Parlamentarsmo en Chile El Régimen y sus Principios resumen y tema
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Parlamentarsmo en Chile El Régimen y sus Principios resumen y tema
Parlamentarsmo en Chile El Régimen y sus Principios
El Régimen y sus Principios
Con la revolución de 1891 no sólo se derrocó a un Presidente, cayó también la autoridad presidencial y el principal responsable fue el Partido Conservador, que entre sus más gloriosas tradiciones ostentaba la Constitución de 1833. Ese conjunto de leyes hizo del Presidente de la República una autoridad incuestionable, concentrándose todos los poderes del Estado. Sin embargo, fue la mayoría conservadora del Congreso que se opuso al Presidente Balmaceda y determinó el destino de Chile.
Inmediatamente destituido Balmaceda, a fines del mismo año se promulgó la nueva ley de municipalidades, la cual dividió el país en una multitud de comunas, que serían administradas por su respectiva municipalidad, cuyos miembros o "regidores", elegidos popularmente, duraban tres años.
Los poderes otorgados a estas corporaciones fueron inmensos, destacando la salubridad, el aseo y el ornato de las poblaciones, el fomento de la educación pública y de todas las industrias y el mantenimiento de la policía de seguridad.
Pero ninguna facultad más importante que la constitución del poder electoral. Las inscripciones de los ciudadanos y las votaciones populares para elegir a sus propios regidores, a los diputados, a los senadores y al Presidente de la República, estuvieron a cargo de las municipalidades. La comuna autónoma terminó con la intervención oficial en las elecciones.
A lo anterior se agrega la ley de incompatibilidades parlamentarias, dictada en tiempo de Balmaceda. Por esta ley, los cargos legislativos se oponían a cualquier empleo que pagara el Estado, con lo cual ningún funcionario pudo desde entonces entrar en el Congreso y seguir a la vez desempeñando su empleo. El fin de tal resolución fue impedir que algún empleado público fuese elegido para defender en las cámaras la política del Presidente.
De tal forma se estableció el régimen parlamentario, que consistía en que el Presidente gobernaba de acuerdo con el Congreso, representado por su mayoría. La elección libre del Congreso y del Presidente contribuiría a mantener el equilibrio y a afianzar la armonía entre ambos poderes. Sin embargo, en la práctica sucedió lo contrario..
Al poder del Presidente la sustituyó la omnipotencia del Congreso. Dentro del régimen parlamentario, el Congreso, elegido popularmente con independencia del Poder Ejecutivo, constituía sus mayorías con igual independencia, y como el Presidente no podía gobernar sin el acuerdo de estas mayorías resultaba que á ellas tenía que someterse en todos sus actos.
Las mayorías eran esporádicas, las cuales ocupaban los ministerios con sus delegados respectivos, los que trataban pronto de sobreponer los intereses de su agrupación a los de las agrupaciones aliadas; si el Presidente cedía a sus pretensiones, se rompía la solidaridad ministerial y la agrupación que se creía agraviada retiraba sus ministros.
El conflicto así presentado, entre la mayoría parlamentaria y el Presidente, se resolvía entonces en una crisis ministerial, las que fueron frecuentes durante los treinta y tres años de parlamentarismo (1892-1924). Fue lo que se llamó la "rotativa ministerial".
La Presidencia de la República fue un cargo decorativo, a lo más un elemento de conciliación. El Gobierno perdió su unidad. Los presupuestos de cada año se recargaron con gastos inútiles, en sumas cuantiosas, a fin de pagar con empleos administrativos servicios electorales.
Hubo desperdicio financiero y desorganización administrativa. Los parlamentarios intervenían en las oficinas públicas, intimidaban a los funcionarios, los abrumaban con sus exigencias, y hasta los partidos llegaron a pactar sus alianzas con base en reparto de altos empleos entre sus militantes.
Los partidos políticos
Desde la revolución de 1891 hasta 1924 se declararon siete partidos políticos. A conservadores, liberales, nacionales y radicales se agregaron el Partido Liberal Democrático, formado por el núcleo político que apoyó al Presidente Balmaceda durante la revolución; el Partido Demócrata (1887) y el grupo Liberal Independiente.
Ninguna de las colectividades políticas tuvo fuerzas suficientes para gobernar por sí sola. Todas necesitaron unirse a colectividades afines o antagónicas para componer una mayoría parlamentaria. Las dos agrupaciones extremas, la radical y la conservadora, se atacaron siempre y después, en más de una ocasión, fueron unidas al gobierno.
El núcleo liberal denominado "doctrinario" al pretender mantener las tradiciones del partido histórico, permaneció unido al radical; a su vez, los conservadores tuvieron de su parte a los nacionales.
Entre todas esas agrupaciones, los liberales democráticos sirvieron de partido de centro: al lado que ellos se inclinaban estuvo la mayoría durante varios años.
