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La Segunda República (1931-1936) Historia de España resumen y tema

 

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La Segunda República (1931-1936) Historia de España resumen y tema

 

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La Segunda República (1931-1936) Historia de España resumen y tema

 

 

La Segunda República (1931-1936) Historia de España

 

TEMA - LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)

 

1.- Gobierno Provisional y  Constitución de 1931

 

La proclamación de la II República el martes 14 de abril de 1931 desde los balcones del Ministerio de Gobernación puso final a una situación dictatorial proveniente de una situación de democracia “controlada” al servicio del Sistema de la Restauración creado en 1874. Pero esta situación no fue un hecho improvisado propio de una época de convulsiones y desaciertos como fue el final del reinado de Alfonso XIII, sino que fue el paso final de un “acoso y derribo” progresivo iniciado desde la misma finalización de la I República (1873-1874) pero reimpulsado de forma importante por la situación de estancamiento y desmoronamiento del Régimen de la Restauración, iniciado desde 1909 pero especialmente impulsado desde 1917.

 

1.1. La conspiración republicana

Tras la desaparición de la I República (1873-1874); el Republicanismo vivió su momento más sombrío, perdiendo buena parte de su electorado por planteamientos demasiados dogmáticos o por su propia división. Será a partir de 1903, con la creación de Unión Republicana, cuando el republicanismo español mostrará una importante mejoría con un “nuevo” ideario y dos partidos muy representativos; pero será la Dictadura de Primo de Rivera la de relance definitivamente el movimiento republicano.

En febrero de 1926 aparecerá Alianza Republicana, “cajón de sastre” de todo tipo de republicanismo (federalista, conservador o socializante) con cabezas visibles como Alejandro Lerroux o Manuel Azaña. De conspiración en conspiración (la Sanjuanada de 1926, los levantamiento de Ciudad Real y Valencia de 1929) y de fracaso en fracaso; el sorpresivo anuncio de dimisión del Dictador en 1930, relanzó los movimientos conspirativos. Así el 17 de agosto de 1930 se celebró una reunión en San Sebastián con el fin de cohesionar un frente común para derrocar a la Monarquía, a la que asistieron:

• Figuras de partidos republicanos nacionales como A. Lerroux y M. Azaña.
• Republicanos regionalistas catalanistas (Matías Mallol por Acció Republicana o Jaume Aiguader por Estat Catalá) y gallegos (Santiago Casares Quiroga por el ORGA).
• Monárquicos “desengañados” y reconvertidos a republicanos conservadores como Miguel Maura o Niceto Alcalá Zamora.
• No-Republicanos: el socialista Indalecio Prieto y figuras públicas relevantes como Fernando Sánchez Román y Gregorio Marañón.

El pacto de San Sebastián permitió una unificación progresiva de las fuerzas opositoras a la Monarquía con el objetivo de derrocarla, al tiempo que se consiguió la garantía de los anarquistas (CNT) de no poner trabas ante una probable victoria insurrecional republicana

 

1.2. La caída de la Monarquía (diciembre 1930 – abril 1931)

El momento de los republicanos llegó cuando, la Monarquía no buscó una salida adecuada tras la Dictadura de Primo de Rivera, puesto que Alfonso XIII sustituyó al “Director” por el general Berenguer, uno de los responsables del Desastre de Annual (1921), como demostró el informe Picasso, que pretendió volver a la situación política anterior como “si nada hubiera ocurrido”. Esto, que se conoce historiográficamente como el Error Berenguer o el Desastre Berenguer, demostró ser un error por el agotamiento del sistema de la Restauración y terminó produciendo la pérdida total de apoyos por parte de la Monarquía.

La salida del poder de Primo de Rivera y su posterior trato indignó mucho al Ejército y fue visto como una bajeza contra el estamento militar. Esto facilitó la introducción de republicanas dentro del Ejército. Así el republicanismo civil, asentado sobre el pacto de San Sebastián, presidido por Niceto Alcalá Zamora; se verá secundado por el general Gonzalo Queipo de Llano, que creó un comité republicano dentro del Ejército.

La unificación opositora alrededor del Pacto de San Sebastián y del comité de Queipo de Llano ideó una nueva insurrección planeada para el 15 de diciembre de 1930 que fracasó por el nerviosismo de ciertos elementos dentro del levantamiento que precipitaron los acontecimientos .

A pesar del aparente fracaso del levantamiento, éste provocó una crisis de gobierno Berenguer, siendo sustituido por otro gobierno encabezado por el almirante Juan Bautista Aznar, cuya primera iniciativa fue convocar elecciones municipales y generales (tanto para el Parlamento como para el Senado). Las elecciones municipales se dieron el 12 de abril de 1931.

Se confiaba en una victoria monárquica, pero los republicanos vencieron en un total de 50 capitales de provincia, y el resultado fue interpretado como un plebiscito de la continuidad de la Monarquía.

Las multitudes empezaron a tomar la calle con un entusiasmo desbordante y ciertos toques de anarquía no reprimidos por el general Sanjurjo y la Guardia Civil. En un ambiente festivo, los firmantes del Pacto de San Sebastián se dirigieron a Gobernación para realizar el relevo del poder y del sistema. Al Conde de Romanones, ministro de Estado del último gabinete de Alfonso XIII, se le exigen las riendas del poder y la salida inmediata del país de Alfonso de Borbón el 14 de abril de 1931. Había nacido con el respaldo de las urnas y de forma pacífica la II República .

