplo las naranjas). También es reseñable la especialización de las islas Canarias en el cultivo de plátanos, tomate y tabaco.

El producto principal sigue siendo el trigo, y gracias a la política proteccionista de los gobiernos moderados, el área cultivada se incrementó y permitió que entre 1830-70, España fuera autosuficiente. Los propietarios, con un mercado nacional asegurado, acumularon grandes ganancias pero no las invirtieron en mejorar la producción. A pesar de esta situación, el fantasma del hambre seguía estando presente por la especulación de los precios del grano . El otro gran cultivo es la vid, se triplica el área de cultivo y se duplican los rendimientos. Es ahora cuando el vino español se convierte en artículo básico de nuestras exportaciones . El olivo es el cultivo al que se dedican amplias superficies en la mitad sur. En el norte, son el maíz y la patata los cultivos que aseguran la alimentación de la población.

Respecto a la ganadería, continúa dominando el sector lanar, aunque va decayendo debido a las desamortizaciones que favorecieron la extensión de los cultivos a expensas de los pastos, y la abolición definitiva de los privilegios de la Mesta (1834). El continuo incremento en la demanda de carne por los núcleos urbanos hizo que progresara el sector porcino, y también se desarrolló el equino utilizado para el laboreo del campo.

Pero el elemento marcará el campo español será la estructura de la propiedad. La práctica monopolización de la propiedad en manos de grandes instituciones y personas notables, impedía en la práctica las condiciones adecuadas de cambio económico y social. Pro ello se trató de crear una “capa de medianos propietarios” que incentivara la producción y la innovación agrícola, para lo cual los diferentes procesos desamortizadores trataron proceder en ese sentido pero con un éxito escaso. El impulso arrancó desde las Cortes de Cádiz, iniciándose la labor de desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales para sacarlos al mercado libre, al tiempo que se intentó crear esa “clase media” rural cercana a los intereses liberales.

También acuciado por la falta de liquidez, el Estado Liberal buscó diversas fórmulas para obtener una fuente de ingresos estable para tratar de enjugar la deuda secular que arrastraba desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego de los pueblos, fue la medida de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales, y se desarrolló durante el S. XIX y parte del XX. Este proceso desamortizador suponía dos momentos: primero la incautación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de “manos muertas” y se convertían en bienes nacionales, y segundo, la puerta en venta, mediante pública subasta, de las mismas. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades. Destacables dentro del siglo XIX fueron las de Mendizábal (1836) y Madoz (1855).

El decreto de Mendizábal publicado en 1836, en medio de la guerra civil con los carlistas, puso en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas), se confiscaba los diezmos eclesiásticos, y en 1837 se amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular (los de las catedrales e iglesias en general) . De esta forma quedaron en manos del Estado, y no sólo se subastaron tierras sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres, incluidas obras de arte y libros. Su resultado fue cuando menos cuestionable ya que ninguno de sus objetivos se cumplió apareciendo problemas operativos como los gastos que generaron los religiosos desenclaustrados y la creación de un servicio de beneficencia estatal, que hasta la fecha era una actividad llevada a cabo por los religiosos.

El 1 de mayo de 1855 Pascual Madoz sacó a la luz su Ley de Desamortización General. Se vieron afectados las propiedades que no se habían visto afectadas por la desamortización de Mendizábal, así como los bienes de propios y bienes comunales de los Concejos y Ayuntamientos. El objetivo era similar al de Mendizábal, aunque aquí el dinero obtenido fue destinado a la industrialización del país y a la expansión del ferrocarril. En este proceso la burguesía con dinero fue la gran beneficiada, pero nuevamente los objetivos no se volvieron a cumplir; al tiempo que provocaron el hundimiento económico de muchos ayuntamientos y la ruina de pequeños campesinos, que se vieron forzados a emigrar a la ciudad o a convertirse en jornaleros.

La minería

En las últimas décadas del siglo XIX la explotación del subsuelo se convirtió en el sector más dinámico de la economía nacional, aunque desde principios hasta el segundo tercio del siglo ésta se encontraba sin desarrollar de manera adecuada por falta de material, desconocimiento tecnológico y ausencia de demanda de extracción de cualquier tipo de mineral; todo lo cual estaba rociado de la legislación harto complicada que no estimulaba su desarrollo.

La Revolución de 1868, no cambio las cosas en gran medida, aunque modificó el marco legal para facilitar las concesiones, lo que atrajo un importante capital extranjero de demandaba los productos del subsuelo español en su camino por la Revolución Industrial. Las numerosas explotaciones mineras fueron un factor decisivo para equilibrar la balanza de pagos española, y aunque también hubo inversiones hispanas, nunca sus explotaciones fueron capaces de sobrepasar en dinamismo y potencial tanto humano como técnico a las financiadas por extranjeros.

El inicio de la industrialización en España

Desde mediados del s. XIX se daban ya los requisitos indispensables para que España emprendiera su carrera en busca de la industrialización, tardía ya con respecto al resto de Europa. A partir de ese momento, y hasta la década de los años setenta, entraron capitales, técnicas y proyectos empresariales procedentes del extranjero (Francia e Inglaterra) y se produjo la inversión de la nueva burguesía capitalista española.

Se puede hablar por lo tanto de fracaso industrializador o de industrialización incompleta, expresiones con las que con frecuencia los historiadores calificamos el proceso industrializador en España, que pasó por diferentes fases o etapas que exponemos a continuación:

De 1808 a 1830:

Estancamiento industrial como consecuencia del pobre mercado interior.
Los acontecimientos políticos (guerra de Independencia, guerras carlistas, emancipación americana).
Escasez de Recursos.
Ausencia de nuevas técnicas de la revolución industrial

De 1830 a 1860:

Arranque de la industrialización en los sectores textiles y del hierro.
Modernización en determinadas regiones dónde existen importantes fuentes de materias primas y los primeros núcleos industriales.

De 1860 a 1913: período de crisis con etapas de fuerte crecimiento y desarrollo.

Por sectores industriales podemos destacar:

Industria textil

Cataluña había aprovechado su experiencia anterior y posterior a la Guerra de la Independencia, y la pérdida del mercado americano, para modernizarse. En los años treinta había optado por sustituir la industria de la lana por la del algodón; y al introducir la máquina de vapor (mule jenny, 1803) se aumentó la producción y se mejoró la calidad abaratándose los precios. El gobierno legisló medidas proteccionistas y prohibió la entrada de manufacturas extranjeras de algodón, lo que permitió el máximo apogeo de la industrial textil catalana entre 1830 y 1860, que sólo se vio truncada por la penetración de productos textiles del extranjero a partir de 1880.

Industrial siderúrgica

El desarrollo de la industria siderúrgica en España estuvo condicionado hasta fines del siglo XIX por las limitaciones de la demanda. El fuerte incremento de ésta procede fundamentalmente de los avances de los sectores primario, textil y de transportes de la segunda mitad del siglo XIX, siendo el principal demandante el ferrocarril.

Los altos hornos sustituyeron a las viejas ferrerías y forjas. Los principales altos hornos los encontramos en la costa sur con Málaga y Marbella como principales centros. Se dan también en Mieres y La Felguera (Asturias) cuando el precio de la fundición del carbón vegetal no pudo competir con la del carbón mineral. La introducción de los primeros convertidores Bessemer y los hornos Siemens-Martin contribuyeron decisivamente a la modernización de la siderurgia de Vizcaya, que tomó gran importancia a partir de 1880 debido a sus adelantos técnicos en la producción de acero, que no afrontaron los empresarios andaluces. Tal fue el crecimiento que sólo la asociación de empresas garantizaba el continuo crecimiento, siendo un magnífico ejemplo la Empresa de los Altos Hornos de Vizcaya, que es la unión de los Altos Hornos de Bilbao, La Vizcaya y la Iberia.

Los transportes

La accidentada configuración de la geografía española dificultó que existiera una red de comunicación interna permanente. Con llegada del siglo XIX, también se impuso la necesidad de ampliar la red de carreteras y mejorar su trazado a partir del proyecto radial que se inició en tiempos de Carlos III. Así los 3.500 kms. de carreteras se vieron incrementados, según Vicens Vives, en 19.000 en 1868.

El transporte por mar registró también una evolución conectada con las mejoras tanto en la navegación, como en los barcos y los puertos que los albergaban, aunque su crecimiento es ínfimo si lo comparamos con el resto de Europa .

Sin embargo, la gran novedad del transporte fue la construcción de la red ferroviaria. La expansión del ferrocarril era el indicador más fiable del grado de industrialización alcanzado. Antes de 1855 ya existían algunos tramos, cortos y a todas luces insuficientes para el ritmo económico que necesitaba el país; situación debida a problemas económicos, geográficos, técnicos y de inestabilidad política. Esto iba a cambiar durante el decenio 1855-1865, puesto que fue el momento inicial de la expansión ferroviaria.

El punto de partida hay que situarlo en la Ley General de Ferrocarriles de 1855. El partido progresista concibió al ferrocarril como un elemento básico para la modernización. Se utilizaron todos los recursos posibles para la construcción de una red ferroviaria: creación de sociedades anónimas, subvenciones, realización de obras de infraestructura a cuenta del Estado, garantías de una rentabilidad mínima para el capital privado invertido, bancos, etc...; pero la ley de 1855 presenta otro aspecto no tan positivo, por cuanto fue una cesión a la presiones de los capitalistas extranjeros, fundamentalmente franceses. El art. 20 de la ley permitía las importaciones, exentas de impuestos, de locomotoras, raíles y maquinaria. Y estos capitalistas, obviamente, estaban bastante más preocupados por la rentabilidad inmediata de las sociedades de inversión en la red viaria de nuestro país, que por el proceso de industrialización española.

Entre 1848 y 1868 se tendieron más de 5.000 kms de vía y se trazaron tres líneas fundamentales: Madrid-Alicante (1858), Barcelona-Zaragoza (1862) y Madrid-Irún (1864). También se constituyeron compañías gestoras del servicio ferroviario como la conocida MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante). Pero con la situación política entre 1865 y 1868, la expansión se detuvo quebrando muchas compañías (salvo dos, la MZA y la del Norte, gracias la inyección de dinero desde el gobierno y a un acuerdo interno entre ellas para evitar la competencia) y no se recuperará hasta la época de la Restauración. La red ferroviaria española fue tardía y se cometieron numerosos errores en la financiación, estructura de la red (radial), anchura (diferente a la europea), etc... En cualquier caso ha sido considerado como uno de los principales motores de la industrialización.