Radicales, liberales doctrinarios y liberales democráticos constituyeron y deshicieron varias veces la llamada Alianza Liberal. Por su parte, conservadores nacionales y liberales democráticos organizaron varias veces también la llamada Coalición Liberal-Conservadora. Demócratas e independientes se incorporaban en ésta o en aquella combinación, según el momento, es decir, según sus conveniencias electorales, políticas y administrativas.
El Gobierno de Jorge Montt Álvarez (1891-1896)
Promulgó la ley de amnistía, el mismo día en que asumía el cargo, el 26 de diciembre de 1891, donde se beneficiaba a quienes pudieran haber cometido "delitos políticos". Se le consideraba por su recia personalidad. No tuvo contendor en la elección presidencial.
Su primer Gabinete reflejó el carácter universal que tuvo su candidatura, pero no alcanzó a durar tres meses. Aprobó la ley que obligaba al Estado a canjear los billetes por moneda, con lo que después de diecisiete años los oreros (defensores del oro) triunfaban sobre los papeleros.
El Gobierno de Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901)
La coalición formada por liberales, conservadores y nacionales llevó a la Presidencia a Federico Errázuriz Echaurren, a quien le correspondió protagonizar el acto de amistad chileno-argentino llamado “el abrazo del Estrecho”, junto al Presidente general Julio Roca, de Argentina, por la delimitación de la Puna de Atacama. El conflicto, provocado una vez más por Argentina, lo resolvió el árbitro norteamericano William G. Buchanan quien ratificó para Chile 20.000 kilómetros cuadrados y lo despojó de 60.000 kilómetros cuadrados que fueron entregados a la Argentina.
Obras Públicas
Durante esta administración se iniciaron varias obras públicas: alcantarillado de Santiago, servicio de tranvías para Santiago y Valparaíso, el estanque de Peñuelas para dotar de agua potable a Valparaíso y Viña del Mar.
El Gobierno de Germán Riesco (1901-1906)
El Presidente Germán Riesco nació en Rancagua el 28 de mayo de 1854. De profesión abogado, su candidatura fue propiciada por la Alianza Liberal. Durante su administración estallaron una cantidad de huelgas de mineros, estibadores de Valparaíso y en el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.
El hecho de mayor gravedad ocurrió en la plaza de Antofagasta, donde se concentraron tres mil obreros para respaldar las peticiones a la Compañía del ferrocarril. El Gobierno repelió la protesta, reconociendo nueve muertos. Sin embargo, la Cámara de Diputados denunció que los muertos eran 58. Estos hechos ocurrieron el 6 de febrero de 1906.
Entre los principales líderes sindicales de la época sobresale Luis Emilio Recabarren, miembro del Partido Demócrata y fundador del Partido Socialista Obrero (1912). Se le considera el fundador del Partido Comunista en Chile.
En relación con el problema de límites con Argentina se firman dos convenios, llamados los pactos de mayo de 1902.
El Gobierno de Pedro Montt Montt (1906-1910)
La Unión Nacional, compuesta de radicales, nacionales, liberales, liberales doctrinarios y un grupo separado del Partido Conservador, hizo nacer la candidatura de Pedro Montt Montt, hijo del ex presidente Manuel Montt Torres (1851 a 1861).
Obras Públicas
Destaca el ferrocarril longitudinal que uniría al país desde Tacna hasta Puerto Montt; el ferrocarril entre Ancud y Castro, las obras del Puerto de Valparaíso.
A comienzos de 1910 se efectuó la inauguración de las secciones chilena y argentina del ferrocarril trasandino. Se construyen la Escuela y Museo de Bellas Artes, la Escuela de Farmacia, el Instituto Comercial, el Instituto de Educación Física y la Escuela Normal de Preceptores de La Serena.
No obstante aquello, el conflicto más importante que debió enfrentar fue a fines del mes de diciembre de 1907, en Iquique, donde se produjo uno de los hechos más sangrientos del historial de las luchas sociales.
Los cargadores y lancheros de las compañías salitreras en Iquique declararon la huelga y se reunieron en la plaza y en la Escuela Santa María. Entre hombres, mujeres y niños se estima que se congregaron entre ocho mil y diez mil personas.
Después de declararse el estado de sitio, el coronel Roberto Silva Renard dio orden de evacuar la plaza con la orden de disparar. Las cifras oficiales señalan entre 130 y 140 el número de muertos y heridos. Fuentes extraoficiales señalan en 195 el número de muertos.
En materia económica, el Congreso obligo a Pedro Montt hacer una emisión de treinta millones de pesos papel. Sin embargo, en 1909, el Congreso dictó una ley, postergando esa operación financiera para 1915. El Presidente vetó esta última ley, pero fue vencido por el Congreso.
Lamentablemente, Montt no terminó con su período y el Vicepresidente Elías Fernández Albano le sucede en el cargo, falleciendo también a principios del mes de septiembre. La jefatura del Ejecutivo lo ejerce Emiliano Figueroa, con el título de Vicepresidente, quien entrega el poder al estadista Ramón Barros Luco.