A pesar de las magníficas circunstancias en las que había nacido la II República, había nacido enferma, puesto que no fue consciente una realidad importante. La salida de Alfonso XIII se debió más a la pérdida progresiva de apoyos por parte de la Corona, que por la acción de la oposición. Existían grupos poderosos que no tenían especial predilección por la II República, ni menos aún por un régimen democrático: La Iglesia, el Ejército, las fuerzas de seguridad, los propietarios agrarios e industriales o los financieros. El 14 de abril su comportamiento fue pasivo y expectante, pero una vez que ésta echara a rodar demostrando que la España real iba a aparecer en escena por primera vez en el siglo XX, bastó para que tales grupos oligárquicos se sintieran amenazados y reaccionaran ante esta nueva situación. Primero de forma descoordinada e impulsiva, y luego de manera organizada, trataron de anular el proyecto propuesto por una naciente república basada en la modernización y la justicia social, culminando en la Guerra Civil.

 

1.3. El gobierno Provisional y la Constitución de 1931

Tras la proclamación de la República tomó el poder un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora desde el 14 de abril hasta el 14 de octubre de 1931, fecha en que presentó su dimisión por su oposición al laicismo del Estado, recogido en el artículo 26 de la nueva Constitución, siendo sustituido por Manuel Azaña. El 10 de diciembre de 1931 fue nuevamente elegido como Presidente de la República, por el Congreso, manteniéndose hasta el 7 de abril de 1936, cuando el nuevo gobierno del Frente Popular pide su dimisión volviendo a sustituirle Manuel Azaña.

1.3.1. La Constitución de 1931

Desde el 28 de junio de comenzó un importante trabajo legislativo por parte del Gobierno Provisional y las Cortes Constituyentes (dirigidas por Julián Bestiero) que dio su fruto el 9 de diciembre de 1931 siendo sus principales los partidos políticos republicanos y los socialistas.

Esta Constitución establece por primera vez la Soberanía Popular; al tiempo que dota a los españoles  de una extensa declaración de derechos y libertades, no solo individuales y políticas, sino también económicos, sociales y culturales. A destacar entre estos, el principio de igualdad ante la Ley deducido desde la propia definición del Estado como “una República democrática de trabajadores de toda clase”.

En las relaciones Iglesia-Estado establece la separación absoluta, disuelve la Congregación de los Jesuitas, se suprime el presupuesto católico (pagos del Estado para el mantenimiento de la Iglesia Católica) y además, se prohíbe a las órdenes ejercer la educación, la industria y el comercio. Además, esta Constitución permite la libertad de cultos y legaliza el matrimonio civil, el divorcio e incluso establece la jurisdicción civil sobre los cementerios.

Las Cortes son unicamerales (Congreso de los Diputados) detentadoras del poder legislativo, al tiempo que el centro de la vida política. Su duración es de 4 años y estaba formada por 484 miembros; elegidos mediante sufragio universal, masculino y femenino (sólo se aplicó a partir de 1933) para los mayores de 23 años. Se establece la colaboración y el control entre poderes, a pesar de que el poder judicial es totalmente independiente

La Jefatura del Estado (Presidente de la República) recae en un miembro electo por el Congreso (representantes electos de la soberanía popular) y de un número idéntico de compromisarios, por un tiempo de 6 años.

La mayor novedad quizá se encuentre en la organización territorial del Estado, ya que permitía que un número determinado de provincias pudieran agruparse en regiones autónomas para obtener cotas mayores de autogobierno.

Este texto estuvo vigente desde 1931 hasta 1936 cuando comenzó la Guerra Civil y los partidos políticos y la Constitución fueron ilegalizados.

 

2.- El bienio republicano-azañista (1931-1933)

 

            Durante este período las medidas de la República trataron de solucionar problemas estructurales en muy poco espacio de tiempo lo que dificultó su aplicación práctica y provocó una oposición de los grupos de poder a los que afectaba dichas reformas.        

 

2.1. La cuestión agraria

El gobierno de la República fue consciente de la necesidad de afrontar de manera inmediata el problema agrario. Ya en el gobierno provisional, el socialista Francisco Largo Caballero (cartera de Trabajo) inició el cometido de mejorar las condiciones de los campesinos. Para ello procedió a promulgar una serie de decretos de urgencia entre los meses de abril y julio que pudieran ser aplicados durante la cosecha que se avecinaba. Estas disposiciones tendían a corregir los abusos que los propietarios agrícolas solían realizar en las contrataciones:

• Decreto de Términos Municipales (el 20 de abril de 1931). Obligaba a los patronos a contratar preferentemente a los braceros locales, intentando acabar con la estrategia patronal de romper las huelgas con la contratación de campesinos de otros municipios o comarcas.
• Decreto de Laboreo Forzoso (7 de mayo de 1931). Se obligó a la producción de terrenos dedicados a la caza, a la cría de ganado de lidia o sin trabajar; cedida a campesinos que procediesen a su cultivo.