Dinero y Banca

La promulgación de la Ley de Bancos de Emisión y Sociedades de Crédito de 1856 puede ser considerarse el punto de arranque de la modernización del sistema bancario español. Antes de esta fecha coexistían instituciones propias del Antiguo Régimen, como las casas de banca o los comerciantes-banqueros; pero con las reglas del capitalismo y del Estado Liberal, todo tenía que ser diferente. Esos cambios se fueron produciendo de forma progresiva, pudiéndose establecer etapas:

1829-1848: Se mantienen entidades del Antiguo Régimen, como el Banco Español de San Fernando (antes de San Carlos), con capacidad de emitir moneda; y el Banco de Isabel II fundado en 1844, que teniendo las mismas capacidades que el San Fernando, además sería la primera entidad de crédito. Ambas entidades consiguieron salvar una fuerte depresión bancaria, tras la cual decidieron unirse en 1856 en lo que se conocerá como Banco de España. En Barcelona se fundó el Banco de Barcelona pero con un carácter comercial y privado con la capacidad de emitir moneda (1844).
1850-1874: Se observó una fuerte expansión que permitió la apertura de pequeñas sociedades de banca en muchos lugares de España, pero la crisis del capitalismo de 1870-1873, terminó con muchas de esta instituciones y permitió que el Banco de España obtuviera el monopolio de la acuñación y emisión de moneda.
1874-1900: Tras la crisis de la banca privada de 1870-1873, ésta comenzó a reconstruirse como competidora abierta del Banco de España.

En suma, quedó asentada definitivamente la organización y el establecimiento del sistema capitalista con el que España afrontaría el siglo XX, el cual permitiría la movilidad de capitales nacionales y extranjeros mediante los siguientes instrumentos: empresas, sociedades mercantiles, bancos y Bolsa.

Del estamentalismo a la sociedad de clases

El cuadro de la sociedad española del siglo XIX es dinámico puesto que presenta pervivencias del Antiguo Régimen al tiempo que transformaciones que terminarán alcanzando el siglo XX. Si bien es verdad que la sociedad estamental había desaparecido jurídicamente, dos nuevos elementos serán el filtro social que dará forma a la sociedad española: la riqueza y la propiedad.

Ya entre 1833 y 1843 en medio de una permanente agitación política se instauraron los principios de una sociedad burguesa y capitalista. Una sociedad de ricos y pobres, de clases sociales y no de estamentos, ordenada por la posesión o la carencia de riqueza. La riqueza, nueva definidora de la posición social, es otorgada por la propiedad: sólo los propietarios pertenecen a las clases dirigentes, los no propietarios son los trabajadores y jornaleros, que carecen de derechos políticos, y sólo cobran los días que trabajan, Por eso el deseo de establecer la propiedad privada, sin las limitaciones del Antiguo Régimen, es el principal objetivo de las revoluciones liberales del s. XIX, y esto provocaría la formación de una nueva clase social dirigente, en la que estuvieran unidos los antiguos señores nobles y los nuevos propietarios capitalistas.

A pesar de lo apuntado, lo cierto es que la sociedad española conserva muchos elementos provenientes del Antiguo Régimen, y nos dibujan una sociedad anacrónica, algo que veremos perfectamente plasmado durante la etapa de la Restauración hasta el alzamiento conservador que dio inicio a la Guerra Civil (1936-1939). Tales transformaciones, sin suponer grandes novedades, permitieron unos cambios mucho más profundos y generales en el siglo XX. Con los presupuestos anteriores se pueden advertir algunos aspectos especialmente claros:

Aproximadamente el 86 % de los españoles de finales del siglo XVIII vivía en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, y tal tanto por ciento se mantuvo hacia 1860 (85,5 %). La población española que vivía en campo sólo descendió en 100 años (siglo XIX) un 8 % (del 70 al 62 %).
Predomina el analfabetismo que afecta a ¾ de la población en 1877, siendo mayor el porcentaje en las mujeres que rondan el 85-90 %.
A lo largo del siglo XIX hay una preponderancia de las clases bajas (65 %) que tiende a disminuir considerablemente, sobre todo en núcleos de población grandes de más de 10.000 habitantes.
Hay una perceptiva debilidad de las clases medias, que se nutren con dificultad de las capas más altas de las clases populares, puesto que existe una diferencia de riqueza importante entre estas clases sociales. Una de las vías más habituales para llegar a este grupo fue entrando a formar parte de la maquinaria estatal, ser un elemento importante dentro de Universidad o tener una profesión liberal.
La burguesía de los negocios fue muy reducida y con una mentalidad poco competitiva puesto que su referente social seguía siendo, aunque en menor medida, la nobleza.
Los eclesiásticos y sus auxiliares descienden de manera brutal durante el siglo XIX, en gran medida a las medidas desamortizadoras, y sólo en números absolutos, sino también en números relativos. Por ejemplo a finales del siglo XVIII había un sacerdote por cada 160 almas, y en 1870 se contabiliza un 1 cura por 400 individuos.
Se modificó de forma notable la clase aristocrática, reduciéndose al dejar de formar parte de ella el grupo de los “hidalgos”, que pierden sus privilegios, dejando sólo en esta clase estamental, a toda aquella nobleza titulada, que aunque pierden de manera evidente preponderancia política, todavía mantienen una gran influencia social y económica.
La sociedad española se caracteriza por el número elevado de militares existentes en esta etapa, que también gozaban dentro de sus grupos sociales de una preponderancia relativa, mayor en tanto más alto era el grupo social de origen del militar. El mantenimiento de ciertos valores conservadores y elitistas dentro del Ejército heredados del Antiguo Régimen, llevaron a que jugara un papel fundamental dentro de la política española del siglo XIX y XX, partiendo del descrédito que les sugería la actividad política.
La pervivencia de una redes clientelares asentadas desde inicios del siglo XIX, que se ajusta a los nuevos parámetros que la sociedad impone y reclama

A continuación dibujaremos una serie de perfiles sociales por clases para tratar de dar una imagen clara de la sociedad española:

La nobleza

En comparación con el Antiguo Régimen, la alta aristocracia perdió su papel dominante, si bien siguió teniendo un enorme peso e influencia. Numéricamente también disminuyó, al tiempo que también hubo dentro de ella una reorganización, puesto que el “hidalgo” perdió sus privilegios como noble, dejando la aristocracia como un conjunto de nobles titulados. Y aunque su papel pareció ser disminuido por la acción del Estado Liberal, los nobles españoles se colocaron a la cabeza del liberalismo para evitar ser arrollados por éste, se aprovecharon de las medidas liberalizadoras, y desde esa posición de dirección controlaron perfectamente el proceso de implantación del Estado Liberal en España, al tiempo que se convertían en referente social para la clase emergente: la burguesía.

Pero esta adaptación fue minoritaria. Muchas familias no se ajustaron a los parámetros de la nueva economía liberal, dónde habían desaparecido sus derechos sobre la propiedad –mayorazgos y vinculaciones-, aunque seguían gastando como si dispusieran de las mismas rentas que en Antiguo Régimen, por que pronto su balance de cuentas fue completamente negativo lo que les llevó a la enajenación de sus bienes, perdiendo paulatinamente la propiedad original de la casa, como ocurrió con los Duques de Osuna y de Medina-Sidonia.

Al tiempo apareció un nuevo tipo de nobleza de “nueva planta” cuyo origen debemos situarlos en una burguesía de negocios y el “profesionalismo” de la política liberal, donde algunos de sus miembros veían su lealtad a la Corona recompensada con la concesión de títulos nobiliarios.

Por otro lado la figura del hidalgo castellano, miembro de la nobleza, habían convertido su situación en la forma legal de no tener que tributar en impuestos directos, ser reclutado por la milicia o tener que alojar forzosamente tropas en su casa. Pero la llegada del Estado Liberal, quebrantó esa situación de privilegio, y los hidalgos fueron desapareciendo progresivamente de la mentalidad popular.

Las clases medias

En palabras de José María Jover Zamora, son aquellas que ocupan un lugar indeciso entre la aristocracia y las clases populares. Dentro de ellas podemos hablar de una burguesía de los negocios y de una clase media administrativa. La primera se podría definir como aquellas que tiene, aparte de un magnífico nivel económico, una iniciativa para los negocios o la empresa: personas con iniciativa para los negocios, algo que sería privativo de este grupo social. Este grupo social mantiene una ideología social que tiene en común el género de trabajo, el nivel socioeconómico, la cultura, los derechos políticos e intereses que defender. Todo ello lleva a una cierta conciencia de “comunidad” y mantener relaciones sociales entre ellos y con la nobleza.

Mientras que las clases medias administrativas agrupan a otros sectores sociales o laborales que no pueden identificar con la burguesía de los negocios. Controlan la administración, el ejército, la cultura, la enseñanza, la información (la prensa). El sistema liberal, con todos los mecanismos de movilidad social que introdujo dentro de España, permitió a este grupo social una mejora de su posición con respecto al Antiguo Régimen, puesto que los arrancó de las capas más altas de clase baja, para darles cabida dentro de la clase media.

Las clases bajas o populares. El nacimiento del movimiento obrero.

Las clases populares españolas se pueden dividir en dos: rural (mayoritaria durante el siglo XIX) y urbana (en constante crecimiento a lo largo del siglo). La primera mantenía fuertes pervivencias del modelo social rural del Antiguo Régimen, con un trabajo cíclico que marcaba toda su forma de vida, sin apenas cambios e innovaciones, lo que influía en una forma de ser conservadora y ultramontana (la influencia de la Iglesia era perceptible), poca amiga de los cambios; sobre todo de aquellos que afectaban a su mundo y su manera de vivir.

La llegada del Estado Liberal fue acogida con recelo y rechazo por parte de la población rural, que se veía amenazada por los cambios y se acogió a cualquier opción que defendiera sus derechos y su forma de vida o que sencillamente no aceptara los principios liberales. Así el Carlismo (en el norte de España) y el Anarquismo (en Levante y Andalucía) se convirtieron en corrientes de pensamiento y acción apreciadas en el mundo rural.

Pero las transformaciones que progresivamente iban alcanzando la producción agraria obligaron a una lenta pero imparable migración del campo a la ciudad para la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y sociales que la guerra y las expropiaciones por las desamortizaciones les negaban. A partir de los años 40 los barrios periféricos crecieron amontonándose en ello los campesinos en paro con sus familias a la búsqueda de un empleo en la incipiente industria.

La proporción de esta población era ínfima pero en constante crecimiento que se aceleraría durante el siglo XIX, siendo especialmente significativa en Barcelona, Madrid y en los núcleos siderúrgicos vasco y malagueño.

