La constitución de 1931 resumen y tema

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La constitución de 1931 resumen y tema

El Bienio Reformista en la II República.

(Podéis iniciar este apartado haciendo una breve introducción que hable del gobierno provisional y la Constitución de 1931).

El primer gobierno de la República tuvo por presidente del estado a Niceto Alcalá-Zamora y por presidente del gobierno a Manuel Azaña. Los republicanos de izquierdas y los socialistas gobernaron España durante dos años que se caracterizaron por múltiples reformas, debiendo ser destacada la Reforma agraria y la puesta en práctica de las autonomías regionales. No obstante, este gobierno contó con muchas oposiciones: por una parte la derecha, cada vez más ultraconservadora, se opuso siempre a los gobernantes. Junto a ella los militares trataron también de dar un golpe de estado en estos años. A la vez, la violencia obrera y campesina siguió causando estragos y siendo un problema sin solución para el gobierno. Entre las reformas llevadas a cabo durante estos dos años, debemos destacar las siguientes:

-Una política de obras públicas llevada a cabo por el socialista Indalecio Prieto, ministro de fomento, que continuó con la tradición de Primo de Rivera (ferrocarriles y extensión del regadío).

-Una política educativa y cultural, obra de Fernando de los Ríos. Se logró duplicar el número de escuelas primarias y se crearon las "misiones pedagógicas", encargadas de llevar los libros y la cultura a las zonas rurales. Aún así, siguió habiendo bastante analfabetismo en España.

-El socialista Largo Caballero, que siguió siendo ministro de trabajo, continuó su política de mejoras laborales, que ya había emprendido durante el gobierno provisional.

LA REFORMA AGRARIA. Fue la reforma más ambiciosa de todo el Bienio Reformista. Desde el siglo XIX la situación del campesino español era verdaderamente dramática, tanto si nos referimos al pequeño propietario, al pequeño arrendatario o, más aún, al jornalero. En temas anteriores hemos visto cómo las reformas de los liberales hundieron al campesino en un estago grave de pobreza cuando no en la más absoluta miseria. Desde hacía años este campesino venía exigiendo, a veces de manera violenta, una reforma agraria que diera por fin la tierra al trabajador. El gobierno de la Restauración no hizo nada, y ahora el nuevo gobierno republicano se encontraba con que había que solucionar este problema urgentemente: por una parte, había que modernizar el campo español, hacerlo más productivo y cultivar más tierras. Por otra parte, había que repartir la tierra, que estaba monopolizada por un pequeño número de grandes propietarios que, además, eran absentistas. El gobierno republicano trató de conseguir las dos cosas y, en especial, esta última. Así, en 1932 fue redactada la Ley de Reforma Agraria: todas aquellas fincas de labranza que no estuvieran directamente explotadas por su propietarios serían expropiadas, dándose a cambio una indemnización, y repartidas entre los campesinos. Para poner en práctica esta reforma se creó el IRA (Instituto de Reforma Agraria) y el Banco Nacional Agrario. Desgraciadamente, esta reforma nunca dio los resultados que se esperaban. Para empezar, costó muchísimo aprobarla porque la derecha se puso radicalmente en contra de esta ley. Sin embargo, en septiembre de 1932 el general Sanjurjo trató de dar un golpe de estado pero fracasó. La derecha entonces tuvo que mantener la boca cerrada y el gobierno de Azaña aprovechó este hecho para aprobar la reforma. Aún así, ésta nunca funcionó bien: las clases altas se opusieron a cualquier intento de expropiación. Además, la burocracia del IRA era demasiado lenta. Por último el Banco Nacional AGrario siempre contó con escasos recursos: no debemos olvidar que la banca española siempre negó su apoyo financiero al gobierno republicano: no estaban dispuestos a permitir que un socialista como Largo Caballero fuera ministro de trabajo. Por lo demás, los años treinta fueron tiempos de crisis internacional. La cuestión es que la reforma agraria no logró grandes resultados, y eso provocó grandes decepciones entre los campesinos sin tierras y, en consecuencia, una gran violencia en el campo.

LAS AUTONOMÍAS. Desde la crisis de 1898 Cataluña venía pidiendo la autonomía. Para contentar a los nacionalistas, el gobierno de la Restauración había concedido a Cataluña una especie de "miniautonomía" concretada en la Mancomunidad de Cataluña. Más tarde, Primo de Rivera, tratando de reprimir las manifestaciones nacionalistas, había suprimido la Mancomunidad, pero eso había hecho que el nacionalismo catalán se volviera más radical gracias además a su nuevo líder, Francesc Macià. A fin de atajar esta situación, la Constitución de 1931 reconocía que algunas regiones españolas podrían obtener la autonomía.

Cataluña obtuvo la autonomía en septiembre de 1932, después de varios meses de oposición en el congreso (oposición que venía tanto de la derecha como de la izquierda). También en este caso el intento de golpe de estado de Sanjurjo fue el espaldarazo definitivo para que saliera aprobado el Estatuto de Autonomía catalán. Por el contrario, el gobierno de Azaña se opuso siempre al nacionalismo vasco, por su carácter conservador y católico. Además, Navarra y parte de la provincia de Álava rechazaron el proyecto de estatuto de autonomía vasco.

Por último, Galicia no llegó a conseguir la autonomía hasta junio de 1936. Pero entonces estalló la Guerra Civil y la cosa no pudo llevarse a cabo.

LA OPOSICIÓN AL GOBIERNO DE AZAÑA. Como ya hemos dicho, el gobierno de Azaña tuvo que hacer frente a una fuerte oposición, que además venía de dos frentes muy distintos:

Por una parte, los distintos sectores de la derecha española acabaron uniéndose en 1933 en una nuevo partido, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderada por Gil Robles. Este partido llegó a agrupar a todas la clase dominante española, urbana, industrial y rural, además de a buena parte de la clase media. Realmente la CEDA era antidemocrática pero, dadas las circunstancias, estaba dispuesta a jugar al juego democrático mientras fuera necesario. Su objetivo era lograr suficientes escaños en el parlamento como para modificar la constitución y echar por tierra todas las reformas del gobierno de Azaña.

Por otra parte, el gobierno, pese a sus buenas intenciones reformistas, no pudo evitar la violencia obrera y campesina. En la CNT se había acabado por imponer la tendencia más revolucionaria: huelgas generales e insurrecciones sobre todo en Cataluña. En el campo, las cosas no estaban más tranquilas: en 1933 en Casas Viejas, pueblo de Cádiz, tuvo lugar una matanza de campesinos por parte de la Guardia Civil. Ante esto, los anarquistas empezaron a criticar ferozmente al gobierno, y el propio Azaña quedó desprestigiado. Esto hizo también que las relaciones entre el PSOE y Acción Republicana se fueran enfriando: ahora los socialistas se volvían cada vez más revolucionarios. En septiembre de 1933 el gobierno se hallaba ante una profunda crisis. Hubo que adelantar las elecciones, que acabarían celebrándose en noviembre de 1933.

El Bienio Radical-Cedista y la etapa del Frente popular.

Llamamos Bienio Rectificador o "Negro" a los meses que van desde noviembre de 1933 hasta febrero de 1936. Algo más de dos años en los que los partidos de derecha volvieron a gobernar España, deshaciendo las reformas que antes había hecho el gobierno de Azaña. Durante este período de tiempo todas las posturas políticas se fueron radicalizando hasta la violencia: la izquierda se volvía cada vez más revolucionaria mientras que la derecha era cada vez más "ultra" e incluso fascista. Estaba claro que las "dos Españas" eran irreconciliables, incapaces de resolver sus diferencias de forma pacífica.

LAS ELECCIONES DE 1933. Los resultados de estas elecciones cambiaron por completo el panorama. Los socialistas, ya claramente lanzados a la revolución, no quisieron presentarse a las elecciones en coalición con los republicanos de Azaña. Eso hizo que la izquierda perdiera el plebiscito.

Los resultados electorales fueron muy confusos porque el voto estuvo muy repartido. Los socialistas redujeron mucho sus escaños y los azañistas lograron aún menos diputados. Por el contrario, fueron los partidos de la derecha los que sumaron más representantes; en especial, la CEDA fue el partido más votado, aún estando lejos de la mayoría absoluta: cualquier político que quisiera lograr la presidencia tenía, pues, que pactar forzosamente con la CEDA. Pero por desgracia, la CEDA era un partido de tendencia claramente antidemócrata y fascista.

El presidente de la República, que seguía siendo Alcalá-Zamora, le dio la presidencia del gobierno a Alejandro Lerroux, lider del Partido Radical, un antiguo republicano de izquierdas que poco a poco se había ido haciendo más conservador: ahora se le podía calificar de centrista, como mucho. El gobierno de Lerroux trató de echar por tierra todas las reformas de Azaña sin proponer nuevas alternativas: la Iglesia volvió a acercarse al gobierno, se devolvieron tierras a los terratenientes y se trató por todos los medios de frenar la Reforma Agraria. Por último, se concedió incluso una amnistía a Sanjurjo y a los demás conspiradores de 1932.

Ahora bien, todo esto hizo que creciera aún más la violencia social. Por una parte, ahora los patronos se atrevían a endurecer aún más las condiciones de los obreros. Por otra, los socialistas se habían vuelto muy radicales: ellos mismos convocaban huelgas generales, llamando a los obreros a realizar una verdadera revolución social: así, en junio de 1934 hubo grandes huelgas campesinas en Andalucía y Extremadura, que se saldaron con más de diez mil detenidos.

Con el paso de los meses, la situación se iba complicando: Lerroux dependía cada vez más de la CEDA y, de hecho, en 1934 dio a miembros de este partido tres ministerios, entre ellos los de Agricultura y Trabajo. Eso desató todavía más la violencia: Azaña consideraba que aquello era "monstruoso"; no se le podía dar el poder a fascistas que en realidad sólo pretendían destruir la República y la democracia

LOS SUCESOS DE OCTUBRE DE 1934. En 1934 se llegó casi a una guerra civil: tanto los socialistas como los nacionalistas catalanes respondieron con la violencia al ver que la CEDA entraba en el gobierno: la República estaba en peligro y había que defenderla como fuera, a costa incluso de la democracia.