Más avanzada la legislatura se trató de ampliar esta cobertura legal con nuevos decretos:

• El Decreto de 8 de mayo de 1933. Instituía los jurados mixtos como medio de arbitraje para remediar los conflictos entre las partes de patronos y trabajadores con la mediación de un representante del Gobierno.
• El Decreto de 29 de julio de 1933. Impedía el desahucio de los campesinos arrendatarios por impagos, cuyos contratos quedaron prorrogados de manera automática.

Toda esta legislación fue aplicada a regañadientes por los patronos, impidiendo su aplicación; provocando entre los campesinos impaciencia lo que dio lugar a un aumento de huelgas y de enfrentamientos sangrientos entre los campesinos y las fuerzas de orden público. Los más aireados fueron los de Castilblanco (Badajoz) y Arnedo (Logroño), pero no fueron ni serían los únicos .

Mientras los propietarios habían creado en diciembre de 1931 una asociación para la defensa de sus intereses denominada Unidad Nacional Económica (UNE), que encabezaría todas las resistencias a las propuestas agrarias lanzadas desde el gobierno.

Esta oposición crecería de manera importante a partir del 9 de marzo de 1932, cuando comenzó a discutirse en las Cortes el proyecto de Ley de Reforma Agraria (a partir de aquí LRA). En ella destacan las siguientes medidas:

• La expropiación de las tierras de la nobleza.
• La creación del Instituto de la Reforma Agraria (IRA).

Esta ley proponía un cambio de modelo de la propiedad de la tierra, pero la compleja situación del campo español, la escasa dotación económica para las realizaciones del IRA y dificultad para concluir el catastro, llevó al gobierno de Azaña a intensificar las medidas para reimpulsar su LRA. Pero las disposiciones del IRA y de la LRA referentes a la expropiación de la nobleza o la intensificación de los cultivos, quedaron prácticamente sin efecto debido a la lentitud de los trámites y al cambio de signo político del Gobierno a partir de noviembre de 1933.

2.2. Descentralización y Política Autonomista

La crisis de 1898 había evidenciado el fracaso del proyecto liberal centralista, y había permitido la consolidación de los movimientos de carácter regionalista y nacionalista, especialmente el catalán y el vasco.

Así, el Pacto de San Sebastián admitió la posibilidad de que Cataluña tuviera su propio estatuto de autonomía para garantizarse el apoyo del los catalanistas con la llegada de la República. Así en la Constitución de 1931 se abrió esta posibilidad, que tuvo una amplia acogida dentro de la sociedad catalana (un 97 % de la población aprobaba la autonomía), sumado a una defensa encendida de Azaña en el Parlamento acabó convenciendo a algunos diputados reticentes .

El Estatuto de Autonomía de Cataluña concedido el 9 de septiembre de 1932, facultaba a la construcción un gobierno catalán que llevaría el nombre de Diputación del General o Generalitat. Constaría de tres instituciones: Parlamento (Parlament), Presidente (President) y Consejo Ejecutivo (Govern, este organismo se estructuraba a semejanza del Gobierno central, dividiéndose en Consejerías). A parte de estos elementos, el Estatuto transformó en bilingüe a Cataluña, concedió competencias en Hacienda (de nivel ejecutivo como legislativo), Economía, Enseñanza, Sanidad, Comunicaciones y Orden Público (mossos d’escuadra) a la Generalitat; dejando el resto para el Gobierno Central, y todos los conflictos entre Madrid y Barcelona serían arbitrados por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Las primeras elecciones al Parlamento catalán colocaron a F. Maciá y Lluis Companys (ERC) como el Presidente de la Generalitat y presidente del Parlament, respectivamente.

También los vascos deseaban el reconocimiento por la República de un Estatuto similar al que se había acordado para Cataluña. Ya en 1931, antes de las elecciones constituyentes, los nacionalistas del PNV y los carlistas se habían reunido en Estella, creando un anteproyecto de estatuto; pero las circunstancias sociales y políticas; y especialmente, la retirada de los diputados vasconavarros de las Cortes debido a la aprobación de los artículos religiosos de la Constitución paralizaron todas las iniciativas hasta 1936.

 

2.3. La oposición del Ejército y la Iglesia

2.3.1. El Ejército y la reforma militar

            Tras el fracaso de 1898 y la intervención en Marruecos (1905-1925) pusieron de manifiesto la falta de evolución y la excesiva jerarquización del Ejército español. Y también, y lo que era más preocupante para la República, el Ejército había recuperado su intervencionismo como garante del orden social y árbitro de los vaivenes políticos (Ley de Jurisdicciones, Semana Trágica, Dictadura de Primo de Rivera). 

Por último, su propia consideración de Defensores de la patria, que conectaba de forma directa con la idea de centralismo e imperialismo castellano, suponía un importante obstáculo para un nuevo modelo de Estado que proponía la República; ya que podría ser interpretado como un recorte de la soberanía nacional “castellanocéntrica”.

A pesar de este talante aparentemente homogéneo del Ejército, lo cierto es que en su seno existían divisiones y tensiones de carácter corporativo, entre aquellos oficiales jóvenes que habían combatido en Marruecos y que habían ascendido rápidamente (africanistas) y los mandos más veteranos, partidarios de un ascenso por antigüedad y con destinos peninsulares.