La situación de estos barrios era terrible: consistentes en barracas y chabolas construidas precipitadamente, sin servicios sanitarios, de alumbrado ni limpieza, sin empedrar, etc…; eran foco seguro de enfermedades infecciosas de todo tipo entre las que la tuberculosis y el cólera destacaron por sus efectos catastróficos.

Quienes encontraban empleo se tenían que someter a jornadas de 12 a 14 horas, atendiendo a un trabajo monótono, con ruidos estridentes y continuos y unas condiciones de salud laboral inexistentes, y sin otro descanso que los domingos . Trabajaban por igual hombres, mujeres y niños de hasta 6 y 7 años de edad. Los salarios eran muy bajos y apenas permitían una alimentación consistente básicamente en pan, habichuelas y patatas. A las enfermedades infecciosas había que añadir las sociales: el alcoholismo y las enfermedades venéreas, en parte inevitable en un medio social embrutecido en el que se hacinaban familias enteras en habitaciones compartidas. El analfabetismo era general: afectaba al 69% de los hombres y al 92% de las mujeres.

Al principio los trabajadores no comprendían demasiado bien porqué eran así sus condiciones de vida. O bien procedían de una sociedad campesina, en la que la jornada la marcaban el clima y las faenas agrícolas, y en la que las condiciones de vida eran más saludables, por dura que fuera la faena, o bien venían de antiguos talleres artesanos, en los que el trabajo estaba regulado y protegidas sus condiciones de vida y vivienda. La eliminación de los gremios en los años 30 había acabado con todo el sistema de asistencia y socorro mutuo que antiguamente garantizaba al trabajador frente a la adversidad. Ahora se encontraba convertido en una pequeña pieza de la gigantesca maquinaria fabril, sometido a una rutina que le era incomprensible y frustrante y viendo su salario degradarse cada vez más, en parte a causa de la competencia de mujeres y niños.

Desde la década de los años 30 se incorporan a las fábricas el vapor, iniciándose la mecanización en España, que produjo la reducción de puestos de trabajo. Ante esto se produjeron algunos movimientos de destrucción de maquinaria (luddismo), el más conocido de los cuales fue el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona (1835) , como primeros ejemplos de organización obrera defensora de sus derechos.

En las décadas de los treinta y cuarenta fueron apareciendo los primeros atisbos de organización, básicamente por dos vías: la formación de sociedades de ayuda mutua y la difusión de las ideas de los socialistas utópicos. En 1839 el gobierno permitió la creación de sociedades obreras con fines benéficos o de ayuda mutua. Al amparo de ese permiso, en 1849 Juan Munts fundó la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón, que dos años después tenía 50.000 afiliados. Pronto proliferaron por todo el país sociedades semejantes. Al principio sólo pretendieron defender los salarios, sin llevar más lejos sus peticiones. Pero los moderados las prohibieron, y la mayoría de ellas pasó a la clandestinidad.

En cuanto al socialismo utópico, fueron las teorías de Fourier y de Cabet las que penetraron en España: en Cádiz, donde Joaquín Abreu intentó montar un falansterio, que fue un fracaso, y en Barcelona donde Abdón Terradas y Narcís Monturiol organizaron grupos cabetistas, que pronto se relacionaron con los republicanos. También fueron llegando las teorías de Saint-Simon, Blanquí y Proudhom, de la mano de escritores como Ramón de la Sagra o Pi y Margall.

El socialismo utópico se fijo más en las consecuencias negativas del capitalismo que en las causas que las habían provocado. Planteó soluciones teóricas a este problema que cuando intentaron ser llevadas a la práctica fracasaron. Pretendía conseguir la igualdad social mediante el reparto de los beneficios del trabajo a través del colectivismo. Planteó soluciones filantrópicas o caritativas en las que el cooperativismo era la idea principal.

Sin embargo, hasta la mitad de siglo la mayoría de los obreros no comprendían contra quién debían defender sus intereses y hacían causa común con sus patronos y se opusieron a los gobiernos progresistas reclamándoles el mantenimiento del proteccionismo, atribuyendo las crisis industriales y los bajos salarios a la competencia inglesa. En aquellos años, las reivindicaciones eran muy concretas: salariales, de seguridad en el trabajo, de horarios. Nadie planteaba la necesidad de un sindicato o de un partido político.

Fue a raíz de los disturbios de 1848 cuando comenzaron a relacionarse las reivindicaciones obreras con las ideas democráticas y republicanas. A finales de los años 40 se dedicaron a publicar la primera prensa obrera: Sixto Cámara, Fernando Garrido, Ordax Avecilla o Francisco Pi y Margall; fundaban un periódico, publicaban varios números y, cuando era prohibido por el gobierno, volvían a publicar otro de distinto nombre. Los más avanzados se apartaron del progresismo, en el que veían la defensa de los intereses patronales y no la de los obreros. En 1849 algunos de ellos participaron en la fundación del partido demócrata.

Hay que esperar al Bienio Progresista (1854-1856) para que de forma definitiva los trabajadores separen su movilización de la de los patronos. Tras apoyar el levantamiento de los progresistas, las reivindicaciones obreras fueron reprimidas duramente por el gobierno en calles y rechazadas legalmente en el Parlamento, al aprobarse un estatuto laboral que en la práctica defendía los derechos de los patronos . La situación se fue deteriorando tanto en lo social como en lo económico y propició el regreso de Narváez de la mano de O’Donnell en 1856, momento en el cual las organizaciones obreras fueron prohibidas. En adelante el movimiento obrero se politizó abiertamente y sus dirigentes pasaron a apoyar al partido demócrata y a los republicanos. Estos incorporaron algunas reivindicaciones obreras a su programa.

La I Internacional en España

Tras “la Gloriosa” de 1868, la economía española pasó a un estado de crecimiento progresivo, pero no refrendado por la serie de transformaciones sociales ansiadas por obreros y campesinos. La detención del proceso revolucionario, con el mantenimiento de las quintas y la simple sustitución de los consumos por otros impuestos, entre otras, trajeron dos consecuencias: la separación definitiva del movimiento obrero, respecto de los partidos demócrata y republicano, y la rápida implantación en España de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT).

En octubre de 1868 llegó a España Giuseppe Fanelli, un miembro de la AIT enviado por Bakunin con el objetivo de organizar la sección española de la Internacional, sobre la base de las tesis anarquistas que propugnaba el líder ruso. Fanelli estableció dos secciones, en Madrid y Barcelona, que comenzaron a rodar a partir del mes de noviembre y enero, respectivamente. El foco de Barcelona, que agrupaba ya más de 30 sociedades, formaba el grupo más sólido de todo el país y su secretario general, Rafael Farga Pellicer, asistió al Congreso de la Internacional en Basilea, donde contactó con Bakunin y reafirmó su apoyo a las tesis anarquistas..

En junio de 1870 se celebró en Barcelona el I Congreso de la Sección española de la Internacional, al que asistieron unos 90 delegados en representación de unos 30.000 afiliados. El Congreso reguló la organización de secciones y federaciones de oficios, y fijó objetivos sindicales –la mejora de las condiciones de vida de los obreros- y políticos –la revolución social–. También estableció un Consejo Federal, donde la mayoría catalana impuso la orientación anarquista, de no-colaboración ni alianza con las fuerzas políticas burguesas. Pronto tales tesis empezarían a ser discutidas, pero en 1870 la fuerza del asociacionismo catalán era incuestionable.

En la primavera de 1871, ya bajo el reinado de Amadeo de Saboya, y cuando los trabajadores españoles preparaban su segundo Congreso, sobrevino la insurrección de la Comuna de París. El impacto que la revolución causó en las clases medias y en los grupos dirigentes europeos fue enorme, y en España, se tradujo en una serie de medidas represivas contra la AIT. Se prohibieron las reuniones y las huelgas, se cerró publicaciones y varios líderes detenidos, mientras el Consejo Federal se instalaba en Lisboa ratificando la línea anarquista de la AIT.

La política represiva del gobierno llevó a aprobar la ilegalización de la AIT en España, aunque la impugnación de la medida ante el Tribunal Supremo por considerarla inconstitucional, impidió su aplicación inmediata.

En diciembre de 1871 había llegado a Madrid el dirigente de la Internacional Paul Lafargue, partidario de Marx. Entró en contacto con los principales miembros del grupo madrileño: Anselmo Lorenzo, Francisco Mora, José Mesa y Pablo Iglesias, que aceptaron sus tesis. Así se produjo la división dentro la sección española de la AIT, con unos focos anarquista en Barcelona y socialista en Madrid.

Al comenzar 1873 la Internacional española contaba con más de 25.000 afiliados, un tercio de los cuales pertenecían a las federaciones catalanas. Estaba claramente implantada entre los obreros textiles, la construcción y las artes gráficas, con varios miles de afiliados; menos importantes eran las federaciones campesinas –salvo en Andalucía-, de ferroviarios y de mineros. Entre los dirigentes, había una mezcla considerable entre hombre de procedencia obrera e intelectuales de clase media, estos últimos de ideología más radical y próxima al anarquismo.

La proclamación de la República provocó una oleada de manifestaciones y huelgas que forzaron a unos empresarios atemorizados a hacer concesiones importantes en horarios laborales y salarios. Una vez más, Barcelona actuó como punta de lanza del movimiento reivindicativo. En Andalucía las movilizaciones se tradujeron en ocupaciones de tierras y en asaltos indiscriminados, aunque en la mayor parte de los casos los jornaleros actuaron al margen de las consignas de la AIT .

Simultáneamente, estalló la sublevación cantonal que no contó con el respaldo de los dirigentes de la AIT; aunque muchos obreros internacionalistas participaron activamente en la insurrección, especialmente en Sevilla, Málaga y Valencia. Esa participación fue utilizada por los sectores conservadores para presentar la insurrección cantonal como un movimiento revolucionario, e incluir a la AIT en la subsiguiente represión. Tras haber sofocado la insurrección, el gobierno de Serrano decretó, el 10 de enero de 1874, la disolución de la AIT, aunque la mayoría de sus líderes pasaron a la clandestinidad.

En conjunto, el Sexenio significó una etapa de clara toma de conciencia política y organizativa para el movimiento obrero español, a través de su adscripción a la Internacional, así como el momento de asimilación de las principales corrientes ideológicas que existían en el mundo obrero europeo.

Se denomina Noche de San Daniel o Noche del Matadero a la del 10 de abril de 1865 en la que la Guardia Civil y unidades del Ejército reprimieron de forma sangrienta a los estudiantes de la Universidad Central de Madrid que realizaban una serenata en la Puerta del Sol de apoyo a su rector, Juan Manuel Montalbán, depuesto por orden gubernamental al no haber destituido a varios catedráticos —como Castelar y Salmerón— por sus posiciones contrarias al planteamiento ideológico oficial establecida por el gobierno de Narváez.