Lo primero que hicieron los socialistas fue convocar una huelga general en toda España en el mes de octubre. Dicha huelga no tuvo mucha incidencia en Madrid ni en el País Vasco ni en Andalucía. En cambio, en Cataluña fue masiva, y en Asturias se convirtió en una verdadera revolución social.

a) La revolución de Asturias:

Entre el 5 y el 12 de octubre los obreros asturianos tuvieron prácticamente tomadas las ciudades de Mieres, Sama, La Felguera, Avilés, Gijón y Oviedo. La capital, en concreto, fue asediada durante los días 5 y 6, y tomada después de una dura lucha contra el ejército. A los pocos días, el gobierno mandó unidades del ejército procedentes de África, que consiguieron dominar la situación. La represión fue durísima, pudiéndose contar unos 1500 obreros muertos.

b) La sublevación catalana:

Mientras esto sucedía en Asturias, en Cataluña tenía lugar otra sublevación aunque de carácter totalmente distinto. Durante todo el año las relaciones entre el gobierno español y la Generalitat habían sido muy tensas, pues aquél trataba de impedir por todos los medios que se llevara a cabo la Ley de Contratos de Cultivos, una ley que beneficiaba a los pequeños arrendatarios catalanes, y que el parlamento catalán pretendía aprobar.

Entonces, el 6 de octubre, Companys proclamó desde el balcón de la Generalitat el "Estado Catalán de la República Federal Española"; dicho de otro modo, la autodeterminación. La revolución fue abortada por el ejército a las pocas horas: la autonomía catalana fue suprimida, los principales políticos fueron hechos prisioneros y miles de militantes políticos se vieron detenidos.

Por supuesto, esto reforzó aún más el papel de la CEDA en el gobierno. A la vez, los republicanos de izquierda y los socialistas llegaban de nuevo a la conclusión de que la única manera de defender la República era la revolución. Eso hizo que toda la izquierda española volviera a unirse.

c) El fin del "Bienio Negro":

A partir de 1935 la CEDA tuvo cada vez más influencia en el gobierno. El propio Gil Robles llegó a ser ministro de la guerra, a la vez que un representante de los terratenientes, N. Velayos, se convirtió en ministro de agricultura (dedicándose a echar por tierra toda la reforma agraria). Sin embargo, el gobierno de Lerroux acabó cayendo a causa de dos grandes escándalos de corrupción (el llamado escándalo del "estraperlo" y el "caso Nombela"). Lerroux no tuvo más remedio que dimitir. Todos pensaron entonces que Gil Robles, el líder de la CEDA, acabaría siendo presidente del gobierno. Pero Alcalá-Zamora, viendo el peligro que eso podía suponer, prefirió darle el gobierno a una persona independiente y de su confianza: Portela Valladares. Éste se apresuró a convocar nuevas elecciones generales.

EL FRENTE POPULAR. Las elecciones tuvieron lugar el 16 de febrero de 1936. En ellas participaron muchos partidos, pero todos ellos se habían agrupado en dos grandes bloques:

-El "FRENTE DE LA CONTRARREVOLUCIÓN", formado por todos los partidos de derechas y liderado, naturalmente, por la CEDA. Su principal objetivo era reformar la constitución y cambiar todo el sistema, aunque no se concretaba nada en su programa electoral.

-El "FRENTE POPULAR", formado por todos los partidos de la izquierda: Partidos republicanos de izquierda, partidos regionalistas, socialistas y, ahora también, comunistas. Su objetivo era volver a la política del bienio reformista.

El Frente Popular ganó las elecciones, aunque por un estrecho margen de votos. Los partidos más votados fueron los republicanos de izquierda y, en especial, Acción Republicana, de Manuel Azaña.

Poco después de las elecciones, Manuel Azaña se convirtió en presidente de la República (Alcalá Zamora fue destituído, acusado de inconstitucionalidad por haber disuelto por los veces el parlamento). El nuevo gobierno fue exclusivamente republicano, sin participación de socialistas. Rápidamente, se volvió a la situación de los dos primeros años de la República: se devolvió la autonomía a Cataluña y volvió a emprenderse la reforma agraria. A la vez, empezó a tramitarse la concesión de la autonomía al País Vasco y a Galicia. Azaña hizo al regionalista gallego Casares Quiroga presidente del gobierno.

Los resultados de estas elecciones no lograron, ni mucho menos, que hubiera paz en España. Por el contrario, radicalizaron aún más la situación. Por una parte, el movimiento obrero se volvía ahora más violento que nunca. Nunca antes hubo huelgas tan numerosas como ahora. Socialistas y comunistas habían perdido ya la fe en la democracia, a la que llegaban a calificar de "burguesa". Lo que pretendían ahora era llevar a cabo una auténtica revolución social, al estilo de la revolución rusa. A la vez, los partidos de la derecha (Falange Española, Bloque Nacional, la propia CEDA) veían que la democracia no les había servido para alcanzar el poder y cambiar la Constitución. Ahora lo que deseaban era provocar un golpe de estado y acabar con la República.

En las ciudades empezó a haber una violenta lucha callejera por parte de los dos bandos: asesinatos (Castillo, Calvo Sotelo), incendios de iglesias, escaramuzas públicas...el gobierno era incapaz de controlar la situación. Entretanto, una parte del ejército, al mando del general Mola, empezaba a preparar un golpe de estado contra la República

La cuestión agraria en Extremadura durante la II República.

Durante la década de los treinta, la agricultura extremeña llega a vivir una fuerte expansión, si tenemos en cuenta que en esta época se labraba más de un millón de ha., algo nunca alcanzado hasta entonces. Por desgracia, hubo tensiones sociales en el campo durante toda la República; invasiones no violentas de fincas de la región: los campesinos las ocupaban con la intención de roturarlas y de que, una vez consumados los hechos, los propietarios cedieran y permitieran que esas tierras permanecieran en manos de los labradores. Sin embargo, estos hechos a menudo degeneraban en violencia, con enfrentamientos entre los jornaleros y la Guardia Civil: destaquemos, por ejemplo, los sucesos de Castilblanco en 1932 y los de Miajadas en 1933, que se saldaron con varios muertos.

En septiembre de1932 fue aprobada la Ley de Reforma Agraria, pero su puesta en práctica fue tan lenta y su burocracia tan complicada que poco a poco los campesinos de la región se iban desanimando al ver que no acababan de recibir tierras. En el otoño de 1932 el paro llegó a ser tan alto en Extremadura que el propio Azaña optó por emitir un decreto por el que más de 300.000 campesinos extremeños fueron asentados en parcelas de labranza. Al menos este decreto sí que se aplicó aquí rápidamente gracias al Gobernador General de Extremadura, Luís Peña Novo, que durante dos meses fue prácticamente pueblo por pueblo para conseguir tierras para los campesinos.

Desgraciadamente, durante el Bienio Rectificador, el gobierno de Alejandro Lerroux paró todas las reformas; la situación se agravaba aún más porque al acabar los contratos de los jornaleros éstos eran expulsados por los propietarios de las fincas.

En 1936, el gobierno del Frente Popular reemprendió la reforma y unos 25.000 jornaleros obtuvieron tierras (en su mayoría dehesas que no se estaban labrando). Lamentablemente, la Guerra Civil, que se inició pocos meses después, frustró las esperanzas de una verdadera reforma agraria que, como tal, ya no volvería a darse nunca en Extremadura.

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La constitución de 1931 resumen y tema

14.3.LA SEGUNDA REPÚBLICA:LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Y EL BIENIO REFORMISTA.

ANTECEDENTES.

-La Dictadura de Primo de Rivera.

-Intervencionismo político del Rey.

-Revolución rusa de 1917 y sus realizaciones.

-Avance de los totalitarismos (fascismo, nazismo)

-Crisis económica de 1929.

LA CONSTITUCIÓN DE 1931.

La II República (1936-1939) constituyó un intento de modernización del

país. Surgió de las elecciones municipales celebradas el 12 de Abril de 1931.La aplastante victoria de la Conjunción Republicano-Socialista provocó la salida de Alfonso XIII de España y la proclamación del nuevo régimen el 14 de Abril sin apenas resistencia y con un gran entusiasmo popular. El cambio fue pacífico pero revolucionario en su ejecución. Se instauró un Gobierno provisional compuesto por miembros del Comité Revolucionario creado para el pacto de San Sebastián y que ya habían intentado instaurar la República mediante golpes revolucionarios, presidido por Niceto Alcalá-Zamora. En Barcelona, Lluís Companys proclamó la República, pero Maciá proclamó más tarde la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. Hubo que negociar un Estatuto de Autonomía que sería elaborado como camino intermedio al federalismo. El primer objetivo fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes para legitimar el nuevo régimen. Los resultados del 28 de Junio dieron el triunfo a los partidos de la coalición en unas elecciones celebradas sin caciquismo, con sufragio universal masculino (más de 23 años) y una participación muy alta. El PSOE se convertía en la formación parlamentaria más numerosa y la derecha monárquica tenía una minoría simbólica. A partir de ese momento se debatió una Constitución que amparaba un régimen político democrático, parlamentario para un Estado no confesional, moderno, descentralizado y con una función social de la propiedad. La soberanía residía en el pueblo. El poder legislativo recaía en una sola cámara, el Congreso de los Diputados. El poder ejecutivo era para un jefe de Gobierno y un presidente de la República. En lo más alto del poder judicial existía un Tribunal Supremo y un Tribunal de Garantías Constitucionales. El tipo de sufragio era universal y masculino, aunque una reforma posterior permitió votar a las mujeres por primera vez. Desde el punto de vista de la configuración territorial del Estado, no se definía como unitario, ni federal, sino integral con estatutos de autonomía para las regiones que aprobaban sus estatutos por referéndum. Tenía la declaración de derechos individuales más completa hasta hoy y se completaba con una tabla de derechos sociales en la que se notaba la influencia socialista, por ejemplo en la limitación del derecho a la propiedad (era susceptible la expropiación forzosa por motivos de utilidad social con indemnización (función social de la propiedad)) y la posibilidad de nacionalización. Muy problemático fue el apartado de las relaciones Estado-Iglesia. La separación tajante intentaba alejar esta institución de la política y la economía, terminaba con el pago al clero y prohibía ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas a las que se privaba también de exención fiscal pero no eran suprimidas. Se disolvía la Compañía de Jesús por obedecer a autoridad distinta de la legítima del Estado (el papado) y se admitía el divorcio. Como cabía esperar, esto supuso el rechazo de toda la derecha católica y la Iglesia, lo que a su vez reavivó el anticlericalismo popular.

EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933).

El gobierno provisional basculó hacia la izquierda debido a la dimisión de Alcalá-Zamora y Maura, republicanos de derechas, provocada por los artículos referidos a la religión (26 y 27), pero pese a todo Alcala-Zamora fue elegido presidente de la República y Manuel Azaña, republicano de izquierda moderada, obtuvo la presidencia del Gobierno. Se afrontaron las reformas necesarias para modernizar el país pero el gobierno no contó nunca con un apoyo mayoritario y los poderes tradicionales no encajaron estas acciones. Tampoco ayudó la coyuntura económica internacional de los terribles años 30. De entre todas las reformas, la que tenía un calado mayor era la Reforma Agraria. Se pretendía redistribuir la propiedad agraria para satisfacer las peticiones de los jornaleros sin tierras. Se aprobó en 1932 y a pesar de ser muy moderada asustó mucho a los propietarios al extender a todo el país una norma que estaba pensada para los latifundios del sur. La medida no satisfizo a nadie: a los propietarios, que se resistieron, por desmesurada, a la expropiación sin indemnizaciones de tierras no trabajadas y a los jornaleros, que se les dieron grandes esperanzas para no llevar luego a cabo más de 10000 actuaciones reales. Se contó con pocos fondos y la frustración de unos y otros provocó una gran tensión. Como ejemplo, en Sevilla los grandes terratenientes incitaron al General Sanjurjo a un pronunciamiento llamado sanjurjada mientras se debatía la ley. El ejército será otra fuente de problemas para el nuevo sistema. En su mayoría eran monárquicos, conservadores y de derechas. Azaña, que era también ministro de Defensa, promulgó una ley en abril de 1931, que ofrecía la posibilidad de retirada a todos los generales y oficiales que no quisieran hacer juramento de fidelidad a la República, con sueldo integro y ascenso reconocidos. Se intentaba apartar a potenciales enemigos de la república y disminuir el número sobredimensionado de oficiales y generales de un ejército anticuado y con mucha burocracia. Los africanistas más destacados juraron fidelidad (Sanjurjo, Mola, Franco, Goded) otros 80 se retiraron. La medida no fue bien vista por el estamento militar que entendió que el gobierno quería dividir su unidad. También se creó el cuerpo militar de la Guardia de Asalto adicto al régimen.

Las reformas laborales fueron promovidas por Largo Caballero, líder de la UGT, desde el Ministerio de Trabajo. Con ellas se pretendía crear un nuevo marco de relaciones laborales y llevar estos beneficios al mundo rural, donde las legislación laboral era desconocida. Las principales medidas fueron:

Ley de Contratos de Trabajo, que fortalecía la tendencia a asociarse de los trabajadores y beneficiaba a la UGT. En el campo era la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) quien gestionaba el asociacionismo para negociar las condiciones de trabajo.
Ley de Términos Municipales, que se aplicaba exclusivamente en el campo y obligaba a los patronos a contratar con prioridad a los obreros de su término municipal.

Con estas medidas se intentaba alterar el orden social en el campo, aunque sindicatos anti-estatales como CNT se negaban a cooperar y preferían la acción directa de presión sobre el Gobierno por medio de protestas y huelgas. Por parte de los trabajadores los problemas y las peticiones no eran pocas. El paro había aumentado vertiginosamente por la crisis de los 30 y a pesar de la aprobación de leyes que contemplaban la jornada laboral de 8 horas, el derecho de huelga, la legislación en torno a la contratación, etc., el desempleo no disminuía. Llegaron las huelgas y las protestas, dirigidas sobre todo por la CNT (la FAI en Barcelona) que fueron en muchas ocasiones duramente reprimidas por el ejército (cuenca del Llobregat enero de 1932).

Pero el problema más grave había surgido con la Iglesia. El gobierno daba muestras de ser completamente anticlerical y las medidas se tomaron como un ataque frontal. La Constitución establecía un estado aconfesional, pero la Ley de Congregaciones de 1833 le prohibía dedicarse a la industria, el comercio y la enseñanza. Desde el punto de vista económico esta ley y la supresión del presupuesto para el clero en dos años, suponían el desabastecimiento económico directo de la Iglesia. La tensión creció hasta el punto de que el cardenal primado Pedro Segura, arzobispo de Toledo, fue expulsado de España por su actitud contraria a la República. Las formaciones católicas y el partido católico Acción Popular (Herrera Oria) se erigieron en los defensores de los intereses de la Iglesia mientras el Gobierno instauraba medidas como la Ley del Divorcio (1832) o la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa.

La política educativa y cultural estuvo marcada por la influencia de la Institución Libre de Enseñanza, creada por Giner de los Ríos, ministro de Instrucción Pública desde Diciembre de 1931. Su objetivo era crear un sistema educativo unificado, público, laico y gratuito, al menos para la enseñanza primaria, implantando la coeducación de niños y niñas inexistente en los centros religiosos a los que se les prohibió ejercer la enseñanza aunque la recuperaron desde 1933. La igualdad de oportunidades empezaba por garantizar el derecho a la educación. Se hizo un gran esfuerzo en formar profesores, construir escuelas y bibliotecas, y otorgar becas de estudio. En este objetivo jugaron un papel fundamental las Misiones Pedagógicas extendiendo la cultura a los medios rurales más abandonados, o los experimentos de socialización de la cultura como los ofertados por grupos teatrales universitarios como La Barraca de Federico García Lorca.

Las fuerzas políticas de derechas se habían ido organizando en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), creada a finales de 1933 y liderada por Gil Robles. El partido era católico y republicano de apariencia, pero su líder tenía un talante más bien autoritario y su oposición al gobierno era muy fuerte. Los campesinos seguían esperando un “acelerón” de la reforma agraria y junto a los obreros acuciados por el paro iniciaron protestas que llevaron a enfrentamientos muy serios. En Castilblanco, en Badajoz, miembros de la Guardia Civil fueron asesinados cuando acudieron a proteger a los terratenientes y varios campesinos murieron en Arnedo (La Rioja), a manos de Guardia Civiles. En Casas Viejas (Cádiz), en enero de 1933, los Guardias de Asalto reprimieron muy duramente a los campesinos anarquistas que habían ocupado tierras sin laborar. El gobierno presidido por Azaña tenía muchos problemas para mantener una mayoría parlamentaria. Los parlamentarios republicanos deseaban que los socialistas abandonaran el poder y forzaron al presidente de la República, Alcalá-Zamora, para que retirara a Azaña y colocara a Lerroux que hacía todos los movimientos posibles para excluir a los socialistas de los puestos de responsabilidad, lo que hacía ingobernable la nación. Ante el deterioro de la convivencia Azaña presenta su dimisión y Alcalá-Zamora convoca elecciones para noviembre de 1933. Por primera vez podrían votar las mujeres. El triunfo fue para la derecha antiliberal.

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La constitución de 1931 resumen y tema

HISTORIA ESPAÑA DE 1931 A 1978

La Segunda República es uno de los momentos clave de la historia contemporánea española. El proyecto de democratización y modernización que se abre en 1931, y que tantas esperanzas despertó en amplias capas de la población española, concluyó con una cruenta guerra civil. El debate sobre las razones de ese fracaso histórico sigue siendo uno de los elementos clave de la historiografía española.

La Constitución de 1931 y el bienio reformista

El triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades precipitó el 14 de Abril de 1931 la proclamación de la República. La amplitud del movimiento popular llevó a que el rey Alfonso XIII, aislado y sin apoyos, se exiliara.

Inmediatamente se formó un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora y formado por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas. El gobierno debía dirigir el país hasta que unas nuevas Cortes Constituyentes dieran forma al nuevo régimen.

No obstante, el nuevo gobierno tuvo que responder desde un principio al ansia general de reformas. Adoptó las primeras medidas para la reforma agraria, inició reformas laborales, emprendió la reforma militar, aprobó legislación educativa y puso en marcha el Estatuto provisional de autonomía de Cataluña.

El ambiente social, sin embargo, se encrespó inmediatamente. A la vez que la CNT anarquista promovía una amplia campaña de huelgas, los enfrentamientos entre la Iglesia y el nuevo gobierno fueron inmediatos. El sector más conservador de la Iglesia, encabezado por el Cardenal Segura, puso todo tipo de trabas al nuevo ejecutivo. El viejo anticlericalismo afloró de nuevo y en mayo de 1931 diversas iglesias y conventos fueron asaltados y quemados. La opinión pública católica se alejó desde un primer momento del nuevo régimen republicano.

Finalmente, en junio de 1931, tuvieron lugar las elecciones a Cortes Constituyentes en un ambiente de relativa tranquilidad. Las urnas dieron una clara mayoría de la coalición republicano-socialista. La nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1931, reflejó las ideas de esta mayoría. Estos son sus principales rasgos:

Soberanía popular. Se declaraba al nuevo estado español como una "República democrática de trabajadores de todas clases".
Sufragio universal masculino y femenino. Tras un largo y complejo debate en las Cortes, las mujeres españolas obtuvieron el derecho de voto.
Extensa declaración de derechos y libertades.

Derechos civiles: divorcio, equiparación hijos legítimos e ilegítimos.
Derecho a la educación.

Poderes del Estado

Poder legislativo quedó en manos de unas Cortes unicamerales.
Poder ejecutivo

Presidente de la República con escasos poderes.
Jefe de Gobierno, nombrado por el Presidente pero que debía contar con la aprobación de las Cortes.

Poder judicial en manos de los tribunales de justicia.

Por primera vez en nuestra historia, se establece el derecho de las regiones a establecer Estatutos de Autonomía.
En lo relativo a la "cuestión religiosa"se establece un estado laico:

Separación de la Iglesia y el Estado
Desapareció el presupuesto de culto y clero
Prohibición de ejercer la educación
Libertad de conciencia y cultos

El Bienio Reformista (1931-1933)

Tras aprobarse la Constitución, se inició un nuevo período con un gobierno presidido por Manuel Azaña y formado por republicanos de izquierda y socialistas. En diciembre, Niceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República.