En esta situación encontrará Manuel Azaña al Ejército, que planteó una reforma militar (dos decretos en abril y julio de 1931) para integrarlo dentro de los límites constitucionales y convertirlo en unas de las bases de la República. Entre estas medidas cabe destacar:

• Reducción del número de regiones militares a la mitad pasando de 16 a 8 regiones.
• Promover la retirada voluntaria de los oficiales que así lo deseasen, garantizándoles la paga íntegra.
• Anuló el decreto de la Ley de Jurisdicciones y se suprimió Tribunal Supremo del Ejército y de la Armada, cuyas atribuciones pasaron a tribunales ordinarios.
• Se suprimió el cargo de Capitán General.
• Se anunció una revisión para configurar mejor la política de ascensos que se había dado durante la Dictadura.
• Se clausuró la Academia General Militar de Zaragoza a cuyo mando se encontraba Francisco Franco.

Esta política reformista de Azaña disgustó a los militares, que además de no ver con buenos ojos cualquier renovación de la institución, también generaron un odio personal importante contra Azaña debido a su resentimiento contra el político, que suponía la personificación de la supremacía del poder civil frente al poder militar. Así aquellos militares observaron que las medidas tomadas por el gobierno Azaña estaban poniendo en peligro la Patria.

2.3.2. La Iglesia

La Iglesia se resistía a las consecuencias la implantación en España de un Estado laico. De hecho cualquier innovación introducida por los gobiernos de la República (matrimonio y entierro civiles, divorcio, enseñanza, etc...); era considerado como una intromisión y un ataque a sus derechos.

De entrada, la Iglesia española acogió con recelo a la República. El 7 de mayo de 1931 el arzobispo de Toledo, el cardenal Segura, publicó una pastoral en la cual la Iglesia alertaba sobre la situación que se avecinaba llenando el futuro de anarquismo y comunismo. Esto, sumado a un decreto del gobierno en el que se eliminaba la confesionalidad obligatoria en los colegios públicos, agravó una situación que estallaría con la expulsión del cardenal Segura. La salida de Segura se vio envuelta por la polémica al pretender sacar la renta de bienes eclesiásticos de España. La reacción popular fue violentamente anticlerical con el asalto y quema de 170 conventos en Madrid, lo que provocaron las críticas de la Iglesia al gobierno. El día 13 de mayo Segura partió hacia Roma, donde logró que el Vaticano no aceptara al nuevo embajador español. Sólo a finales de septiembre se normalizaron las relaciones con Roma cuando se eligió un nuevo nuncio, el cardenal Gomá, con perfil mucho más conciliador.

Además del “caso Segura”, los problemas de la Iglesia española con la República también alcanzaban la redacción de algunos artículos constitucionales como la aconfesionalidad del Estado, la desconsideración de los sacerdotes como funcionarios, la disolución de órdenes religiosas (expulsión de los Jesuitas) o su prohibición de acceder a campos como la enseñanza (Ley de Congregaciones Religiosas), industria y el comercio.

Estas normativas no atacaban el credo católico pero afectaban al poder económico de la Iglesia y su influencia social a través de la enseñanza; al tiempo que provocaron la primera gran crisis de la República puesto que supuso la dimisión del presidente provisional Alcalá Zamora (volvería en diciembre de 1931) y del ministro de Gobernación, Miguel Maura; además del abandono de 42 diputados del Congreso (todos ellos católicos).

A pesar de esto, se siguió adelante con su “revolución” y en enero de 1932 se aprobó el matrimonio civil, el divorcio y la secularización de los cementerios; y aunque estas medidas no tuvieron una repercusión efectiva por la llegada del gobierno radical-cedista en 1933, abrieron una brecha definitiva entre la República y la Iglesia.

 

2.4. El fin del bienio progresista

La República tuvo sobresaltos desde su inicio. En verano de 1932, falló un primer alzamiento contra la República encabezado por el general Sanjurjo, que había sido destituido de sus cargos en la benemérita y de ser alto comisario para Marruecos tras los sucesos de Arnedo ; y permitió alcanzar a Azaña la máxima cota de poder, pero ese sería el inicio de su fin.

En los primeros días de 1933, hubo una oleada de esporádicos levantamientos anarquistas en pequeñas localidades de Cataluña, Levante y Andalucía, siendo el caso más llamativo el de Casas Viejas, dónde medio millar de campesinos esta sometido al paro estacional forzoso. Los sucesos ocurrieron en enero de 1933 cuando los habitantes de Casas Viejas proclamaron el comunismo libertario y todo acabó con una respuesta desmesurada por parte del orden público, y provocaron la ruptura de aquellas fuerzas surgidas del Pacto de San Sebastián.

 

3.- El bienio radical-cedista (1933-1935) y el Frente Popular (1936).

            En las elecciones de 19 de noviembre de 1933 la derecha arrasó de forma indiscutible . Esta victoria marcó un punto de inflexión en la política de la República, ya que a pesar de la fuerza del partido de Lerroux (principal fuerza republicana de derecha), era la CEDA la que manejaba los hilos de aquel gobierno, puesto que Lerroux sólo podía gobernar con su apoyo y su líder, Gil Robles, dejó claro que sólo apoyaría al gobierno mientras este desmantelase lo hecho por el gobierno anterior.