Pacto de Ostende, compromiso establecido por representantes del Partido Progresista y del Partido Demócrata con el fin de lograr el derrocamiento de la reina española Isabel II, cuyo acuerdo fue adoptado el 16 de agosto de 1866 en la ciudad belga de Ostende. Se pretendía, además, la elección mediante sufragio universal masculino de una asamblea constituyente que decidiera sobre la forma de gobierno, creándose para el seguimiento del Pacto un centro revolucionario permanente que se estableció en la también ciudad belga de Bruselas, bajo la presidencia de Juan Prim y Prats, su principal inspirador y promotor. Los firmantes del acuerdo fueron, en su mayoría, los emigrados anti-isabelinos residentes en las principales ciudades europeas, quienes habían logrado el respaldo de los desterrados políticos en las islas Canarias. Dado que se pretendía sustituir el régimen sustentado por el Partido Moderado y por la propia Reina, se intentó lograr atraer a los miembros de la Unión Liberal, lo cual consiguieron en vísperas del propio triunfo de la revolución de 1868 con el conocido como Pacto de Bruselas, firmado el 30 de junio de 1867

Esta ley no establecía ningún tipo de traba a la importación de productos y contemplaba una redacción paulatina de tarifas aduaneras hasta que estuvieran todas por debajo del 15%.

No perdamos de vista que el régimen se mantuvo como republicano entre enero y diciembre de 1874, pero que realmente funcionó como una dictadura militar iniciada por el golpe de estado de Pavía y dirigida de forma “Macmahonista” por el duque de la Torre, el general Serrano.

Se llegó a producir un intento de golpe monárquico que fracasó por la acción decidida del ministro de Gobernación, Francisco Pi i Margall

Se denomina así a un planteamiento filosófico que considera que Dios es en sí mismo todo el universo y cualquier elemento que se encuentre en la naturaleza es la representación de Dios, y por lo tanto atentar (y no respetar la ley natural) contra esas representaciones es atentar contra Dios.

Según el historiador Nicolás Sánchez Albornoz

La Red de Caminos Reales es una estructura de forma radial que conecta Madrid con las principales ciudades de la periferia

En años de buenas cosechas, los precios se mantuvieron altos por falta de competencia exterior, pero en los años de malas cosechas los precios se disparaban provocando sucesivas crisis agrarias. Debido a los bajos salarios de los jornaleros, la amenaza del hambre continuó siendo permanente, y la escasa capacidad de compra de campesinos y jornaleros afectó negativamente al desarrollo del comercio y a la incipiente industrialización.

Se debe en parte la epidemia de filoxera que atacó a los viñedos franceses, y que permitió el crecimiento de los españoles para la exportación.

La ejecución de esta última se llevó a cabo unos años más tarde, durante la regencia de Espartero

Por mencionar tan sólo un dato de referencia, el 100% del tonelaje que movían los barcos españoles suponía tan sólo ¡el 7% de total de las mercancías británicas!.

La vida media de los obreros catalanes era de 19 años, frente a los 40 de la clase alta barcelonesa.

Curiosamente, los asaltantes eran campesinos y pescadores que buscaban trabajo en la industria, y fueron los propios trabajadores de la fábrica quienes intentaron evitar el incendio. Pero, en general, el luddismo apenas tuvo repercusión en España.

Tras participar en la revolución apoyando a los progresistas, el movimiento obrero cobró un gran desarrollo. Durante todo el año se sucedieron las protestas contra la generalización de hiladoras y tejedoras mecánicas (selfactinas), y los disturbios llevaron a frecuentes choques en la calle contra las tropas. En 1855 la conflictividad creció y la movilización obrera se extendió a toda la ciudad de Barcelona. La respuesta gubernamental fue la represión. El dirigente obrero José Barceló fue condenado irregularmente y ejecutado por un crimen que no había cometido. A raíz de ello, el 1 de julio estalló una huelga general que paralizó la ciudad. Tras diez días de lucha en las calles contra las tropas, los dirigentes obreros llegaron a un acuerdo con el enviado de Espartero, el general Saravia, para mantener los sueldos y los convenios colectivos hasta que las Cortes aprobaran una nueva reglamentación laboral. Por otro lado, dos líderes obreros fueron enviados a Madrid para exponer sus quejas a los diputados. Los dos dirigentes, Juan Alsina y Joaquín Molar, se presentaron con un escrito respaldado por 33.000 firmas procedentes de todo el país. Pedían el reconocimiento del derecho de asociación, la reducción de la jornada a diez horas, el mantenimiento de los salarios y el derecho de negociación colectiva; también solicitaban el establecimiento de tribunales partidarios para dirimir (resolver) los conflictos. Pero el proyecto de Ley del Trabajo que finalmente aprobaron las Cortes, defendido por Alonso Martínez, era mucho más pobre y defendía en la práctica los intereses patronales: establecía la media jornada para los niños y un máximo de diez horas para los menores de 18 años, limitaba las asociaciones al ámbito local y siempre que no rebasaran los 500 miembros, legitimaba los convenios colectivos sólo en empresas de menos de 20 trabajadores, y establecía Jurados para arbitrar conflictos compuestos exclusivamente por patronos.

Los sucesos más graves se produjeron a partir del 7 de julio en Alcoy, donde los obreros hicieron una huelga general en reivindicación de menor duración de jornada y alzas salariales. El alcalde y la Guardia Civil se enfrentaron a los huelguistas, que sitiaron la casa consistorial. Tras veinte días de asedio, llegaron las tropas enviadas por el gobierno, pero el alcalde Albors ya había muerto en los combates. También en Barcelona se produjo una huelga general el 14 de julio.

Fuente del documento : http://bogaru.files.wordpress.com/2010/01/tema-4-sexenio-democratico-1868-1874-economia-y-sociedad-en-el-siglo-xix.doc

Sitio para visitar: http://bogaru.wordpress.com/

Autor del texto: no especificado en el documento de origen o se indique en el texto

Palabras clave de Google: El Sexenio Democrático (1868-1874) resumen y tema Tipo de Archivo: doc

Si usted es el autor del texto anterior y se compromete a no compartir sus conocimientos para la enseñanza, la investigación, la erudición (para uso razonable como indicato en los Estados Unidos copyrigh bajo "for fair use as indicated in the United States copyrigh low"), por favor envíenos un e-mail, y procederemos a eliminar el texto rápidamente.

El Sexenio Democrático (1868-1874) resumen y tema

La experiencia democrática del Sexenio (1868-1874).

En 1868 acabó el reinado de Isabel II, comenzando así el Sexenio democrático (1868-74). La revolución suponía un intento de construcción de un Estado liberal democrático, nacido tras una nueva insurrección, en este caso La Gloriosa, que permitió en sus inicios la creación de un sistema de monarquía parlamentaria y democrática, articulada en la Constitución de 1869. Era el liberalismo llevado a sus últimas consecuencias.

La cronología tradicional del Sexenio democrático distingue las siguientes fases en su desarrollo:

Revolución gloriosa y gobierno provisional presidido por el general Serrano. Esta fase se desarrolló desde la caída de Isabel II tras la revolución acaudillada por los generales Francisco Serrano y Juan Prim y el almirante Juan B. Topete, en septiembre de 1868, hasta la promulgación de la Constitución, en junio de 1869.
Regencia de Serrano, gobierno de Prim y búsqueda de un nuevo rey para España. Se desarrolló, una vez aprobada la nueva constitución de la monarquía democrática, desde junio de 1869 hasta enero de 1871, cuando llegó a Madrid el nuevo rey, Amadeo I de Saboya, poco después de la muerte por asesinato del jefe de gobierno, Juan Prim.
Monarquía democrática de Amadeo de Saboya. Esta fase comenzó con la jura de su cargo por parte del rey, en enero de 1871, y terminó con su abdicación, en febrero de 1873.
Primera república. Este nuevo período de la historia de España se inició tras la abdicación de Amadeo I de Saboya y la proclamación inmediata de un régimen republicano, en febrero de 1873, y finalizó como consecuencia del golpe de estado del general Pavía, en enero de 1874.
Gobierno autoritario del general Serrano. Desde enero hasta diciembre de 1874, la historia de España vivió un año de gobierno autoritario presidido por el general Francisco Serrano. Esta situación de excepcionalidad terminó al producirse la Restauración de la monarquía de los Borbones, tras el golpe de estado del general Martínez Campos.

Revolución gloriosa y gobierno provisional de Serrano (1868-1869).

La revolución comenzó en Cádiz el 18 de septiembre de 1868 con un alzamiento militar coordinado por el almirante Topete, con el apoyo fundamental de los generales Serrano y Prim. Los avances técnicos en el mundo de las comunicaciones aceleraron el ritmo de este pronunciamiento si se compara con el de otros episodios de la misma naturaleza sucedidos años antes en la España del siglo XIX. La sublevación se extendió por las ciudades españolas como un reguero de pólvora y se multiplicaron las adhesiones políticas, las proclamas y la formación de juntas revolucionarias. Documentos como el Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Sevilla, publicado entonces, ayudan a entender la naturaleza de este proceso . Viéndose huérfano de apoyos, el gobierno moderado de Luis González Bravo dimitió con la recomendación a la reina de que encomendara la solución del problema a un militar. Isabel II, que se hallaba veraneando en San Sebastián, designó entonces a José Gutiérrez de la Concha, Marqués de la Habana, para dirigir al sector del ejército que permanecía leal a la soberana. Las tropas de ambos bandos se enfrentaron el 28 de septiembre en la batalla del puente de Alcolea, muy cerca de Córdoba, en la que el ejército sublevado logró la victoria. En cuanto se supo la noticia, las juntas revolucionarias asumieron los poderes en los distintos núcleos de población y se hizo ya evidente la imposibilidad de mantener la resistencia isabelina. El 30 de septiembre de 1868 la reina Isabel II cruzó la frontera camino del exilio, refugiándose en Francia. Era el triunfo de los revolucionarios .

La Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 fue obra de una conjunción de intereses de grupos políticos de procedencia diversa, unidos circunstancialmente contra el gobierno moderado y la reina Isabel II a la que decidieron destronar. Unionistas, progresistas y demócratas, además de los republicanos, protagonizaron el proceso revolucionario. No era fácil aglutinar las aspiraciones de todos los partidos políticos y grupos sociales que vieron con buenos ojos el éxito de la revolución, aunque era común a todos la aspiración de lograr una España ajena a las corruptelas y abusos del reinado de Isabel II, una España con honra, como rezaba el lema compartido por losabundantes manifiestos y proclamas que acompañaron al pronunciamiento. Aparte del anhelo de acabar con el régimen anterior, sentido por todos los revolucionarios, unos consideraban como objetivo principal la instauración del sufragio universal, otros la libertad de cultos, otros la abolición de las quintas o la desaparición de la propiedad privada. A la falta de un contenido doctrinal y un programa comunes se sumaba la dificultad para coordinar un calendario de acciones conjuntas con el que llevar a cabo la implantación y consolidación de la democracia. Las contradicciones internas de los partidarios de la revolución y el temor de la burguesía a un desarrollo de los acontecimientos que se volviera contra sus intereses de clase, se han considerado las causas explicativas del fracaso final de la experiencia del Sexenio democrático .

De conducir el comienzo de la acción gubernativa de los sublevados se encargaron los protagonistas principales del pronunciamiento. El gobierno provisional se constituyó bajo la presidencia de Francisco Serrano, con Juan Prim como ministro de la Guerra y Juan Bautista Topete de Marina.

Francisco Serrano (1810-1885): Nacido en la Isla de León, hoy San Fernando, en la provincia de Cádiz, fue militar y político liberal de tendencia cambiante. Participó en la primera guerra carlista y en la conspiración que acabó con la regencia de Espartero. Se convirtió en el favorito de la reina Isabel II despertando el recelo de los moderados que le alejaron de la corte. Apoyó el regreso al poder de Espartero en 1854 y más tarde colaboró en la formación de la Unión Liberal. Se convirtió en líder de este partido tras la muerte de O’Donnell en 1867 y dio un giro radical a la política unionista promoviendo la conspiración que llevó al destronamiento de la reina Isabel II. Antes había obtenido el título de Duque de la Torre. Presidió el gobierno provisional formado tras el éxito de la revolución gloriosa en 1868, fue regente tras la aprobación de la Constitución democrática de 1869 y fue de nuevo jefe de gobierno durante la monarquía de Amadeo de Saboya. Exiliado en Francia durante la I República, regresó a España para presidir un gobierno provisional que duró todo el año de 1874. Tras la restauración borbónica, reconoció al rey Alfonso XII y presidió el Partido Liberal pero ya no ocupó cargos de gobierno.

Había, además de Prim, otros líderes políticos destacados del progresismo como Práxedes Mateo Sagasta en el ministerio de Gobernación, Manuel Ruiz Zorrilla en el de Fomento y Laureano Figuerola en el de Hacienda. Sagasta logró contentar a los miembros de las diferentes juntas provisionales creadas durante el proceso revolucionario asegurándoles la ocupación de cargos políticos en diputaciones y ayuntamientos para así evitar la asunción del poder por una junta central que debilitase al nuevo gobierno. Éste, por otra parte, tomó sus primeras medidas en octubre y noviembre de 1868 mediante la promulgación sucesiva de una serie de decretos que establecieron la plena libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación, previo aviso a la autoridad de 24 horas, el sufragio universal masculino , el derecho de asociación para fines lícitos como el desarrollo de la educación pública y la beneficencia… Otra medida fue la supresión de las órdenes religiosas fundadas después de 1837. Además la Ley de Ayuntamientos aprobada en 1856 por los progresistas fue restablecida en octubre de 1868. No tardaron en celebrarse elecciones municipales democráticas que dieron la victoria a los republicanos en veinte capitales de provincia mientras que los monárquicos ganaron en Madrid y en las restantes capitales provinciales.

En el mes de enero de 1869 y conforme a una convocatoria del gobierno que establecía el sufragio universal con derecho de voto para los varones mayores de 25 años de edad, se celebraron las elecciones a Cortes constituyentes que la coalición de monárquicos demócratas, formada por unionistas, progresistas y demócratas, ganó al obtener 237 escaños mientras los republicanos encabezaban la oposición con 85 escaños. De los escaños de la mayoría, 69 pertenecían a los unionistas, 156 a los progresistas y 20 a los demócratas monárquicos. El gobierno había tomado partido por la defensa del régimen de monarquía ya desde octubre de 1868, cuando publicó un manifiesto comprometiéndose a realizar la futura proclamación de un rey constitucional y democrático. Algunos republicanos, como Figueras, Castelar o Salmerón, no mantuvieron sin embargo en aquellos días una postura plenamente definida a favor de la inmediata implantación de la República. Las Cortes acometieron la tarea de elaborar una Constitución rápidamente .

La Constitución de 1869.

Esta Constitución era el resultado de la necesidad de crear un nuevo marco legal que, como una de sus tareas principales, se planteó el gobierno provisional formado tras abandonar España Isabel II. En marzo de 1869 la comisión encargada de elaborar una nueva constitución inició sus trabajos bajo la presidencia de Salustiano de Olózaga. El 1 de junio quedaba aprobado el texto definitivo y la Constitución fue definitivamente promulgada dos días después .

La naturaleza de la Constitución de 1869 era democrática y recibió notables influencias de la belga de 1831, la norteamericana de 1787 y la non nata española de 1856, que pretendió profundizar el progresismo de la de 1837 pero no llegó a estar en vigor. El carácter democrático de la Revolución de Septiembre quedaba muy bien reflejado en su articulado. Ya en el preámbulo se proclamaba expresamente el principio de soberanía nacional, confirmada luego en el artículo 32, y se sugería el de la división de poderes, especificada más adelante en el título II (Artículos 34, 35 y 36). Era una constitución extensa que pretendía especificar en sus artículos, con minuciosidad y amplitud, las reglas por las que España debía regirse, sin dejar para el desarrollo de normas posteriores la concreción de aquéllas. En sus primeros 31 artículos (título I) se proclamaba una amplísima relación de derechos: la libertad de expresión, reunión, asociación y petición (Art. 17), de manifestación (Art. 18), habeas corpus (Art. 2, 3, 4, 12...), inviolabilidad del domicilio (Art. 5), propiedad privada (Art. 13 y 14), etc. Se prohibían la censura previa y otros medios de coacción de la libertad de prensa (Art. 22). En el título dedicado al poder judicial, más adelante, se establecía el juicio por jurados para los delitos políticos (Art. 93). Pero además, como novedad, fijaba garantías para el cumplimiento de derechos no especificados en esta relación (Art. 29), se establecían penas para los que impidiesen el ejercicio de los derechos e indemnizaciones para los perjudicados y se regulaban claramente los derechos que podían ser suprimidos en un estado de excepción (Art. 31). También eran novedosos el derecho a la libertad de residencia (Art. 6), negando la posibilidad de que el Gobierno expatriase a ningún ciudadano (Art. 26), y a la inviolabilidad del correo (Art. 7), la libertad de enseñanza (Art. 24) y la libertad de cultos (Art. 21). La novedad del reconocimiento de la libertad de cultos, aunque el Estado se comprometiera a sostener la religión católica, causó grandes problemas con el Vaticano. Simultáneamente los españoles quedaban obligados a pagar impuestos y cumplir con sus deberes militares (Art. 28).

Las instituciones fundamentales de la nación, según la Constitución de 1869, eran la Corona, las Cortes y el Gobierno. La monarquía se consagra como forma de gobierno en el artículo 33 y como poder ejecutivo, que ejerce por medio de los ministros, en el 35. Las Cortes figuran como sujeto del poder legislativo en el artículo 34.

El Rey se constituye como cabeza del poder ejecutivo y posee además iniciativa legislativa. Algunos artículos estaban claramente pensados para evitar abusos de los monarcas, previendo así la aparición de problemas que ya habían surgido anteriormente en la historia de España. En el artículo 71 se establecía que el Soberano sólo podía suspender las Cortes en una ocasión sin el consentimiento de éstas durante una legislatura. Otros artículos fijaban plazos de convocatoria o reunión de las Cortes, para evitar que fuesen demasiado dependientes del Ejecutivo.

Las Cortes eran de carácter bicameral, con un Congreso y un Senado, aunque la tradición democrática indicase en principio como más apropiada la existencia de una sola cámara. El Senado, o cámara alta, se configuraba con cuatro senadores por provincia, elegidos por sufragio universal indirecto. Los ciudadanos con derecho de voto designaban a una serie de compromisarios en representación de los distintos municipios que formarían con los diputados provinciales una junta electoral encargada de escoger finalmente a los senadores de cada provincia (Artículo 60). Pero los candidatos debían reunir ciertas condiciones como haber sido previamente ministros, diputados, rectores universitarios, embajadores, etc. Era una peculiar cámara democrática perteneciente a una cierta elite profesional y económica, puesto que también eran elegibles los mayores contribuyentes de España (Artículos 62 y 63). Su renovación se realizaba por cuartas partes salvo en caso de disolución de la cámara. El Congreso de los diputados era más democrático que en anteriores constituciones porque había desaparecido la necesidad de ser propietario para ser elegido. Se estipulaba que se elegiría un diputado por cada 40.000 personas, al menos. La Ley Electoral de 1870, aprobada el día 23 de junio,especificaba que el derecho de voto correspondía a los varones mayores de edad, por lo que se consagraba el sufragio universal masculino (reconocido en el artículo 16 de la Constitución). Las facultades de las cámaras eran similares a las fijadas en las anteriores constituciones de signo progresista (1837 y la non nata de 1856), recuperando el Congreso la primacía o capacidad de decisión final en materia de contribuciones, crédito público y fuerza militar (Artículo 50).

Los ministros del Gobierno debían refrendar los actos del Rey, haciéndolo cada uno en su ámbito de responsabilidad. Los ministros eran responsables de sus actuaciones ante las Cortes. No podían acudir, sin embargo a las sesiones de éstas, salvo que fueran parlamentarios de la cámara correspondiente .

Regencia de Serrano, gobierno de Prim y búsqueda de un nuevo rey para España (1869-1870).

Tras la promulgación de la Constitución el día 3 de junio de 1869, las Cortes encomendaron al general Serrano la regencia y a continuación éste designó presidente del gobierno al general Prim, que se mantuvo en el cargo hasta su muerte en diciembre de 1870. Con Prim continuó Sagasta en el ministerio de Gobernación y Figuerola en el de Hacienda, mientras que Ruiz Zorrilla pasó del ministerio de Fomento al de Gracia y Justicia. Según Artola, el gobierno de Prim en ese instante tenía que resolver dos cuestiones fundamentales: la intervención del ejército en el mantenimiento del orden público y el hallazgo y designación de un rey.