El gobierno republicano-socialista emprendió un amplio programa de reformas en un contexto económico desfavorable, marcado por el ascenso del paro. Estas fueron sus principales medidas:

Reformas laborales, iniciadas desde el Ministerio del Trabajo por el socialista Largo Caballero, que favorecían la posición de los trabajadores y sindicatos y encontraron la cerrada oposición de los empresarios.
Reforma educativa: Amplio programa de construcción de escuelas y contratación de maestros: 6750 escuelas y 7000 maestros con mejores salarios.
Enseñanza mixta: La Religión dejó de ser asignatura obligatoria lo que agudizó el enfrentamiento con la Iglesia
Reforma militar: Buscando garantizar la fidelidad del Ejército al nuevo régimen republicano y propiciar la reducción del excesivo número de jefes y oficiales, se exigió el juramento de fidelidad al nuevo régimen republicano, pudiendo optar los que se negaran a ello al retiro voluntario con paga completa.
Reforma agraria: Se aprobó en 1932 la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Con ella se buscaba el reasentamiento de campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados.

Su aplicación fue un fracaso y muy pocos campesinos se beneficiaron de la ley. Esto provocó un decepción generalizada entre el campesinado en un contexto económico de paro creciente.

La oposición al gobierno

La derecha tradicional quedó desorganizada tras la proclamación de la República en los primeros meses del nuevo régimen. La oposición conservadora quedó restringida a las Asociaciones Patronales como la Unión Económica Nacional y el Partido Radical de Lerroux. Este grupo de centro-derecha dirigió la oposición al gobierno en las Cortes.

Por otro lado, la izquierda revolucionaria no dio tregua al nuevo gobierno. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con más de un millón de afiliados, siguió la línea extremista marcada por los militantes de la Federación Anarquistas Ibérica (FAI). El minoritario Partido Comunista de España (PCE) se hallaba también instalado en una línea radical, defendida en aquel momento por la Komintern y Stalin.

Las tensiones sociales y políticas

La crisis económica, la línea radical propiciada por la CNT y la negativa de la patronal a las reformas llevaron a un marco de fuertes tensiones sociales. Los enfrentamientos entre huelguistas y la Guardia Civil fueron frecuentes y a menudo violentos (Castilblanco, Arnedo, Baix Llobregat).

El debate en Cortes del Estatuto de Cataluña y la Ley de Reforma Agraria provocaron un oposición cerrada en las fuerzas de derecha. De nuevo, las fuerzas conservadoras recurrieron al tradicional método de la insurrección militar. El general Sanjurjo intentó un golpe de estado militar en Sevilla agosto de 1932. La "Sanjurjada", mal preparada y con desigual apoyo en el ejército, fracasó.

La reacción de las fuerzas que apoyaban al gobierno fue inmediata. Las Cortes aprobaron la Ley de Reforma Agraria y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En este territorio, la Esquerra Republicana de Catalunya, dirigida por Francesc Maciá, triunfó en las primeras elecciones autonómicas.

Pese al fracaso de Sanjurjo, el gobierno republicano-socialista daba muestras de claro desgaste. En ese contexto, se produjeron los graves incidentes de Casas Viejas, en los que la Guardia de Asalto sitió y mató a un grupo de campesinos anarquistas. El escándalo consiguiente llevó al gobierno a la decisión de convocar nuevas elecciones en noviembre de 1933.

Para estas elecciones, la derecha se había reorganizado. Tres nuevos grupos se presentaron a los comicios:

La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), dirigida por Gil Robles, grupo mayoritario auspiciado por la Iglesia Católica.
Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, en la que se agruparon los monárquicos.
Falange Española, la versión española del fascismo, dirigida por Jose Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador.

Mientras la izquierda se presentó fragmentada en múltiples grupos y los anarquistas llamaron a la abstención.Las elecciones dieron la victoria de los grupos conservadores: Partido Republicano Radical y la CEDA. El triunfo conservador fue contestado por una insurrección anarquista que fue tuvo como resultado más de cien muertos.

El bienio radical-cedista (1933-1936)

Tras las elecciones, Lerroux formó un gabinete conformado exclusivamente por miembros de su partido. La CEDA apoyó al gobierno desde el Parlamento. Lerroux se vio así obligado a iniciar lo que los grupos de derecha reclamaban, una política de rectificación de las reformas del bienio anterior. Esta nueva política se concretó en la paralización de las reformas iniciadas:

Paralización de la reforma agraria, con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado de miles de jornaleros.
Paralización de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente antirrepublicanos como Franco, Goded o Mola. Esta nueva política fue completada con un amnistía para los participantes en el golpe de Sanjurjo en 1932.
Conciliación con la Iglesia Católica.
Paralización de las reformas educativas. Parón en el programa de construcciones escolares y anulación de la enseñanza mixta.
Enfrentamiento a los nacionalismos periféricos. Freno al proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, presentado por el PNV y enfrentamientos con la Generalitat catalana, que presidía Lluis Companys, dirigente de ERC, desde enero de 1934.

Radicalización del enfrentamiento político

En un contexto de crisis económica internacional y de triunfo de los extremismos en Europa con el triunfo de Hitler en 193 y la consolidación de la dictadura de Stalin en la URSS, la lucha política se radicalizó en nuestro país. España se polarizó entre las "derechas" y las "izquierdas".

Derechas:

La CEDA de Gil Robles agrupaba a las clases medias y populares católicas. Las Juventudes de Acción Popular (JAP), organización juvenil del partido, tenían ya en aquel momento rasgos claramente fascistas.
En Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, se agrupaban los monárquicos con posturas cada vez más extremistas y antidemocráticas.
Finalmente, la Falange Española de Jose Antonio Primo de Rivera se fusionó en 1934 con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Ledesma. Quedaba así constituido el núcleo político de ideología fascista en España.

Izquierdas:

La Izquierda Republicana de Manuel Azaña agrupaba el centro-izquierda que había optado por una política de reformas y de alianzas con el movimiento obrero.
El PSOE, el mayor partido obrero, estaba dirigido por un grupo de líderes a menudo enfrentados. Indalecio Prieto y Largo Caballero representaban el ala más moderada y más radical del partido. En general, el PSOE vivió un claro proceso de radicalización.
El PCE seguía las nuevas directrices de la Komintern y buscaba una alianza de la izquierda contra el fascismo. La experiencia alemana y el ascenso de Hitler en enero de 1933 habían hecho rectificar a Stalin y buscar alianzas con todas las fuerzas de centro-izquierda.
La CNT seguía ligada a la acción revolucionaria, aunque había quedado muy mermada tras el fracaso de la insurrección de diciembre de 1933.
Los continuos enfrentamientos del gobierno de la Generalitat catalana con el gobierno de derechas de Madrid habían propiciado que la Esquerra Republicana de Catalunya dirigida por Lluis Companys girara a la izquierda en sus posiciones políticas.

Revolución de Octubre de 1934

La creciente tensión entre los dos polos políticos culminó con la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934. Esta remodelación del gobierno fue interpretada por la izquierda como el anuncio del triunfo inminente del fascismo en nuestro país. La cada vez más radicalizada izquierda, PSOE, UGT, CNT, PCE, llamó a la huelga general contra el gobierno. El seguimiento fue muy desigual.

El movimiento fracasó en Madrid. El gobierno acuarteló a las tropas y detuvo a los principales dirigentes socialistas y comunistas.

En Barcelona, Companys, desde la presidencia de la Generalitat, dirigió una insurrección con claro matiz independentista. La revuelta fue rápidamente reprimida por del Ejército.

Lo peor ocurrió en Asturias. Aquí la huelga general triunfó y degeneró en una verdadera revolución organizada por la UGT y la CNT. La persistencia de la insurrección llevó al gobierno a optar por la represión más brutal. La Legión, dirigida por el general Franco, fue la encargada.

El balance de la Revolución de Octubre de 1934 fue aterrador: más de mil trescientos muertos, el doble de heridos, treinta mil detenidos, entre ellos Companys, Azaña, que no había apoyado el levantamiento, y los principales dirigentes del PSOE como Prieto o Largo Caballero.

La reacción del gobierno de derechas fue el endurecimiento de su política: se suspendió el estatuto de autonomía de Cataluña y se redactó una nueva Ley de Reforma Agraria, que en la práctica era una verdadera contrarreforma.

Sin embargo, las disensiones en el seno del gobierno eran crecientes. Las diferencias entre el Partido Radical y la cada vez más extremista CEDA eran evidentes. Un ejemplo de la orientación de la CEDA fueron los nombramientos que hizo Gil Robles, como nuevo ministro de Defensa. Militares claramente contrarios a la república y la democracia fueron designados para puestos clave en la estructura del Ejército. Franco, por ejemplo, fue nombrado jefe del Estado Mayor.

La crisis definitiva vino con un escándalo de corrupción, el escándalo del Estraperlo, que afectó a altos cargos gubernamentales. Lerroux y el Partido Radical cayeron en un descrédito total. La aparición de nuevos escándalos precipitó el fin de la legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones a Cortes en febrero de 1936.

Las elecciones de 1936 y el Frente Popular

En un ambiente de creciente radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas a las elecciones de febrero de 1936:

Frente Popular: pacto electoral firmado en enero de 1936 por Izquierda Republicana, PSOE, PCE, POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y Esquerra Republicana de Catalunya. Este pacto agrupaba a todas las izquierdas. La CNT, con muchos presos en la cárcel, no pidió la abstención y apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas.

La coalición de los grupos de derecha, formada por la CEDA y Renovación Española, acudió con un programa basado en el miedo a la revolución social. La Falange y el PNV se presentaron por su cuenta.

La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias del sur y la periferia. Mientras, la derecha triunfó en el norte y el interior del país.