            Se distinguen tres etapas:

• Etapa Radical: Gobierno de los radicales de Lerroux con el apoyo de la CEDA. Aparecen las primeras medidas contrarreformistas para evitar las consecuencias de muchas de las medidas llevadas a cabo durante el gobierno anterior.
• Etapa Radical-Cedista: Gil-Robles pretende aumentar su influencia sobre el gobierno de Lerroux, fuerza la incorporación en el gobierno de tres ministros de la CEDA (el propio Gil-Robles dirigirá la cartera de Defensa), continuándose las medidas contrarreformistas y consecuencia de ello se produce la “Revolución de 1934”.

            Desde el mismo momento en que la CEDA y Gil-Robles se hicieron presentes con fuerza en el gobierno de la República, la Izquierda temió una involución significativa de la etapa anterior, temor reforzado por lo ocurrido en Italia y Alemania (especialmente desde la subida al poder de Hitler en 1933); por lo que se inició un proceso de radicalización entre la Izquierda y la Derecha, por lo que el abismo que separa a las dos Españas se hará cada vez más grande y conduciendo a una situación revolucionaria que estallaría en Asturias en 1934.

            El día 5 de octubre de 1934 a las pocas horas de que los tres ministros de la CEDA entraran a formar parte del gobierno presidido por Lerroux comenzó el movimiento revolucionario capitaneado por los socialistas y apoyado por otras fuerzas políticas (especialmente los nacionalistas catalanes) que llamaron a la huelga general. La motivación de esta movilización era evitar la vuelta al panorama político de muchos personajes que habían colaborado activamente con el gobierno de Primo de Rivera al tiempo que se pretendía encauzar el gobierno de España hacia un modelo socialista.

            Planteada como una huelga revolucionaria que afectara a todo el país, la mayoría los focos huelguistas fueron rápidamente controlada por las fuerzas de orden público salvo en Asturias y Cataluña, donde Companys proclama el Estado Catalán, ante lo cual, el gobierno central tuvo que bombardear el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, para conseguir que el gobierno catalán se rindiera, quedando automáticamente suspendido el estatuto de autonomía de 1931. Mientras, en el Principado se constituyeron columnas de mineros pertrechadas con armas que habían adquirido (sobre todo con dinamita), y allí ocuparon todos los pueblos de la cuenca minera asturiana, y dónde se estrellaron las columnas de las fuerzas del orden público. No se trataba de una huelga más, sino que se trataba de una revolución en toda regla que perseguía el control por los trabajadores del poder político y los medios de producción. Ante la incapacidad de las fuerzas de orden público, el gobierno reaccionó con dureza y recurrió a Franco para que con la ayuda de 2.000 regulares reprimiera la revuelta en Asturias, que se logró con un número de más de 1.000 muertos

            Si bien hay autores que consideran a la Revolución de 1934 como la fase inicial de la Guerra Civil (Pío Moa), lo cierto es que supuso:

a).- La Revolución supuso la ruptura de la Izquierda más radical (encabada por Largo Caballero y Dolores Ibárruri) con el modelo democrático republicano.

b).- La Derecha más reaccionaria consideró la Revolución un ejemplo del comportamiento subversivo de la Izquierda, y justificó posturas de fuerza futuras para “garantizar el Orden Público”.

c).- La represión desorganizada, especialmente en Asturias, produjo un sentimiento de indignación entre la población del resto del País, lo que debilitó el gobierno de Gil-Robles y Lerroux, puesto que parecía que estaba “vengándose” de los insurrectos.

d).- La indignación de la población por la represión efectuada provocó en el gobierno (Lerroux, Alcalá-Zamora) una postura indulgente con respecto al cumplimiento de las penas, sobre todo de aquellos cabecillas más visibles del movimiento. Esta postura consolidó entre la Derecha la sensación que el gobierno republicano era débil, y se iniciaron planes para su sustitución por otro modelo que defendiera el principio de autoridad básico para la Derecha española.

• Etapa de descomposición: El gobierno de Lerroux se descompone ante sus diferencias con la CEDA, la creciente presión de las movilizaciones de la izquierda y diferentes casos de corrupción donde se puede destacar el caso del “straperlo”. Esta situación terminará con las nuevas elecciones que dan la victoria al Fuente Popular

            Tras el fracaso de la Revolución, la CEDA salió fortalecida y logró cinco canteras más en el gobierno presidido por Lerroux y consiguió nombrar a Franco Jefe del Estado Mayor. Se aceleraron las medidas contrarreformistas en agricultura, se frenaron las aspiraciones nacionalistas y se redujeron los presupuestos para la educación.

            Pero la falta de acuerdo entre los ministros radicales y los ministros de la CEDA en la aplicación de las penas contra los cabecillas de la Revolución de 1934, producirá un alejamiento de posturas que facilitará la caída del gobierno de Lerroux

            Será dos escándalos de corte económico van llevar a su fin al gobierno radical-cedista. Primeramente un negociante holandés, David Strauss, había introducido un nuevo tipo de ruleta denominada straperlo para cuya concesión fue obligado a ceder una parte de los beneficios a cambio de la licencia. Pero apenas puesto en  marcha, el juego fue paralizado. El empresario engañado acudió al Presidente de la República, iniciándose una investigación que terminó afectando a miembros del gobierno, incluido el propio Lerroux. La implicación, real o no, de Lerroux en este escándalo dejó al jefe de gobierno muy tocado. Finalmente las cosas empeoraron de forma definitiva cuando un ex director general de Colonias, Antonio Nombela, acusó de malversación de fondos a varios miembros de los gobierno de Lerroux. Envuelto en una nueva polémica sobre corrupción, no tuvo más remedio que dimitir.