Juan Prim (1814-1870): Nacido en Reus, participó en la primera guerra carlista como voluntario cristino y se afilió al Partido Progresista pero participó en la sublevación contra Espartero en 1843. Esto le valió el título de Conde de Reus. Con el tiempo pasó del progresismo a la Unión Liberal y participó en la guerra de África de 1859-1860, en la que sus méritos militares le reportaron el título de Marqués de los Castillejos. Volvió de la Unión Liberal al Partido Progresista y promovió entre otros la conspiración que acabó con la monarquía isabelina. Fue ministro de la Guerra en el gobierno provisional de Serrano y después jefe del gobierno constitucional, a la vez que buscaba un candidato para el trono de la nueva monarquía democrática. Logró convencer a Amadeo de Saboya pero la llegada de éste a España coincidió con la muerte por asesinato de Prim sin que se llegara nunca a descubrir a los culpables.

La cuestión de los posibles abusos de la autoridad militar y su intervención en el control de los conflictos relacionados con el orden público resultó ser un asunto muy delicado que en la práctica derivó en un recorte de las garantías de los derechos de los ciudadanos por parte del gobierno. Pero a éste le preocupaba la preservación del orden, asunto que consideraba esencial para la supervivencia del régimen. La Ley de Orden público, de abril de 1870, preveía la aplicación de medidas como el estado de prevención, que facultaba a la autoridad civil para suspender publicaciones y detener y deportar a ciudadanos, y el estado de guerra, que en el caso de producirse reiteradas alteraciones del orden encomendaba su restablecimiento a los militares. Prim autorizó al ejército a suspender las garantías en situaciones críticas sin esperar a la decisión de las Cortes, y se aprobó una ley que permitía a los jueces de paz y autoridades locales suspender el derecho a la inviolabilidad del domicilio. El Código Penal de 1870, que entró en vigor en agosto, reconocía derechos como los de la libertad de cultos y de asociación pero estableció también los delitos de rebelión y sedición. Esto exponía a los ciudadanos a la recepción de condenas muy duras y la intervención de la jurisdicción militar en delitos de naturaleza política que se considerasen contrarios al orden público.

La designación de un rey para España era una tarea necesaria, dada la condición monárquica de la Constitución. La tarea, bastante laboriosa, exigió un esfuerzo notable a la diplomacia española y en particular a Prim, que se encargó personalmente de esta delicada misión. El futuro rey debía ser católico y escrupulosamente respetuoso con la monarquía democrática. Sin embargo, las fuerzas políticas no coincidían a la hora de expresar sus preferencias. Los unionistas preferían un rey Borbón y entre ellos algunos eran declaradamente alfonsinos, es decir, partidarios del hijo de Isabel II, el futuro rey Alfonso XII. Por este joven príncipe se inclinaban también los antiguos moderados. Los carlistas, por su parte, eran partidarios de Carlos VII, heredero directo de la línea dinástica de Carlos María Isidro. Pero los progresistas, que tenían la mayoría en las Cortes, defendían la candidatura de un príncipe extranjero sin vínculos con el régimen isabelino y que debería ser elegido entre los miembros de las familias reales de Europa. Los republicanos, por definición, estaban contra la monarquía. Tras varios intentos fallidos llevados a cabo por Prim entre las familias principales de la realeza europea, finalmente Amadeo, duque de Aosta, miembro de la casa de Saboya, aceptó la propuesta de convertirse en rey de España. Amadeo de Saboya era hijo del rey de Italia y reunía las condiciones que la tradición española y el nuevo régimen constitucional democrático exigían.

Pero la actividad del gobierno de Prim no se limitó a la consecución de los dos objetivos expuestos. Su programa incluía una serie extensa de reformas en materia política y económica, además de lo explicado anteriormente en relación con la cuestión del orden público. Como se apuntó en el estudio de la nueva Constitución democrática, Prim hizo aprobar una nueva Ley electoral en junio de 1870, confirmando el sufragio universal para los varones mayores de 25 años. Acometió también la reforma global de la justicia. En ella participaron sucesivamente los ministros progresistas Manuel Ruiz Zorrilla y Eugenio Montero Ríos, sustituto del anterior tras una remodelación del gabinete de Prim. Antes que ellos, el ministro unionista Antonio Romero Ortiz había logrado la unificación de fueros, que acababa con la jurisdicción eclesiástica, mantenida en los concordatos de 1753 y 1851, y otros tribunales residuales. Montero Ríos promovió la creación del Registro civil y la aprobación del matrimonio civil, en junio de 1870. La peculiaridad es que el matrimonio no religioso se contemplaba, sin embargo, como una unión de naturaleza perpetua e indisoluble. El Código Penal incorporó en su articulado derechos novedosos como los de libertad de cultos o asociación y limitó los supuestos en que podía aplicarse la pena de muerte, pero ésta no desapareció del ordenamiento jurídico español. La Ley Orgánica del Poder judicial, de septiembre de 1870, se hacía eco de la unificación de fueros y pretendía asegurar la independencia de la justicia respecto de los demás poderes del Estado. Para ello fijó la oposición como medio de acceso a la judicatura y la incompatibilidad de los jueces con cualquier otra actividad profesional, además de especificar las distintas instancias judiciales desde los jueces locales hasta elTribunal Supremo.

A Laureano Figuerola, ministro de Hacienda, le correspondió emprender importantes medidas liberalizadoras de la economía, en la más pura tradición del progresismo liberal español del siglo XIX. Ya durante el gobierno provisional de Serrano, el ministro Figuerola había acometido la reforma del sistema monetario con el objeto de agilizar la circulación de dinero en metálico. La instauración de la peseta como moneda unitaria de cambio iniciada en 1868 se vio acompañada por la aplicación del sistema métrico decimal en 1870, que había sido introducido ya en 1849 por Juan Bravo Murillo sin que fuera utilizado en la práctica hasta el sexenio democrático. La aprobación de un arancel librecambista, en 1869, poco gravoso para las importaciones, representaba una medida propia del ideario democrático de la época. Se trataba con este nuevo régimen aduanero de facilitar la llegada de productos extranjeros más baratos y estimular la competitividad de la economía nacional. La reforma fiscal respondió a la necesidad urgente de incrementar las exiguas recaudaciones de la hacienda estatal. La doctrina liberal progresista abogaba por una política de imposición directa, que debía gravar la riqueza y la renta de las personas, en proporción a sus haberes. En cambio, impuestos indirectos como los de consumos, puertas y estancos debían ser abolidos. Figuerola introdujo por eso un nuevo impuesto personal, aplicado sobre la cifra que pagaban los contribuyentes que residían en una vivienda de alquiler, teniendo en cuenta asimismo la dimensión de las familias correspondientes. Un año después este impuesto fue sustituido por otro basado en una declaración individual de la renta, de escasa concreción. Tan estéril debió de resultar la reforma que la previsión de ingresos por contribución directa no se contempló en la ley de presupuestos de 1870. Como además disminuyó la recaudación de impuestos indirectos, las arcas estatales quedaron exhaustas. Otras medidas económicas fueron la concesión de la explotación en régimen de arrendamiento o la venta de las minas nacionalizadas a empresas del exterior. A la promulgación de la Ley de Bases de la Minería de 1868 siguió la Ley de Sociedades Mercantiles de 1869, nuevas normas aprobadas para facilitar la entrada de capital extranjero en España y la formación de grandes sociedades y compañías de explotación de los recursos mineros .

Juan Prim murió víctima de un atentado en los últimos días de diciembre de 1870. Este luctuoso acontecimiento coincidió con la llegada de Amadeo de Saboya, al que Prim había convencido para que aceptase el trono de España tras una laboriosa búsqueda por las cortes europeas. Al llegar a España, el nuevo soberano se encontró con que acababa de morir su más firme valedor, lo que ya era un presagio poco esperanzador de lo que luego sería su reinado: un período breve y turbulento que concluyó con la renuncia de Amadeo.

Monarquía democrática de Amadeo de Saboya (1871-1873).

El reinado de Amadeo comenzó con la jura de su cargo como rey, en enero de 1871, y terminó con su abdicación, en febrero de 1873. Los historiadores han valorado la figura de Amadeo I de Saboya como la de un hombre sin gran talento pero lleno de tacto y buena voluntad, austero y discreto en su vida pública y privada, hasta el punto de causar la irritación de la aristocracia cortesana que no veía con buenos ojos tanta sobriedad en palacio. Para el pueblo era un extranjero y sólo la circunstancia providencial del atentado sufrido por el rey en julio de 1872, del que salió ileso y ante el que reaccionó con gran valor al parecer, le granjeó cierta popularidad. Su actuación política fue prudente y respetuosa con el papel de árbitro que le asignaba la Constitución de 1869. No intervino en la vida política, por tanto, de forma caprichosa, inoportuna o abusiva sino como un rey democrático. Pero careció de apoyos consistentes en el ejército y la división de las fuerzas políticas, especialmente grave en el seno del progresismo, terminó de ponerle en situación crítica.

Amadeo I de Saboya (1845-1890): Nació y murió en Turín. Príncipe italiano, hijo del rey Víctor Manuel II de Italia, fue Duque de Aosta y llegó a ser rey de España entre 1871 y 1873 con la aprobación de las Cortes a propuesta del jefe de gobierno, Juan Prim. Bajo el marco jurídico de la Constitución de 1869, fue un monarca democrático calificado de prudente y discreto que conoció seis gobiernos y tres elecciones generales durante su breve reinado. Ante el recrudecimiento de la tercera guerra carlista y la crisis colonial en Cuba, el rey decidió abdicar en febrero de 1873, lo que permitió la inmediata proclamación de la I República. Se retiró a su ciudad natal donde residió ya hasta su fallecimiento.

Los problemas del reinado fueron múltiples y de gravedad creciente. Tras el asesinato en diciembre de 1870 de Prim, caudillo del progresismo y seguramente del nuevo régimen, se produjo entonces el distanciamiento entre los dos principales líderes dentro del Partido Progresista, que eran Práxedes Mateo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla. De hecho, el enfrentamiento entre ambos llegó a endurecerse hasta el punto de impedir el normal desarrollo de un régimen de turno y alternancia en el poder. Sagasta era partidario de consolidar los logros de la revolución mientras Ruiz Zorrilla se inclinaba por conseguir reformas más profundas. A raíz de todo esto Sagasta creó el Partido Constitucionalista y buscó el apoyo de los unionistas, entre los que destacaba la figura del general Francisco Serrano, mientras que Ruiz Zorrilla fundó el Partido Radical y buscó el apoyo de los republicanos, surgiendo así una división entre los progresistas que apoyaban a la monarquía junto con los unionistas y los que apoyaban a los republicanos. Entre los propios partidos republicanos se produjo una división, inclinándose los republicanos unitarios por un acercamiento a los radicales mientras los republicanos federalistas, mayoritarios, debieron vencer la oposición de los anteriores para llegar finalmente al poder. Entre los republicanos unionistas destacaba el liderazgo de Cristino Martos, que contaba con el apoyo del general Manuel Pavía. De los líderes del federalismo los más notables eran Francisco Pi y Margall y Estanislao Figueras...