Tras las elecciones, Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República. El objetivo era que Indalecio Prieto, hombre fuerte del ala más moderada del PSOE, ocupara la jefatura del gobierno. Sin embargo, la negativa del Partido Socialista, dividido en diversas tendencias, llevó a que se formara un gobierno presidido por Casares Quiroga y formado exclusivamente por republicanos de izquierda, sin la participación del PSOE. Así, el nuevo gobierno nacía debilitado.

El nuevo gabinete inició rápidamente la acción reformista:

Amplia amnistía para todos los represaliados tras octubre de 1934.
Restablecimiento del Estatuto catalán.
Alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo. Franco, Mola y Goded fueron destinados a Canarias, Navarra y Baleares.
Reanudación de la reforma agraria. Esta medida fue rápidamente desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas.
Tramitación de nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en plebiscito en junio de 1936, y el del País Vasco estaba prácticamente terminado en julio de 1936.

Mientras, el ambiente social era cada vez más tenso. La izquierda obrera había optado por una postura claramente revolucionaria y la derecha buscaba de forma evidente el fin del sistema democrático.

Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos callejeros entre grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas.

Mientras la conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había una trama política conformada por los principales líderes de los partidos: Gil Robles, Calvo Sotelo, Jose Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados: Franco, Goded, Fanjul, Varela... Emilio Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el "director" del golpe. La salidad antidemocrática tenía valedores internacionales. Muy pronto se iniciaron los contactos con Mussolini y Hitler.

El 12 de julio era asesinado por extremistas de derecha un oficial de la Guardia de Asalto, teniente Castillo. La respuesta llegó la siguiente madrugada con el asesinato de José Calvo Sotelo por parte de un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad. El enfrentamiento era inevitable.

El gobierno de Casares Quiroga, que no había decidido tomar medidas pese a las continuas advertencias de las organizaciones obreras, vio como el 17 de julio de 1936 el ejército de Marruecos iniciaba la rebelión contra el gobierno de la República. El triunfo parcial del golpe desencadenó la guerra civil.

La sublevación militar

El 17 de julio de 1936, la insurrección militar se inició en Melilla. Desde allí se extendió rápidamente al conjunto del protectorado de Marruecos.

El 18 y 19 de julio, el golpe se extendió a la península y los archipiélagos. Mientras el gobierno de Casares Quiroga reaccionaba con lentitud ante los acontecimientos.

El golpe triunfó en Galicia, Castilla-León, Navarra, con el general Mola en Pamplona, Andalucia Occidental, con Queipo de Llano en Sevilla, Baleares, excepto Menorca, con el general Goded que después se desplazó a Barcelona para ponerse al frente de la insurrección, y Canarias, desde donde Franco, tras asegurar el triunfo del golpe en el archipiélago, se desplazó a Marruecos el día 19 para ponerse al frente del ejército de África. También triunfó en enclaves aislados como Oviedo, con el general Aranda, Granada, donde tuvo lugar asesinato de García Lorca, y Zaragoza con el general Cabanellas.

El fracaso de la rebelión

El golpe fracasó en Asturias, Cantabria y parte del País Vasco, donde el PNV colaboró finalmente con la República, Cataluña, Levante, Madrid, Castilla la Mancha, Murcia y la zona oriental de Andalucía.
Los fracasos más graves tuvieron lugar en Madrid, donde el nuevo presidente Giral entregó armas a las milicias obreras, y en Barcelona, donde una inusual colaboración de los obreros de la CNT con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto abortó la insurrección.

En general, exceptuando en Navarra y Castilla-León, la sublevación no tuvo apenas respaldo popular y se basó en las fuerzas militares insurrectas. Factores como las dudas o la resolución de los sublevados y las autoridades encargadas de reprimir el golpe, la capacidad de movilización obrera y el papel de la Guardia Civil fueron claves para entender el resultado final del golpe en cada zona del país.

La división del país en dos zonas: el inicio de la guerra civil

El fracaso parcial del golpe llevó a la división del territorio en dos zonas y al inicio de la guerra.
La zona nacional contaba con las reservas de cereal y ganado de Castilla y Galicia y las minas de carbón leonés y de Riotinto en Huelva. Ante todo, tenía un ejército mucho más preparado que contaba con divisiones íntegras en Castilla, Galicia y Andalucía y, sobre todo, con el Ejército de África, la Legión y los Regulares,

En la zona republicana quedaron comprendidas las regiones industriales, y contaba con el trigo en La Mancha y los productos de las huertas levantinas. También pudo disponer de las reservas de oro del Banco de España. Sin embargo, las unidades del ejército quedaron prácticamente desarticuladas. La mayor parte de los oficiales se sublevaron y el propio gobierno disolvió muchas unidades cuya fidelidad era dudosa. La Armada, sin muchos de sus oficiales, y la Aviación permanecieron en manos del gobierno repubblicano

El desarrollo de la guerra civil

La descomposición política tras el golpe y la represión

El golpe y el estallido de la guerra provocaron la destrucción de las estructuras estatales de la II República.
En el bando nacional el poder quedó en manos de un grupo de generales, que, siguiendo las propuestas de Mola, establecieron un estado autoritario y militarizado.

En el bando republicano el gobierno de la República perdió el control de la situación y el poder real quedó en manos de comités obreros organizados por partidos y sindicatos que no estaban sometidos a ningún tipo de poder centralizado.

En los primeros momentos de la guerra hubo una enorme represión en ambos bandos. Las ejecuciones y los asesinatos se extendieron como una pesadilla por todo el país.

La represión en la zona nacional se dirigió esencialmente contra los militantes obreros y campesinos, aunque algunos intelectuales, como Federico García Lorca, fueron también víctimas del horror. La represión estuvo bastante organizada y controlada por las autoridades militares. Este hecho no impidió que pistoleros falangistas descontrolados protagonizaran excesos de todo tipo.

En la zona republicana los grupos que sufrieron la violencia fueron esencialmente los sacerdotes y las clases adineradas. Jose Antonio Primo de Rivera, prisionero en Alicante al estallar la guerra, fue juzgado y ejecutado. Tras el caos inicial en el que se produjeron graves excesos, el gobierno fue controlando poco a poco la situación y la represión se atenuó.

El avance nacionalista durante los primeros meses de la guerra

Un elemento clave para comprender la victoria final de los nacionales fue el "puente aéreo" organizado con aviones alemanes e italianos que permitió el rápido traslado del Ejército de África a la península.

Los legionarios y regulares, fuerzas profesionales que superaban con facilidad a las desorganizadas milicias obreras y campesinas, iniciaron un rápido avance hacia Madrid. En el camino, el general Yagüe que mandaba las columnas decidió desviarse hacia Badajoz. La ciudad cayó y se inició una brutal represión que escandalizó al mundo y produjo un gran número de víctimas.

Las tropas continuaron su avance hacia Madrid y antes de alcanzar Madrid, Franco decidió desviar de nuevo las tropas para liberar a la guarnición asediada en el Alcázar de Toledo. La "liberación del Alcázar" fue un gran triunfo propagandístico para Franco.

Mientras, Mola tomó Irún y San Sebastián aislando al País Vasco de la frontera con Francia.

La Batalla de Madrid

El 18 de octubre de 1936 las fuerzas nacionalistas dirigidas por Varela llegaron a las afueras de Madrid. En noviembre de 1936 se inició la Batalla de Madrid. El 4 de noviembre de 1936 ocuparon Alcorcón, Leganés, Getafe y Cuatro Vientos. La caída de la capital en manos de las tropas rebeldes parecía inminente.
Ante la superioridad militar de las fuerzas nacionales, partidos y sindicatos obreros alentaron la movilización del pueblo madrileño para defender su ciudad. El grito de "¡No Pasarán!" se hizo celebre en todo el mundo.

La moral de la población madrileña aumentó con la llegada de refuerzos exteriores. Las Brigadas Internacionales, cuerpo de voluntarios organizados esencialmente por los comunistas; tanques y aviones rusos, la columna del anarquista Durruti ... llegaron para ayudar en la defensa de la capital.

La ciudad fue sometida a bombardeos aéreos por aviones Junker alemanes y se produjeron duros combates en la Casa de Campo, la Ciudad Universitaria y el Puente de los Franceses. Las tropas republicanas consiguieron resistir y, finalmente, Franco ordenó el fin del asalto frontal a la ciudad.

Las Batallas del Jarama y Guadalajara. La toma de Málaga

Tras fracasar en su intento de atacar frontalmente a Madrid, Franco intentó cercar a la capital. Este intento dio lugar a la batalla del Jarama, una de las más encarnizadas de la guerra, y la batalla de Guadalajara, donde las tropas italianas enviadas por Mussolini fueron derrotadas.

Mientras las tropas franquistas tomaban Málaga y de nuevo se producía una dura represión.

El fracaso ante Madrid hizo que Franco optara por una nueva estrategia: ya no busco acortar el conflicto, sino que fue atacando las zonas más débiles de los republicanos.

La Campaña del Norte

De la primavera al otoño de 1937, las tropas nacionales conquistaron la zona norte republicana que había quedado aislada del resto del país. Uno tras otro, el País Vasco, Cantabria y Asturias fueron cayendo en manos de Franco.

Durante esta campaña tuvo lugar el célebre bombardeo de Guernica. La Legíon Cóndor, grupo aéreo alemán enviado por Hitler, bombardeó una ciudad sin interés militar y la arrasó. Este acto, que luego en la segunda guerra mundial se convirtió en rutinario, provocó un escándalo mundial e inspiró a Pablo Picasso en su célebre cuadro.

Durante la campaña vasca, Mola, el único general que podía competir con Franco en el liderazgo del bando nacional, murió en accidente de avión.

Tratando de distraer fuerzas nacionalistas de la campaña del norte, los republicanos organizaron la ofensiva de Belchite en Aragón. El fracaso fue total y finalmente las tropas franquistas tomaron todo el norte del país.

La conquista del norte tuvo graves consecuencias para la República. No sólo perdieron las minas de carbón y hierro de la zona, sino que, en adelante, los franquistas pudieron concentrar todas sus tropas en la zona sur.

De Teruel a la batalla del Ebro

En diciembre de 1937, tuvo lugar una ofensiva republicana en Teruel. Las condiciones climáticas marcaron una ofensiva que finalmente fracasó. Tras asegurar el dominio de Teruel, Franco lanzó una ataque general en Aragón. El éxito fue fulgurante y el 15 de abril de 1938 las tropas nacionales llegaron a Vinaroz en el Mediterráneo. La zona republicana quedó partida en dos.