            A pesar de que Gil Robles parecía el candidato ideal para ocupar el cargo de presidente del gobierno, Alcalá Zamora nombró a Portela Valladares para que preparase nuevas elecciones al Parlamento. Tal decisión dejó muy irritado a la mayor parte del conservadurismo español, que comenzó a valorar la posibilidad de hacerse con el poder por la vía insurreccional, por lo que la conspiración contra la República comenzó a tomar cuerpo.

Gil Robles, ante la posibilidad de que los militares y sectores radicales de la derecha promovieran un levantamiento, no quiso encabezar ningún tipo de sublevación contra el gobierno republicano, por lo que sus seguidores lo consideraron un “blando”, marcando definitivamente la carrera de Gil Robles, que nunca volvería a contar políticamente. Mientras en el gobierno, Portela se ocupó de preparar la convocatoria de elecciones, y de esa manera el 7 de enero las Cortes quedaron disueltas.

 

3.1.- Las elecciones de 1936 y el Frente Popular

            La caída de Lerroux abrió la oportunidad de unas nuevas elecciones gubernativas. Éstas serían organizadas por el gobierno interino de Portela Valladares que propuso una elección a dos vueltas (16 de febrero y 1 de marzo), en las cuales se nos presentarán dos grupos ideológicos; por un lado los Conservadores – la Derecha, que no se presentó una lista única por:

•          Las disensiones dentro del gobierno final radical-cedista

•          La creencia de los líderes de la CEDA (Gil-Robles) que serían los ganadores de las elecciones, puesto que fueron el partido más votado en 1933.

•          Nunca lo creyó necesario porque no se planteó que las fuerzas de Izquierdas y Progresistas pudieran ponerse de acuerdo en presentar una única candidatura.

            Y por ello el programa electoral conservador tenía las siguientes elementos comunes (salvo la FE-JONS): extender la idea del miedo a la Revolución y mostrar su solvencia gubernativa con ejemplos de su actuaciones de gobierno; al tiempo que presentaban un líder fuerte y carismático (Gil-Robles) que sería la única persona capaz de liderar España.

            Mientras la Izquierda, gracias al impulso de Manuel Azaña (Izquierda Republicana) e Indalecio Prieto (PSOE), organizó una lista única conjunta para afrontar las elecciones. Esta unificación, que pronto tomó el sobrenombre de “Frente Popular” presentaba un programa que pedía la amnistía para los presos de la revolución de octubre de 1934, la readmisión de los despedidos por causas políticas, puesta en marcha de nuevo de la Reforma Agraria y del Estatuto Catalán, y aplicación de toda la legislación reformista del primer bienio.

            Los resultados de la primera vuelta dejaban definitivamente dibujada la división política de España dejando un equilibrio fatal. Con el 72% de participación, el 34,3% de los sufragios fue a parar al Frente Popular, mientras que el 33,2% quedó en manos de los grupos conservadores. Este equilibrio no se manifestó de en el reparto de escaños ya el Frente Popular obtuvo 266 escaños, mientras que la Derecha sólo 142 escaños. A pesar de lo ajustado del reparto de los votos, el número de escaños conseguido por el Frente Popular se mostraba como una victoria aplastante de la Izquierda. Esta situación desbordó a Portela que dimitió el día 19 de febrero y dejó el gobierno en manos de Manuel Azaña (a la postre vencedor de la 1ª vuelta), pero sin celebrar la 2ª vuelta de las elecciones (convocada para el 1 de marzo).

            La subida al poder de Azaña fue visto desde la Izquierda como un acontecimiento que permitía la revancha política tras dos años del gobierno radical-cedista; al tiempo que por otro lado (desde la Derecha) suponía el menor de los males (al fin y al cabo no había subido ningún líder extremista al poder).

            Una vez en el poder se dieron los primeros pasos para cumplir su programa político: se declaró la amnistía para los condenados por la Revolución de Asturias de 1934 y se derogó la disposición transitoria que regulaba el territorio de Cataluña, restaurando el estatuto para esa región autónoma.

            Inmediatamente después, se llevó a cabo una operación para sacar a Alcalá-Zamora de la presidencia de la República, con ataques personales que terminaron con la destitución del presidente el 7 de abril de 1936, siendo sustituido por el propio Manuel Azaña. La operación hubiera sido completa de haber sido elegido nuevo presidente de gobierno Indalecio Prieto (PSOE), pero la postura revolucionaria de Largo Caballero y de intelectuales ligados al PCE impidieron esta posibilidad. La idea de Largo Caballero era provocar una situación social inestable que sirviera de caldo de cultivo para un levantamiento popular que deviniera en una revolución socialista, para lo cual no podía permitir que se instalara un gobierno fuerte dirigido por Indalecio Prieto, sino uno débil formado por republicanos burgueses que se verían incapaces de parar la situación. Sin solución de continuidad se acordó que fuera Casares Quiroga, líder del ORGA, quien ocupara la jefatura de gabinete.