Se sucedieron tres procesos electorales y siete gobiernos en los dos años de reinado, de estos últimos dos presididos por Serrano, otros dos por Sagasta y otros tantos por Ruiz Zorrilla. Solo en el primero, formado por Serrano el 4 de enero de 1871, al poco de morir Prim y ser coronado el rey, hubo ministros de tendencias plurales. De hecho en aquel gabinete figuraron Sagasta, como ministro de la Gobernación, y Ruiz Zorrilla, como ministro de Fomento. Las medidas adoptadas por los gobiernos del tiempo de Amadeo tuvieron poco relieve. Solo la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 1872, siendo jefe del gobierno Ruiz Zorrilla, que introdujo el jurado en el ordenamiento procesal temporalmente, tuvo cierta importancia. En realidad las rivalidades políticas y el afán por detener la creciente pérdida de autoridad por parte de los gobernantes consumieron las energías de éstos. Como recuerda Artola, comparando los años previos al reinado de Amadeo con los de su desarrollo, los años del gobierno provisional y de la regencia de Serrano se caracterizaron por la innovación política y financiera, mientras que los dos siguientes se vieron determinados negativamente por la muerte de Prim, el líder más destacado de la izquierda monárquica, y la división interna del progresismo, de forma que fue la falta de disciplina interna de los partidos y, como reflejo de esto, de los grupos parlamentarios, lo que impidió un desarrollo normal de la vida política .

Los republicanos promovieron movilizaciones con el objetivo de desestabilizar el régimen, apoyados en el incipiente movimiento obrero, que estaba cobrando impulso en España, en el marco de tolerancia inicial legalizado por el Sexenio democrático. La autorización del asociacionismo y los efectos de la estrategia de propagación ideológica y lucha obrera de la I Internacional, fundada en 1864 en Londres, habían permitido el desarrollo de organizaciones obreras, cuyos militantes estaban decepcionados por el incumplimiento de sus promesas sociales en el que los gobiernos liberales incurrían constantemente. Por aquellos años llegaron a España embajadores de las corrientes obreras marxista y anarquista. Paul Lafargue, enviado por Karl Marx, creó la primera plataforma socialista en Madrid. José Fanelli, enviado por Mijail Bakunin, creó la primera plataforma anarquista en Barcelona. Las Cortes del Sexenio, temerosas ante las movilizaciones de los trabajadores, no tardaron en declarar ilegal a la Internacional obrera (1871). Los carlistas, conscientes de la debilidad del régimen, promovieron una insurrección en la zona vasconavarra y en el Pirineo catalán, que dio lugar a la guerra carlista de 1872 a 1876. El conflicto colonial conocido como la guerra larga desarrollada en Cuba (1868-1878) contribuyó a ensombrecer el panorama político que aparecía ante los ojos del rey Amadeo y sus colaboradores. En medio de una situación de creciente desorden y crisis de poder, la indisciplina del ejército terminó de complicar el desarrollo político del reinado. La marina se pronunció sin éxito en El Ferrol, a favor de la República, en 1872. Finalmente, un nuevo problema con el ejército, la cuestión de los artilleros, puso en jaque al rey definitivamente. En la ciudad de Vitoria, un grupo de oficiales de artillería se negó a aceptar el nombramiento del general Hidalgo, considerado responsable del fusilamiento de los sargentos del cuartel de San Gil, ocurrido siete años antes, como capitán general de Vascongadas. Ruiz Zorrilla, presidente del gobierno, pidió al soberano la disolución del cuerpo de artillería por el acto de indisciplina acaecido en la capital alavesa pero Amadeo de Saboya, antes que adoptar tal decisión y ya desalentado por el curso general de los acontecimientos, prefirió abdicar.

La Primera República (1873-1874).

Los conceptos de república unitaria y federal.

La palabra República designa específicamente la forma de gobierno contrapuesta a la monarquía y se caracteriza por la rotación del poder: el jefe del Estado es elegido y tiene un mandato temporal. Por su parte, la monarquía se caracteriza por adjudicar la jefatura del Estado a una persona con carácter vitalicio y hereditario. En la Edad Contemporánea ha proliferado el modelo de monarquía parlamentaria que ha limitado el poder del rey en los términos expresados por una constitución. Obviando el régimen de República existente en la Roma antigua y algunos ejemplos dignos de estudio en la Europa bajomedieval y moderna, el modelo republicano se había definido ya en el siglo XVIII con la independencia y definición constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. El ensayo republicano de la Revolución Francesa, aunque efímero, constituyó un hito inolvidable. En el siglo XIX los países latinoamericanos emancipados de la dominación colonial, fueron optando por la creación de regímenes republicanos con constituciones formalmente federales que revelaban la admiración de sus dirigentes por el modelo norteamericano y el rechazo a las monarquías autoritarias de las metrópolis europeas que habían conocido durante siglos. En Europa, Francia fue una vez más el ejemplo más sonado de ruptura con la monarquía que, sin embargo, predominaba durante el siglo XIX en casi todas las naciones del continente. En 1870, Francia accedió ya a un régimen de república que, con distintas reformas, ha permanecido hasta el presente. Otras naciones europeas y de otros continentes fueron declarándose repúblicas durante el siglo XX.

Independientemente de estas consideraciones sobre el movimiento republicano, los Estados pueden tener una estructura interna unitaria o federal. El Estado unitario es aquel en el que prevalece la idea de unidad por encima de cualquier elemento jurídico que amenace con destruirla. Tiende a consolidar en sus regímenes políticos el poder de los gobiernos centrales sin grandes concesiones a la autonomía de las regiones. El Estado federal favorece por el contrario la autonomía de las regiones o estados que lo integran. La idea de la autonomía de los estados en el seno de una unión federal se basa en el principio insobornable de la libertad de decisión de los individuos y de los pueblos que exigen en consecuencia autogobierno en el ámbito municipal y regional. No es propiamente un nacionalismo, un sentimiento nacional, lo que les empuja a actuar así a los partidarios del federalismo. En ocasiones la configuración de los estados federales se justifica por la paulatina incorporación a los mismos de territorios que decidieron libremente su integración. Pero frecuentemente se han dado casos de incorporaciones territoriales por adquisiciones derivadas de victorias bélicas seguidas de imposiciones a los vencidos. El Estado liberal, concebido por lo general como unitario en los países europeos, tenía sin embargo buenos ejemplos de desarrollo federal en Suiza, Alemania o Estados Unidos. En la República Suiza la vieja tradición de los cantones o territorios autónomos, actualmente catorce, daba un alto nivel de autogobierno a cada una de esas zonas de la Confederación Helvética. En Alemania había nacido en 1870 un régimen federal (el II Reich) por la agregación al nuevo Imperio de una serie de estados tras las adquisiciones territoriales del emperador (kaiser) Guillermo. La República Federal de Alemania mantiene hoy en vigor un régimen de 16 estados o länder cada uno de los cuales goza de autonomía en el seno de la Constitución federal, adaptada a la realidad de la reunificación de las zonas oriental y occidental llevada a efecto en 1989. Los Estados Unidos de Norteamérica, que habían accedido a la independencia en 1776, ampliaron su territorio a costa de México principalmente durante el siglo XIX hasta lograr la Unión de 50 estados, cada uno de los cuales disfruta de una amplia autonomía .

La experiencia de la Primera República española.

Tras la abdicación del rey Amadeo I de Saboya, traído a España como titular de la nueva monarquía democrática, nació un régimen republicano (febrero de 1873 a enero de 1874), cuya efímera existencia impidió que el proyecto de constitución elaborado en julio de 1873 llegara a promulgarse. El Congreso y el Senado, ante el vacío del poder que la retirada del rey Amadeo planteaba, optaron por reunirse en sesión conjunta. Del debate y posterior votación que se celebraron resultó la declaración de los parlamentarios de proclamación de la República española, con 258 votos a favor y 32 votos en contra. La posibilidad de celebración de una sesión conjunta de Congreso y Senado era imposible según lo establecido en la Constitución de 1869, en cuyo marco legal habían sido elegidas las Cortes, pero la proclamación de la I República era un hecho tras la reunión de las cámaras aquel 11 de febrero de 1873. Habría llegado el poder a los republicanos cuando menos podían esperarlo, según Miguel Artola. Los republicanos serían políticamente una minoría para José Luis Comellas. Lo cierto es que la abdicación de Amadeo de Saboya dejaba abierto un camino que, para algunos historiadores, era lo último por probar.

En España, como en otros países del área europea fundamentalmente, el sentimiento cada vez más extendido del rechazo de los trabajadores a la monarquía se vinculó con el rechazo a los mecanismos que el joven Estado liberal utilizaba implacablemente para defender los intereses de los propietarios y las clases burguesas frente a las demandas de libertad y mejora de las condiciones de vida y trabajo que los obreros planteaban. Un sector de la burguesía, laico y democrático, también abogaba por combatir los elementos del Antiguo Régimen, que todavía pervivían en la segunda mitad del siglo XIX, y apostaban sinceramente por un reconocimiento efectivo de la igualdad de derechos y la dignidad de todos los individuos y grupos sociales. Para estas dos fuerzas sociales y políticas la monarquía era un sistema que asociaban a la conservación de unas tradiciones de sometimiento a la autoridad del rey y de la Iglesia que detestaban. La República era el sistema que podía traer por fin la libertad y la igualdad para todos, acabando con grupos influyentes y todavía privilegiados como las familias reales, la nobleza, el clero, el ejército y la alta burguesía. La versión federal del Estado republicano se vinculó precisamente al anhelo de libertad existente en grupos urbanos de clases medias, medias bajas y obreras de núcleos urbanos de la zona levantina, murciana y andaluza. Este sentimiento, estimulado por la desesperación que la pobreza endémica provocaba en los trabajadores, estalló en los momentos críticos de la proclamación de la I República española en 1873, en forma de cantonalismo o proclamación como cantones independientes de diversos municipios del sureste peninsular.