La última gran ofensiva republicana dio lugar a la Batalla del Ebro en julio de 1938. Con más de 100.000 muertos, esta fue la más cruenta de las batallas de la guerra civil y agotó definitivamente la moral y las reservas republicanas.

El final de la guerra

La antesala del fin de la guerra fue la ofensiva nacionalista contra Cataluña. Tras tomar Barcelona, las tropas franquistas llegaron a la frontera francesa en febrero de 1939. Antes se había producido un enorme y patético éxodo de población. Más de 500.000 personas huyeron a Francia, donde fueron hacinadas en campos de concentración.

Ante la inminente derrota, las divisiones internas se hicieron aún más profundas en el bando republicano. El gobierno de Negrín, con el apoyo de los comunistas y parte de los socialistas, proponía la resistencia a ultranza. El objetivo era que el conflicto español quedara integrada en la inminente guerra europea y mundial que todo el mundo veía venir. De esa manera, la República española encontraría aliados que le permitirían cambiar el signo de la guerra.

Contra esta posición, y defendiendo la negociación de la derrota con Franco, el coronel Casado dio un golpe contra el gobierno de Negrín. Pese a las propuestas de negociación de Casado, Franco exigió la rendición incondicional. El 28 de marzo, las tropas franquistas entraron en Madrid y el 1 de Abril de 1939 terminaba la sangrienta guerra. Una larga dictadura vino a sustituir al ensayo democrático de la segunda república.

La zona republicana

El fracaso del golpe militar desencadenó en la zona republicana una verdadera revolución social.

Los comités de los partidos y sindicatos obreros pasaron a controlar los elementos esenciales de la economía: transportes, suministros militares, centros de producción. Mientras el gobierno se limitaba a ratificar legalmente lo que los comités hacían de hecho.

En el campo, tuvo lugar una ocupación masiva de fincas. Las grandes propiedades y, en algún caso, las medianas y pequeñas. En las zonas donde predominaban los socialistas se llevó a cabo la socialización de la tierra y su producción. En las zonas de hegemonía anarquista tuvo lugar una colectivización total de la propiedad. En algunos casos, se llegó incluso a abolir el dinero.

En septiembre de 1936 se estableció un gobierno de unidad, presidido por el socialista Largo Caballero y con ministros del PSOE, PCE, Izquierda Republicana y grupos nacionalistas vascos y catalanes. En noviembre se incorporaron cuatro dirigentes anarquistas, entre ellos Federica Montseny, la primera mujer ministro en España.

El gran desafío del nuevo gobierno era recuperar el control de la situación y crear una estructura de poder centralizada que pudiera dirigir de forma eficiente el esfuerzo de guerra. La tarea era enorme difícil. El poder estaba en manos de miles de comités obreros y milicias que a menudo se enfrentaban entre sí, especialmente los anarquistas con socialistas y comunistas. Los gobiernos autónomos eran otro factor de disgregación. No sin dudas, el nacionalismo vasco había optado por apoyar la República y en octubre se aprobó el Estatuto vasco. Jose Antonio Aguirre se convirtió en el primer lehendakari o presidente del gobierno autónomo.

En la zona republicana se enfrentaron básicamente dos modelos. Por un lado, la CNT-FAI y POUM que emprendieron la inmediata colectivización de tierras y fábricas. Su lema era "Revolución y guerra al mismo tiempo". Su zona de hegemonía fue Cataluña, Aragón y Valencia. Por otro lado, el PSOE y el PCE intentaron restaurar el orden y centralizar la toma de decisiones en el gobierno, respetando la pequeña y mediana propiedad. Su lema era "Primero la guerra y después la revolución".

Las disensiones internas fueron continuas y llegaron a su momento clave en Barcelona en mayo de 1937. El gobierno de la Generalitat, siguiendo instrucciones del gobierno central, trató de tomar el control de la Telefónica de Barcelona, en manos de un comité de la CNT desde el inicio de la guerra. El intento desencadenó una insurrección y los combates callejeros se extendieron por Barcelona.

La crisis de mayo de 1937, provocó la dimisión del gobierno de Largo Caballero. El nuevo gobierno presidido por el socialista Negrín, tenía una mayoría de ministros del PSOE, pero se inclinaba cada vez más hacia las posturas defendidas por el PCE. La ayuda soviética había hecho que los comunistas pasaran de ser un grupo minoritario a una fuerza muy influyente.

Los enfrentamientos entre stalinistas y trostkistas se re reprodujeron en suelo español. El POUM fue ilegalizado y su dirigente, Andreu Nin, "desapareció" estando en manos de agentes soviéticos.

Aunque ya era tarde para cambiar el signo de la guerra, a partir de ese momento se impuso una mayor centralización en la dirección de la economía y se terminó de construir el Ejército Popular, acabando con la indisciplina de las milicias.

A partir de marzo de 1938, momento en el que las tropas de Franco llegaron al Mediterráneo y dividieron en dos la zona republicana, surgieron de nuevo dos posturas enfrentadas. Mientras la postura oficial, representada por Negrín y apoyada por el PCE y parte del PSOE, seguía defendiendo la "resistencia a ultranza", algunos dirigentes, anarquistas y socialistas, empiezan a hablar de la necesidad de negociar ante la perspectiva de la segura derrota.

Los acontecimientos internacionales: el Pacto de Munich en septiembre de 1938, la retirada de las Brigadas Internacionales, la disminución de la ayuda soviética; y los internos: la caída de Cataluña, reforzaron la idea de que la guerra estaba perdida. Así, en marzo de 1939 el golpe del coronel Casado desalojó del poder a Negrín. La esperanza de negociar con Franco se disipó inmediatamente, cuando el dictador exigió la rendición incondicional.

La zona nacional

La muerte del general Sanjurjo, el 20 de julio de 1936 cuando volaba desde Portugal hacia España, dejó a la insurrección sin un líder claro.

El 24 julio tuvo lugar una reunión de los generales insurrectos en Burgos. Allí se acordó crear la Junta de Defensa Nacional, que se configuró como órgano provisional de gobierno de la zona nacional.

Las medidas que adoptó fueron drásticas: se estableció el estado de guerra en todo el territorio, se suprimieron todas las libertades y se disolvieron todos los partidos políticos, excepto la Falange y los requetés carlistas.

En esos momentos la propaganda nacionalista acaba de configurar la justificación del golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido. La insurrección militar ha sido en realidad un Alzamiento Nacional contra una República "marxista" y "antiespañola". La Iglesia Católica, duramente perseguida en la zona republicana, termina de configurar la teoría que justifica la matanza que está asolando el país: la guerra es una Cruzada para liberar a España del ateísmo.

Las medidas que se tomaron en el terreno económico fueron encaminadas en una doble dirección: cancelación de todas las reformas republicanas, el mejor ejemplo es la devolución a sus propietarios de las tierras repartidas en la reforma agraria, e intervención del Estado en la economía siguiendo los principios de la ideología fascista. Así, en 1937, se creó el Servicio Nacional del Trigo que pasó a controlar el abastecimiento de pan de la población.

La necesidad de contar con una dirección única era evidente para unos militares educados en la disciplina y la jerarquía. Así el 1 de octubre 1936 Franco fue designado Jefe del Gobierno del Estado español. Sus éxitos militares, el estar al frente del poderoso Ejercito de África y el apoyo de Alemania con la que mantenía contactos directos explican el ascenso al poder de Franco. En adelante, el Caudillo, como le empieza a denominar la maquinaria propagandística del bando nacional, establece una dictadura personal basada en un régimen militar. Una Junta Técnica del Estado, formada por militares, se conforma como órgano consultivo del dictador.

En abril de 1937, se aprobó el Decreto de Unificación. Falangistas y carlistas quedaron unificados en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, conocida como el Movimiento Nacional. El modelo de partido único del fascismo italiano y del nacional-socialismo alemán se imponía en la España franquista.

La Ley de la Administración Central del Estado concentró en la figura de Franco los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La Ley de Prensa estableció la censura en todo tipo de publicaciones y el Fuero del Trabajo puso fin a la libertad sindical y estableció el control del estado nacional sobre las organizaciones patronales y obreras.

El nuevo régimen estableció un estado confesional. Volvió la subvención estatal de la Iglesia, se abolió el divorcio y el matrimonio civil, gran parte de la educación volvió a manos del clero. Se establecía así lo que se vino a denominar el Nacional-catolicismo.

Por último, se creó una legislación que institucionalizó la represión contra los vencidos. En febrero de 1939 se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, por la que se designaba "rebeldes" a todos los que se hubieran enfrentado al Movimiento Nacional.

Fundamentos ideológicos, sociales y políticos

El nuevo régimen instaurado en 1939 tuvo desde un principio unos fundamentos ideológicos muy claros:

Concentración del poder político en Franco. La "adhesión inquebrantable" al Caudillo fue el elemento clave de todo el edificio político del franquismo.
Anticomunismo. Este factor fue clave desde el inicio de la guerra civil. La guerra fría entre EEUU y la URSS dese 1945 hizo que el régimen franquista reforzara aún más este aspecto para ser aceptado en el mundo occidental.
Antiparlamentarismo y antiliberalismo. El franquismo siempre se mostró contrario a las libertades políticas.
Nacionalcatolicismo. La Iglesia fue la gran legitimadora de la dictadura franquista. A cambio dominó la vida social y la educación. Una estricta moral católica en lo público y en lo privado se impuso en el país.
Defensa de la "unidad de la Patria". Negativa a cualquier autonomía política de las regiones y fomento del castellano como única lengua española. La prohibición de las otras lenguas peninsulares fue estricta en los primeros momentos para, posteriormente, evolucionar hacia una cierta tolerancia.
Tradicionalismo. La idea de España que defendió la dictadura se basó en raíces históricas a menudo adulteradas (La Reconquista, el Imperio, Defensa del Catolicismo)
Militarismo. Preponderancia social del estamento militar (desfiles, uniformes, himnos, bandera...)
Rasgos fascistas: símbolos y uniformes, exaltación del Caudillo, violencia como medio político. Los aspectos externos más comprometedores (saludo fascista) fueron atenuados tras la derrota de Hitler y Mussolini en 1945.