 

3.2.- La Conspiración

            Esto no hizo sino agravar la situación puesto que la derecha, aunque desunida, se mostraba completamente contraria de la vuelta al poder de la izquierda, encabezada por la figura de Manuel Azaña. La tensión entre partidos rápidamente se pasó a la calle, dónde los enfrentamientos entre radicales de ambos bandos se sucedieron.

            Enfrente, la oposición conservadora se volvió muy inflexible, plasmada por el comportamiento de la FE-JONS ya claramente orientada hacia el enfrentamiento en la calle. La derecha monárquica (Calvo Sotelo, líder del Bloque Nacional) y católica (Gil Robles) se levantaba y se consolidaba como la voz de los conservadores en el Parlamento. Incluso la Iglesia, que estaba atemorizada por el creciente anticlericalismo (tanto del gobierno como de sus seguidores) apoya también la idea de un golpe de Estado, si bien no será partidaria de un conflicto civil.

            La idea presente durante toda la II República del golpe de Estado, en este momento disponía de los personajes atrevidos y capacitados, tomando más fuerza de la mano de los generales Sanjurjo, Mola, Franco, Goded o el propio Queipo de Llano (desencantado de la República).

            El primer paso se dará el 8 de marzo de 1936 en una reunión en la que participaron entre otros, Franco, Mola y Valera. En ella se acordará programar un alzamiento con la idea de “salvar” a España (que encaja perfectamente en el modelo de Defensores de la Patria) y restaurar un orden que solucionase todos los problemas que la República había traído. El levantamiento sería programado para el 20 de abril, pero a pesar de los cuidados de los conspiradores, el gobierno se enteró e intentó alejar de Madrid a los posibles cabecillas golpistas: Franco (Canarias), Mola (Navarra) y Goded (Baleares). Todo fue inútil ya que desde allí, se movieron los hilos para que la conspiración siguiera adelante . A la reunión acudieron, además de los mencionados, otros militares que iban a participar del alzamiento cuatro meses después . El núcleo de generales que permaneció en Madrid trató de alzarse el mismo mes de abril, siendo un auténtico fracaso.

            Este “ruido de sables” no era el único que se produjo, ya que desde el propio gobierno Azaña y Prieto se planteaban llegar a un gobierno “dictatorial” que fuera capaz de controlar la situación; pero seguidores de Largo Caballero de las Juventudes Socialistas trataron de atentar contra la vida de Prieto, durante un mitin en Écija.

            La situación era insostenible como mostró el líder conservador Gil-Robles en la sesión parlamentaria del día 16 de junio de 1936 en la relación de propiedades destruidas, saqueadas o asaltadas desde las elecciones de febrero de 1936 (más de 300), el número de huelgas (más de 341) y víctimas (más de 260 muertos y más de 1200 heridos por enfrentamientos callejeros); además de contar un fuerte incremento de la inseguridad ciudadana. Todo ello mostraba que el gobierno era incapaz de parar la espiral de violencia. En  esta dialéctica de los puños y las pistolas que se había puesto en marcha desde la victoria del Frente Popular, vamos a encontrar la espoleta que haga estallar la sublevación. Los objetivos de tal violencia, alimentada por la FE-JONS, PCE, CNT-FAI y las Juventudes Socialistas, fueron los sindicalistas, los políticos y las personalidades de corte moderado, lo facilitó mucho las acciones de los conspiradores tras el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936.

            Sólo hacía falta una excusa para levantarse en armas contra el gobierno de la República. El 1 de junio de 1936 el líder conservador y monárquico, Calvo Sotelo fue amenzado de muerte durante una sesión de las Cortes; amenaza cumplida el 13 de julio como represalia del asesinato del teniente Castillo, conocido por su militancia socialista. Se produjo una conmoción nacional y terminó por sumar a la sublevación aquellos grupos y personas más indecisos, actuando como un catalizador, pero no determinando la fecha de inicio del levantamiento

 

           

Anexo. Las fuerzas políticas durante la II República

No resulta sencillo clasificar las organizaciones políticas y hacerlo de derechas a izquierdas, puesto que a lo largo del tiempo existían evoluciones y matices suficientes para hacer discutible cualquier clasificación. Aún así vamos a tratar de agrupar las fuerzas entre izquierdas (o aquellas que intentas definir como aquellos grupos políticos partidarios de un cambio modernizador en todos los campos) y las derechas (o conservadores de la tradición político ideológica y la perpetuación del orden social anterior).

Además de lo anteriormente dicho hay que tener presente que las fuerzas políticas se fueron polarizando hacia uno y otro lado progresivamente, lo que dejó un centro político muy débil para servir de puente entre ambas posturas, puente que desaparecerá tras la victoria del Frente Popular en 1936; y que definirá los bandos de la Guerra Civil.