Se sucedieron cuatro personas en la presidencia de la República, durante los once meses de duración del régimen: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall y, ya en tono cada vez más conservador, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

Estanislao Figueras, partidario de una república unitaria, permaneció durante cuatro meses en el cargo. Tuvo que enfrentarse, como los presidentes que le sucedieron, a los problemas de la insurrección carlista en el norte y la de los cubanos enfrentados a la autoridad española en la isla caribeña, todavía bajo dominio colonial. A estos dos conflictos se agregó el problema del cantonalismo, un movimiento especialmente activo en las ciudades del Levante español, sobre todo en las provincias de Valencia y Alicante, y también en Murcia y Andalucía. El municipio de Alcoy e incluso la Diputación de Barcelona se proclamaron independientes al poco de la instauración de la República. Desbordado por los acontecimientos, Figueras optó por abandonar el cargo y retirarse temporalmente a Francia.

Francisco Pi y Margall fue el sucesor de Figueras y su presidencia apenas duró un mes. Destacado pensador y escritor, Pi y Margall se apresuró a proclamar la República federal. Las Cortes constituyentes elaboraron un proyecto de Constitución federal entre junio y julio de 1873 que no llegó a aprobarse. El proyecto proclamaba explícitamente la soberanía popular y organizaba el territorio en 17 estados federales unidos, entre los que se incluían Cuba y Puerto Rico. Contenía una declaración de derechos que se asemejaba a la de la Constitución de 1869. Establecía la separación del Estado y la Iglesia Católica así como la libertad de cultos. Quedaba prohibida cualquier dotación económica del Estado destinada a mantener el culto y el clero. El movimiento cantonalista continuó su expansión acelerada y se produjeron sucesivas proclamaciones de cantones locales en el sureste de España: en Castellón, Valencia, Alicante, Cartagena, Granada, Málaga, Cádiz o Sevilla afloraron cantones en medio de un proceso que hacía presagiar la desarticulación del Estado unitario. Ante el cariz que fueron tomando los acontecimientos se precipitó la caída de Pi y Margall.

Nicolás Salmerón, tercer presidente de la República, permaneció durante dos meses en el cargo. Su política dio un giro radical a la orientación seguida por Pi. Salmerón impulsó una política de represión militar del cantonalismo, que fue duramente combatido en aquellas zonas donde se había desarrollado. El general Pavía se ocupó de controlar Andalucía, el general Martínez Campos hizo lo propio en Valencia y Alcoy y el general López Domínguez intervino en Cartagena, donde el movimiento cantonal sin embargo no quedó definitivamente sometido hasta 1874. A la acción represora del ejército siguió la de los juicios contra los sublevados, que dieron lugar a la imposición de una serie de penas de muerte que Salmerón no quiso firmar. El presidente, contrario a la aplicación de la pena capital, prefirió dimitir antes que autorizar la ejecución de los condenados.

Emilio Castelar fue el sucesor de Salmerón. Cuarto y último presidente de la República, su mandato se prolongó durante cuatro meses. Castelar, brillante orador y parlamentario, defendía la existencia de un Estado republicano unitario y centralista, hasta el punto de que llegó a declarar ilegal al federalismo. Su acción política persiguió el objetivo de asegurar el orden público y la disciplina del ejército, un tanto erosionados en los últimos tiempos. Actuó para ello con poderes extraordinarios y notable energía. Firmó las penas de muerte que Salmerón no había querido autorizar e impulsó la intervención del ejército en aquellos puntos donde la sublevación cantonal resistía. Pero finalmente perdió la confianza de las Cortes que optaron por realizar una votación para elegir nuevo presidente. Mientras se celebraba la sesión, el general Pavía irrumpió en el palacio de las Cortes con un grupo de militares y disolvió la asamblea.

Gobierno autoritario del general Serrano (1874).

De nuevo el sistema de pronunciamiento había intervenido, ahora para acabar con la república democrática, que fue sustituida por una república autoritaria, encabezada por el general Francisco Serrano. Desde enero hasta diciembre de 1874, la historia de España viviría una fase de excepción durante la cual el general Serrano ejerció un gobierno autoritario presidido por él mismo. Su aspiración era la de controlar la situación y erigirse en presidente vitalicio. Persiguió a las asociaciones obreras y acabó finalmente con el movimiento cantonal de Cartagena. Pero no logró acabar con la insurrección carlista ni frenar algunos desórdenes y manifestaciones de descontento político que se dieron en diversas zonas del país. Entre tanto, los conservadores y los alfonsinos preparaban el regreso de los Borbones y la proclamación de Alfonso XII como rey. De hecho, esta etapa histórica terminará con la Restauración de la monarquía de los Borbones, tras el golpe de estado del general Martínez Campos, provocado en los últimos días de 1874. La Restauración (1875-1923) de la dinastía borbónica, régimen basado en la Constitución de 1876, fue el resultado de experiencias liberales vividas anteriormente en el país, y constituyó una amalgama de sistema liberal doctrinario y democracia . Llegaría más tarde un paréntesis sin régimen constitucional con la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, desarrollada entre 1923 y 1930. La Constitución de 1876 sería restaurada en 1930 y definitivamente abolida en 1931, al producirse la proclamación de la II República.

Conviene analizar el texto propuesto correspondiente al Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Sevilla, del 20 de septiembre de 1868.

Espadas, Manuel, y Urquijo, José Ramón de. Historia de España. 11. Guerra de Independencia y época constitucional. Gredos. Madrid, 1990, p. 89.

Espadas, Manuel, y Urquijo, José Ramón de. Historia de España. 11. Guerra de Independencia y época constitucional. Gredos. Madrid, 1990, pp. 90 y siguientes.

Tomás Villarroya calcula que con la aprobación del decreto del 9 de noviembre de implantación del sufragio universal el censo de votantes habría pasado de unos 400.000 individuos en 1865 a unos 3.800.000 en 1868. La cita se halla en: Tomás Villarroya, Joaquín. Breve historia del constitucionalismo español. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1982, segunda edición, p. 85.

Artola, Miguel. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Alianza. No. 5 de la Colección de Historia de España, dirigida por Miguel Artola. Madrid, 1990, pp. 339 y siguientes.

Hay que hacer un análisis y comentario del texto de la Constitución de 1869 propuesto.

El análisis de la Constitución de 1869 se ha basado en las siguientes fuentes:

Artola, Miguel. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Alianza. No. 5 de la Colección de Historia de España, dirigida por Miguel Artola. Madrid, 1990, pp. 341-342.
Espadas, Manuel, y Urquijo, José Ramón de. Historia de España. 11. Guerra de Independencia y época constitucional. Gredos. Madrid, 1990, pp. 204-206.
Tomás Villarroya, Joaquín. Breve historia del constitucionalismo español. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1982, segunda edición, pp. 83-94.

Estancos: Impuestos que gravaban el consumo de tabaco. El término Estanco hace referencia en rigor a la reserva de la venta de un producto a un precio predeterminado por iniciativa de las autoridades, al margen del libre comercio y la libre competencia.

Artola, Miguel. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Alianza. No. 5 de la Colección de Historia de España, dirigida por Miguel Artola. Madrid, 1990, pp. 342-347.

Artola, Miguel. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Alianza. No. 5 de la Colección de Historia de España, dirigida por Miguel Artola. Madrid, 1990, p. 349 y siguientes.

Las ideas sobre conceptos políticos básicos han sido obtenidas de una síntesis de lecturas realizadas por el profesor sobre el particular y, en algunos aspectos, del librito: Sánchez Madariaga, Elena. Conceptos fundamentales de Historia. Alianza Editorial. Madrid, 1998.

Bahamonde, Ángel, y Martínez, Jesús A. Historia de España. Siglo XIX. Historia de España. Serie Mayor. Cátedra. Madrid, 1994, pp. 13-23.

Fuente del documento : http://www.elaios.com/documentos/HISTORIA_ESPANA/pol_econ_soc_XIX.doc

Sitio para visitar: http://www.elaios.com

Autor del texto: no especificado en el documento de origen o se indique en el texto

Palabras clave de Google: El Sexenio Democrático (1868-1874) resumen y tema Tipo de Archivo: doc

El Sexenio Democrático (1868-1874) resumen y tema

Si desea acceder rápidamente a páginas relacionadas con un tema específico, como El Sexenio Democrático (1868-1874) resumen y tema utilizar el motor de búsqueda siguiente:

Visite la página principal

El Sexenio Democrático (1868-1874) resumen y tema

Condiciones generales de "uso y aviso legal

Este sitio no es una agencia de noticias que se actualiza sin ningún tipo de periodicidad, únicamente sobre la base de la disponibilidad del material, por lo que no es un producto sujeto a la disciplina editorial en el arte. 1, párrafo III de la Ley no. 62 de 07.03.2001. Los resúmenes, notas, letras de canciones y citas contenidas en este sitio están disponibles de forma gratuita a los estudiantes, investigadores, profesores, técnicos ilustrativos con fines educativos y científicos con el concepto de uso justo y con miras al cumplimiento de la Directiva Europea 2001/29 / CE y del Derecho. Artículo 633. Dlg 70 y 68. El sitio está dirigido y coordinado por el autor únicamente con fines informativos y educativos. Si bien creemos que las fuentes utilizadas fiable, el autor de este sitio no puede garantizar la exactitud e integridad de la información y por lo tanto se exime de cualquier responsabilidad derivada de los problemas o daños causados por errores u omisiones, si tales errores u omisiones resultantes de negligencia , accidente u otra causa. Todas las notas, citas de los textos e imágenes son propiedad de sus respectivos autores o estudios que poseen los derechos, si los beneficiarios se consideraron dañados por la inclusión de los archivos anteriores en este sitio o se habían introducido inadvertidamente imágenes, información, texto o material con derechos será retirado de inmediato, y / o se hará referencia a las fuentes de la simple advertencia y 'e-mail en la página de contacto.

Los objetivos de este sitio son los avances de la ciencia y las artes útiles porque pensamos que son muy importantes para nuestro país los beneficios sociales y culturales de la libre difusión de la información. Toda la información e imágenes en este sitio se utilizan aquí únicamente con fines educativos, cognitivos e informativos. La información en la medicina y la salud en este sitio es de carácter general y para propósitos informativos solamente y por lo tanto no puede sustituir en ningún caso el consejo de un médico (o una persona legalmente autorizada para la profesión). En este sitio hemos hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de herramientas, calculadoras e información, no podemos hacer una garantía ni se hace responsable de los errores que se han hecho, los textos utilizados fueron tomados de los sitios que han puesto en disponible de forma gratuita para darlas a conocer en la web con fines educativos. Si usted encuentra un error en esta página web, o si tiene un texto o herramienta que pueda violar las leyes aplicables de derechos de autor, por favor notifique a nosotros por e-mail y rápidamente lo eliminará.

Para más información importante acerca de los términos de "el uso del sitio y leer las políticas de privacidad cuidadosamente el texto en el siguiente enlace (en italiano):

Termini d' uso e privacy