Las bases sociales de la Dictadura

Franco asentó su nuevo régimen en:

La oligarquía terrateniente y financiera que recuperó su hegemonía social y fue la gran beneficiaria de la política económica intervencionista del régimen
Clases medias rurales del Norte y Castilla que estaban bajo una fuerte influencia de la religión católica.

La mayor parte de las clases medias urbanas y de las clases trabajadoras apenas respaldaron a la dictadura. En los primeros años de la dictadura, la represión sistemática, la miseria y la desmoralización tras la derrota impidieron que esa falta de apoyo se concretara en oposición al régimen.

La situación cambió en los años sesenta. El desarrollo económico hizo que el régimen contara con mayor consenso social entre las clases medias y trabajadoras, aunque al mismo tiempo la tímida liberalización del país propició el desarrollo de la oposición.

Las bases políticas del régimen

La dictadura basó sus sistema político en la estricta prohibición de los partidos políticos, unida a una brutal represión contra los que habían apoyado a la República. En 1937 se había establecido el partido único, la FET de las JONS, que vino a denominarse el Movimiento Nacional.

Sin embargo, dentro del régimen, bajo una completa subordinación al Caudillo, hubo diferentes familias políticas, es decir, grupos con diversa sensibilidad política que trataron de influir en las decisiones tomadas por Franco:

- Falangistas La Falange no tenía nada que ver con el pequeño grupo fascista creado por Jose Antonio. Ahora los falangistas se hallaban integrados en el partido único bajo el liderazgo absoluto de Franco.

Su principal función fue el control de la vida social y económica del país a través de diversas instituciones del régimen: el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, y la Organización Sindical.

La Falange jugó un rol importante en los primeros momentos de la dictadura. Tras la derrota de las potencias fascistas del Eje en 1945 pasó a tener un papel más secundario.

- Militares Los militares tuvieron prestigio y poder político, pero estuvieron completamente subordinados a Franco. Alguno de los más importantes colaboradores del dictador, como Carrero Blanco, fueron militares.

- Católicos Muchos cuadros y dirigentes de la dictadura procedieron de instituciones religiosas como el Opus Dei. Tras el Concilio Vaticano II distanciamiento entre la dictadura y parte de la Iglesia

- MonárquicosTras el final de la guerra, los carlistas jugaron un papel secundario, desapareciendo como fuerza política relevante.

Pese a que Franco se negó a ceder la jefatura del estado a Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I, muchos monárquicos colaboraron con la dictadura, especialmente en los primeros años del régimen.

En la práctica, todas estas familias tuvieron un papel secundario Franco siempre impidió que alguien acaparara demasiado poder y buscó un equilibrio que garantizara su poder omnímodo.

Evolución política y coyuntura internacional 1939-1959

La institucionalización del régimen: las leyes orgánicas

El dictador, que concentraba todo el poder, asumió la función constituyente. Poco a poco el régimen fue aprobando diversas Leyes Orgánicas, que configuraron lo que se vino a en llamar las Leyes

Fundamentales del Movimiento:

Fuero del Trabajo, 1938

Prohibición de los sindicatos libres. Siguiendo el modelo fascista, la Organización Sindical se configuró como el sindicato único controlado por la Falange.

Ley Constitutiva de las Cortes, 1942

Cortes elegidas por sufragio indirecto basado en diversas corporaciones: la familia, el municipio, y el sindicato. En la práctica, eran unas elecciones totalmente amañadas y los representantes elegidos eran los que deseaba el régimen.

Fuero de los Españoles, 1945

Teórica declaración de derechos y deberes impregnada de la mentalidad tradicionalista y católica. No supuso ningún reconocimiento real de derechos políticos o sociales.

Ley de Referéndum Nacional, 1945

Esta ley permitía al Jefe del Estado convocar plebiscitos para que el pueblo, en un marco de ausencia de libertades, refrendara una ley.

Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 1946

España fue declarada "reino" y Franco se reservó el poder de proponer su futuro sucesor. Esta ley constituyó una gran decepción para los monárquicos que soñaban con que Franco propiciara la vuelta al trono de los Borbones.

Hambre y represión de la posguerra

Los años cuarenta y hasta bien entrados los cincuenta fueron los "Años del hambre":

Racionamiento de los alimentos.
Extensión del mercado negro de todo tipo de productos. El "Estraperlo" se convirtió para muchos en el único medio para adquirir bienes necesarios y para unos pocos en la forma de enriquecerse rápidamente.
Corrupción generalizada. La vida social se basó en la "recomendación", en tener contactos con los burócratas del régimen que facilitaran la dura vida de la época.

Represión

La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 fue la herramienta jurídica utilizada para la dura represión que llegó al final de la guerra. El número de prisioneros políticos fue tan grande que se tuvieron que habilitar campos de concentración a lo largo de todo el país. Las ejecuciones se contaron por decenas de miles.

La represión de la posguerra propició un clima de terror generalizado entre gran parte de la población. Especialmente en las ciudades, las zonas industriales y el sur del país. Este terror explica la debilidad de la oposición durante años.

La Política Exterior

La alianza con las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial

El 7 de abril, recién acabada la guerra, Franco hizo pública su adhesión al Pacto Antikomintern, el acuerdo anticomunista que asociaba a la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón.

En octubre de 1940, tras la invasión nazi de Francia, tuvo lugar la entrevista entre Franco y Hitler que a punto estuvo de meter a nuestro país en el conflicto mundial. Finalmente no fue así. Hitler no aceptó las ambiciosas pretensiones de Franco sobre el Marruecos francés y la incorporación a la guerra de un país exhausto no era de gran interés para el Eje. Sin embargo, para mostrar su apoyo a las potencias fascistas, España envío a la División Azul a luchar junto a las tropas nazis en el frente ruso.

Las derrotas del Eje hicieron que, a partir de 1942, Franco comenzara un cauteloso giro en su política internacional buscando la conciliación con los países aliados. La destitución de su cuñado Serrano Súñer, excesivamente germanófilo para los nuevos tiempos muestra este cambio de actitud.

El aislamiento internacional y los cambios dentro del régimen

En 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas votó contra el ingreso de España. La dictadura de Franco era considerada aliada de las potencias fascistas recién derrotadas.

A esta condena internacional siguieron años de aislamiento económico y político, aunque EEUU trataba de no romper completamente con un régimen que podía ser su aliado en la recién iniciada guerra fría. Pese a ello, España no recibió ninguna ayuda del Plan Marshall, ni fue admitida en la OTAN.

Mientras la dictadura trató de lavar su imagen internacional, reduciendo el protagonismo de los falangistas y de todos los símbolos (saludo fascista...) que recordaran a las potencias del Eje. Paralelamente, los católicos obtenían mayor presencia en la dictadura. El apoyo de la Santa Sede era esencial para salir del aislamiento internacional.

El fin del aislamiento: el acuerdo con los EE.UU.

Se puede afirmar que el inicio de la guerra fría salvó al régimen de Franco. La hostilidad hacia la URSS provocó un giro en la posición internacional norteamericana. En el interior eran los tiempos de la histeria anticomunista propiciada por el senador McCarthy.

En 1950, la ONU, a instancias de EEUU, recomendó el fin del aislamiento diplomático de España. En 1953 se firmaron los Acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, que permitieron la instalación de bases militares norteamericanas en España en Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón y Rota. A cambio España recibió una ayuda económica norteamericana no comparable a la que recibieron otros países europeos con el Plan Marshall. También en 1953 se firmó el Concordato entre España y la Santa Sede.

Los conflictos políticos internos de la década de los 50

Tras el terror y la paralización del país durante los años cuarenta, en los años cincuenta aparecen las primeras protestas de la oposición:

En 1956, tuvieron lugar diversos incidentes en la Universidad de Madrid entre estudiantes antifranquistas y miembros del SEU y el boicot a los tranvías en Barcelona, en 1951, mostraba las primeras protestas obreras.

Sin embargo, esta reactivación de la oposición tuvo una incidencia muy débil. Lo más importante políticamente del período fue el acceso al gobierno de varios ministros del Opus Dei al gobierno en 1957. Esta incorporación fue la antesala de la reforma económica de 1959 que traería la liberalización de la economía y el desarrollo de los sesenta.

El inmovilismo político quedó consagrado en 1958 con la aprobación de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en la que simplemente se resumían los viejos principios ideológicos del régimen.

El fin del aislamiento internacional quedó claramente expuesto con la visita del presidente norteamericano Eisenhower a a España en 1959. El abrazo entre el general que había intervenido de forma clave en la derrota de Hitler y el dictador que había sido aliado del Führer mostraba como la guerra fría había cambiado la política internacional.

Evolución económica y social 1939-1959

La autarquía de posguerra

En 1939, España era un país arruinado. Diezmada demográficamente, el hambre y la extrema necesidad eran la realidad cotidiana de una gran parte de la población.

La solución que dio el régimen franquista a la penuria económica estuvo marcada por el modelo creado en la Italia mussoliniana y consolidado en la Alemania de Hitler: la autarquía, una política económica basada en la búsqueda de la autosuficiencia económica y la intervención del estado.

El intervencionismo del Estado se extendió por gran parte de la economía nacional. El Estado fijó los precios agrícolas y obligó a los campesinos a entregar los excedentes de sus cosechas. Se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941 para mejor controlar la exangüe industria española y se estableció un rígido control del comercio exterior.

Un gran fracaso económico

Los años de la posguerra marcaron una tremenda regresión en el terreno económico. El hundimiento de la producción agrícola e industrial fue acompañado de una vuelta atrás histórica: el sector primario volvió a superar el 50 por ciento de la renta nacional.

En un contexto de escasez e intervención estatal, el mercado negro, el estraperlo, y la corrupción generalizada (licencias importación y exportación, suministros al Estado...) se apoderaron de la economía del país. Esta situación se vio fuertemente agravada por la coyuntura internacional. A la segunda guerra mundial, 1939-1945, le sucedió un período de aislamiento por la condena internacional del régimen de Franco como aliado del Eje.