 

2.1. Las derechas

• Monárquicos
• Renovación Española (RE), organización que agrupa los seguidores alfonsinos. Fundado el 23 de febrero de 1933, a ella pertenecían Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo. Defienden los derechos de los grandes propietarios agrarios y de la alta burguesía asociada a la institución monárquica. Cambiará de nombre en 1936 llamándose Bloque Nacional (BN).
• Comunión Tradicionalista (T o CT), carlista, representados por el Conde de Rodezno y con una base geográfica muy centrada en Navarra. Ala electoral del carlismo, se asoció con los alfonsinos conformando la coalición de Tradicionalistas y Renovación Española (TYRE).
• Republicanos
• Partido Radical (PR), dirigido por el oportunista Lerroux.
• Partido Progresista (PP), dirigido por el primer presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora; fue un partido reformista de escaso contenido social y de orientación católica integrado por políticos activos durante la Monarquía, pero desengañados con ésta.
• Partido Republicano Conservador (PRC), dirigido por Miguel Maura siendo un partido análogo al anterior.
• Partido Liberal Demócrata (PLD), dirigido por Melquíades Álvarez, que fue el gran defensor de los intereses del capital financiero, mercantil e industrial, cuya base electoral estaba centrada en Asturias.
• Católicos
• Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por el abogado José María Gil Robles y muy ligada con la Compañía de Jesús, fue fundada en marzo de 1933; contando con el apoyo de la Iglesia, algunos monárquicos, sectores agrarios y por supuesto de los católicos (hasta ese momento alineados con Acción Popular). También contó con el importante apoyo del período El Debate dirigido por Ángel Herrera Oria.
• Propietarios rurales
• Partido Agrario (PA), encabezado por José Martínez de Velasco, se dedicó a la defensa de la propiedad ante los planes de reforma agraria. Su área de influencia se encontró sobre la mediana y pequeña propiedad de Castilla León.

 

 

• Autoritarios
• Falange Española (FE-JONS) de la JONS, partido fascista naciente entre la fusión en 1934 de Falange Española (FE) de José Antonio Primo de Rivera y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) creadas por Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Tomaron una ideología radical proveniente del fascismo italiano y como aquél plantearon la formación de grupos paramilitares de acción directa
• Regionalistas
• Aquí podemos incluir tanto al Lliga Regionalista, dirigida por Francecs Cambó, y el Partido Nacionalismo Vasco (aunque su situación le empujó a entenderse con el bloque de izquierdas)

 

2.2. Las izquierdas

• Republicanos
• Acción Republicana (AR), más tarde denominado Izquierda Republicana (IR), dirigido por Manuel Azaña, claro defensor, como su partido de una república laica, civil y de hondo contenido social.
• Partido Radical Socialista (PRS), dirigido por Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, ambos muy vinculados a la tradición de la Institución Libre de Enseñanza, y en general secunda los planteamientos de Alianza Republicana.
• Unión Republicana (UR), representada por Diego Martínez Barrio, colaborador de Lerroux, que se separó porque tuvo un acercamiento a la mayoría católica en las elecciones de 1933.
• Autonomistas
• Ezquerra Republicana de Catalunya (ER), con Macía y Lluis Companys, representantes de un Catalanismo de izquierdas.
• Partido Nacionalista Vasco (PNV), dirigido por José Antonio de Aguirre. Era un partido de corte conservador y profundamente católico que se vio empujado al entendimiento con la izquierda debido a la intransigencia centralista de los partidos derechistas.
• Organización Regional Autonomista Gallega (ORGA), encabezada por Santiago Casares Quiroga, muy vinculado a los partidos republicanos de izquierda.
• Partidos y organizaciones obreras
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Indalecio Prieto y Julián Besteiro. Fue la fuerza de contraposición frente a la CEDA ya que era el único partido de masas de izquierdas, con más 75.000 afiliados en 1932. Indalecio Prieto fue el principal representante de la línea moderada del socialismo, acorde a los planteamientos republicanos de Azaña o Marcelino Domingo o Martínez Barrio; mientras que Besteiro, destacado líder del partido desde la Huelga de 1917, encabezaba el ala más radical, ofreciendo siempre al PSOE la posibilidad de ajustarse mejor a la situación de cada momento.
• Unión General de Trabajadores (UGT), dirigida por el socialista Francisco Largo Caballero, siendo el sindicato mayoritario dentro de España con más de 1 millón de afiliados de los cuales la mitad provenía del campo español, y el resto tenía una alta representación tanto en Vizcaya como Asturias y Madrid.
• Confederación Nacional del Trabajo (CNT). El sindicato anarquista reapareció en la República, tras su clandestinidad durante la Dictadura, se radicalizó cuando su dirección pasó a manos de los dirigentes de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), entre los cuales destacaba los hermanos Ascaso, Durruti y Federica Montseny. En 1932 tendría más o menos aproximadamente 1 millón de afiliados. Su mayor implantación se centraba en Cataluña, Levante y Andalucía.
• Partido Sindicalista (PS), escindida de la CNT al ser dirigida por la FAI, es dirigida por Ángel Pestaña que trata de plantear la tradición de la CNT del siglo XIX, aunque no tiene mucha repercusión.
• Partido Comunista de España (PCE), dirigido por Dolores Ibárruri surgió como escisión del PSOE en 1921, y necesitó el inicio de la Guerra Civil para tener un apoyo masivo.
• Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), liderada por Andreu Nin y Joaquín Maurín, trataron de implantar un comunismo troskysta que tuvo su momento de gloria en la revolución de Barcelona de 1937.

 

 

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