Los años 50: el fin de la autarquía

El evidente fracaso del modelo autárquico llevó a que desde los inicios de los años cincuenta se produjera un giro en la política económica.

Se aplicó una liberalización parcial de precios y del comercio y la circulación de mercancías En 1952 se puso fin al racionamiento de alimentos.

Estas medidas trajeron una cierta expansión económica. Finalmente, en 1954 se superó la renta por habitante de 1935. Se ponía fin a veinte años perdidos en el desarrollo económico español.

La guerra fría y el consiguiente cambio en la política internacional norteamericana propiciaron que desde 1951 comenzara a llegar ayuda económica norteamericana. Aunque inferior a la recibida por los países beneficiarios del Plan Marshall, esta ayuda permitió importaciones de bienes de equipo imprescindibles para el desarrollo industrial.

El incipiente desarrollo trajo, sin embargo, una fuerte inflación que propició un fuerte malestar social. La necesidad de reformas estructurales en la economía era evidente. Finalmente, Franco, tras veinte años de políticas económicas nocivas, permitió la entrada en el gobierno en 1957 de un grupo de tecnócratas del Opus Dei. Estos nuevos ministros diseñaron el giro definitivo en la política económica: el Plan de

Estabilización de 1959.

La transición política

Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático.

Este proceso de transición se ha convertido al pasar los años en un modelo para muchos países por el escaso nivel de violencia que la acompañó.

Las fuerzas políticas en escena

Los Franquistas

Al morir Franco, las diferencias entre el "bunker", organizado en torno a figuras como Blas Piñar, y los "aperturistas" se agudizaron. Entre estos últimos había políticos veteranos de la dictadura que estaban convencidos de la necesidad del cambio, este era el caso de Fraga o Areilza, y jóvenes que no habían vivido la guerra civil y que iban a desempeñar un papel clave en la transición. Adolfo Suárez será la figura clave en este grupo.

Las fuerzas de oposición

Las fuerzas de la derecha liberal eran muy débiles y se agrupaban en torno a figuras como Ruiz Gimenez y Gil Robles o los partidarios de Juan de Borbón, padre del monarca.

Entre las fuerzas nacionalistas hay que destacar la aparición de una nueva fuerza hegemónica en Cataluña, Convergència Democràtica de Catalunya dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco será la fuerza mayoritaria. Teóricamente contrario al terrorismo, en la práctica no se enfrentaba con las acciones de una ETA cada vez más activa.

Entre las fuerzas de izquierda sobresalía el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo, y, sin lugar a dudas, el partido más organizado y activo al acabar la dictadura. El PSOE había celebrado un Congreso en Suresnes (Francia) en 1974 en el que un nuevo grupo dirigente organizado en torno a Felipe González y Alfonso Guerra había llegado al poder. El Partido Socialistas Popular de Enrique Tierno Galván era otra fuerza de izquierda que terminó finalmente por unirse al PSOE.

La hegemonía comunista también se reflejaba en el mundo sindical. Comisiones Obreras era el sindicato más poderoso, mientras que la UGT comenzaba a reorganizarse. La histórica CNT se convirtió en una fuerza meramente simbólica.

Las disensiones entre el PCE y el PSOE impidieron que toda la oposición democrática se coaligara en una única alianza. Así, surgieron la Junta Democrática, dominada por el PCE y con fuerte capacidad de movilización y la Plataforma de Convergencia Democrática, donde el PSOE, el PNV y la UGT eran las fuerzas principales.

Los primeros momentos del reinado de Juan Carlos I. El gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975-julio 1976)

Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron caracterizados por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería una mera continuador del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se fue rodeando de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández Miranda, que diseñaron un plan de cambio político. Este cambio se vino en denominar la reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas.

En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa.

El gobierno de Arias fracasó a la hora de implementar un proceso de reformas creíble y respondió con represión a las protestas sociales. Una oleada de huelgas se extendió por el país en enero de 1976. La respuesta represiva culminó con los incidentes de Vitoria, en marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron a manos de la policía.

Ese mismo mes de marzo, toda la oposición se agrupó en la Coordinación Democrática lo que reforzó las protestas contra el inmovilismo del gobierno de Aria Navarro. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.

El Gobierno Suárez y la Ley de Reforma Política

El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente del gobierno fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia.

Poco tiempo después, en septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo desde el propio régimen. Paralelamente, Suárez inicio contactos discretos con la oposición democrática.

Los sectores más inmovilistas del franquismo, crecientemente irritados por la evolución política y los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para organizar un golpe militar contra el incipiente proceso de reformas. En septiembre de 1976, Suárez nombró al teniente general Gutiérrez Mellado vicepresidente del gobierno. Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército.

Pese a las conspiraciones golpistas y a los actos terroristas de ETA, la conciencia de los cambios eran inevitables, llevaron a las Cortes franquistas a aprobar en noviembre la Ley de Reforma Política, lo que suponía su "suicidio político".

Avances de la oposición

Poco a poco, la oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE celebró en Madrid su XXVII Congreso al que asistieron importantes líderes internacionales. Santiago Carrillo, el líder comunista dio una rueda de prensa clandestina en Madrid reclamando el derecho del PCE a ser legalizado. Detenido el 23 de diciembre de 1976 , fue puesto en libertad ocho días después.

Ese mismo mes se había celebrado un referéndum popular sobre la Ley de Reforma Política. La respuesta había sido contundente: con 77.7% de participación, el 94.1% de los votos habían sido positivos.

La oposición, que en un principio había desconfiado de Suárez, pasó a aceptar lo inevitable: el fin del franquismo no se realizaría mediante lo que denominaban la ruptura democrática (gobierno provisional, amnistía, legalización de todos los partidos, elecciones libres...). En adelante, gran parte de la oposición pasó a apoyar un proceso de reforma que iba a concluir en el establecimiento de un genuino régimen democrático.

El año clave: 1977

El proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutuamente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo más duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, diarios del régimen como El Alcázar, o grupos políticos como Fuerza Nueva dirigida por Blas Piñar. Esta extrema derecha centró sus esfuerzos en alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como el GRAPO. Con sus ataques al ejército y las fuerzas policiales alimentaban las posibilidades de un golpe militar.

La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977, cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la transición. Al asesinato de un estudiante en una manifestación pro-amnistía por parte de los "Guerrilleros de Cristo Rey", le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa, por parte del GRAPO y la matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha.

La respuesta popular fue una gran manifestación de repulsa en Madrid que se desarrolló pacíficamente y que mostró claramente la voluntad general de continuar los cambios de forma pacífica.

Adolfo Suárez, aunando coraje y habilidad política, supo sortear los obstáculos y adoptó medidas que permitieron el paso a un régimen democrático. La legalización del PCE en abril de 1977 y la amnistía de los presos políticos llevaron a la celebración de las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República en junio de 1977.

El partido triunfador fue la Unión del Centro Democrático (UCD), nuevo partido organizado por Suárez en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con algunos elementos moderados de la antigua oposición democrática. La UCD obtuvo el 34.5% de los votos.

El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González con casi el 30% de los votos. Ante la sorpresa de muchos, el PSOE se hizo con la hegemonía en la izquierda. Por detrás quedó el PCE con un 9.4% y la Alianza Popular de Manuel Fraga con el 8.0%. Convergència i Unió de Jordi Pujol y el PNV se constituyeron como las principales fuerzas nacionalistas.

El nuevo gobierno de Suárez se aprestó a hacer frente a los dos principales desafíos del momento: elaborar una Constitución que articulara políticamente el nuevo sistema democrático y hacer frente al terrorismo de ETA, que seguía atentando pese a una amnistía total decretada en octubre de 1977, y al peligro golpista.

Todo este delicado proceso político debía hacerse en un contexto de profunda crisis económica. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro y la inflación crecían alarmantemente. Para estabilizar la situación económica las principales fuerzas políticas firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer frente a las graves dificultades económicas.

El proceso constitucional

A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes.

Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional. Estos siete diputados, los "padres de la constitución" fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Turá del PCE; Miquel Roca, en representación de Minoría Catalana y del PNV ; y Manuel Fraga de AP. La ausencia de un representante del PNV ligada a la cuestión de los "derechos históricos", tuvo graves consecuencias ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó finalmente el texto constitucional.

La palabra que más se utilizó durante el proceso de redacción de la constitución fue la de "consenso". Se trataba de evitar la triste tradición española de "constituciones de partido" que habían jalonado especialmente nuestro siglo XIX. Aquellas cuestiones que suscitaban mayores diferencias fueron redactadas de tal forma que pudieran ser aceptadas por las diversas fuerzas políticas. Esta es la razón de la cierta ambigüedad que se puede encontrar en algunos artículos de la Constitución.
Tras su debate en el Congreso y en el Senado, el texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos.

El proceso preautonómico

Ante el deseo de autogobierno de vascos y catalanes, manifestado de forma espectacular el 11 de septiembre cuando millón y medio de catalanes se manifestaron por la autonomía en Barcelona, el gobierno de Suárez inició el proceso preautonómico antes de la aprobación de la Constitución.

Suárez optó por el restablecimiento formal de la Generalitat, en septiembre de 1977, y en el País Vasco en diciembre de ese mismo año se creó el Consejo General Vasco, como régimen preautonómico para la región. A principios de 1978, Cataluña y País Vasco eran regiones preautonómicas. Entre abril y octubre de 1978, se crearon por decreto-ley, organismos preautonómicos para el gobierno de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias.

Ante las demandas de autonomía de catalanes y vascos, y en menor medida de gallegos, el gobierno de UCD optó por impulsar la generalización del principio de autonomía regional. Se trataba de lo que coloquialmente se denominó "café para todos" y prefiguró el futuro constitucional de la estructura territorial de España.

Contenido de la Constitución

En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución:

Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria.

El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución.

El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles.

Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc.

La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España. Esta modificación se hacía necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la Corona se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal.

La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado:

Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.
El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.

En su título VIII la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen.

Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades autónomas.

Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales.

Aprobada la Constitución, se constituyeron en el período 1979-1983 las actuales Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Mellilla constituidas en 1995). Cada una de estas comunidades posee una Asamblea Legislativa y un Gobierno propios.

La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.

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