El Gobierno de Ramón Barros Luco (1910-1915)
Obras Públicas
Construyó la Escuela de Ingeniería, el puerto de San Antonio y el edificio de la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico y el Archivo Nacional.
La primera guerra mundial de 1914 afecto al salitre con la creación del nitrato sintético, lo que generó cesantía. Chile mantuvo la neutralidad en esa guerra.
Desde un punto de vista político, estimuló el civismo del elemento trabajador y fortificó sus aspiraciones hacia una influencia política más resaltada, con el propósito de conseguir un mayor bienestar económico y social, lo que se traducía en justicia en la repartición de la riqueza nacional.
El Gobierno de Juan Luis Sanfuentes Andonaegui (1915-1920)
La Ley de Educación Primaria Obligatoria y las Leyes Sociales
Se aprobó la ley de instrucción primaria obligatoria, una vez que en 1917 el educador Darío Salas publicó su obra "El problema nacional", que sirvió de base para la presentación del proyecto de ley.
Sanfuentes, además, logró la aprobación de varias leyes sociales en beneficio para la clase trabajadora. Se destaca la de accidentes del trabajo (1916), sobre descanso dominical (1917) y sobre retiro y previsión social del personal de ferrocarriles.
El Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920-1925)
La oposición al Senado
Desde un principio su administración fue agitada. Ascendió al poder con el apoyo de la Alianza Liberal, que estaba en mayoría en la Cámara de Diputados, pero no así en el Senado, situación que se mantuvo en las elecciones de marzo de 1921.
La Unión Nacional se transformó en oposición a la candidatura de Alessandri teniendo una situación muy difícil. En la Cámara de Diputados contaba con la adhesión incondicional, en cambio, en el Senado tenía una mayoría dispuesta a impedir su acción gubernativa.
Esta situación se refleja en que el régimen parlamentario obligaba a que los ministerios tuviesen la confianza de ambas cámaras, expresada por sus mayorías. Sin embargo, los ministerios duraban unas pocas semanas ya que recibían la censura del Senado y a veces hasta la censura de sus propios amigos en la otra cámara.
Las prácticas Parlamentarias
Las prácticas de los parlamentarios se caracterizaban por continuar gestionando empleos para sus camaradas utilizando con ello dineros del fisco.
No obstante, el gobierno del presidente Alessandri consiguió la aprobación de varias leyes de carácter financiero (préstamos y reformas tributarias) para la ejecución de las obras públicas; leyes destinadas a la protección de la industria, del trabajo y de las clases trabajadoras, y la firma del protocolo con el Perú, para entregar al fallo arbitral del presidente de los Estados Unidos la solución definitiva de la cuestión de Tacna y Arica (1922).
Sin embargo, las relaciones Senado y gobierno se polarizaron, produciéndose un movimiento de opinión tendiente a cambiar el régimen constitucional reinante. Se privaría al Senado de sus atribuciones políticas, sobre todo de la de censurar los ministerios, y se implantaría un sistema de mayor estabilidad gubernamental. Todo esto bajo la dirección del Presidente de la República.
La Dieta Parlamentaria
Tras las elecciones parlamentarias de 1924, el nuevo Congreso inició en junio sus sesiones, tratando la ley de presupuestos del mismo año que aún no se despachaba. Pero, su labor fue casi improductiva: La indisciplina de los partidos de mayoría llegó a límites insospechados. A principios de septiembre, el Congreso se desprestigió, producto de su incapacidad para resolver y despachar los proyectos de ley. El jefe del gabinete, Pedro Aguirre Cerda, no logró conseguir que el Congreso se pronunciara sobre los mensajes sometidos a su consideración.
La aprobación de la ley sobre la dieta parlamentaria, remuneración de los integrantes del congreso por su trabajo legislativo, determinó que la oficialidad del ejército intervino en forma decisiva para evitar que fuera promulgada la ley de la dieta.
El general Luis Altamirano, inspector en jefe del ejército, pidió al Presidente de la República que interpusiera su veto a dicha ley, como también, la cooperación del Ejecutivo para el inmediato despacho de varios proyectos que el Congreso mantenía pendientes, entre los cuales figuraba el relativo a la situación económica del personal de las fuerzas armadas. Así se inició el movimiento militar del 5 de septiembre de 1924.
Renuncia de Alessandri, y la Junta Militar de Gobierno
El Presidente, producto de ello, renunció a su cargo. El general Altamirano asumió el Ejecutivo en calidad de vicepresidente, y dos días después constituía una Junta Militar de Gobierno. Su primera medida fue la disolución del Congreso.
Esta Junta de Gobierno se mantuvo en el poder hasta el 23 de enero de 1925, cuando una nueva Junta Militar, compuesta de un general y un almirante, y presidida por un civil, que fue Emilio Bello Codesido. La razón: se le atribuían a la Junta concomitancias con la candidatura de Ladislao Errázuriz, y se le hacían cargos, además, por no haber realizado el programa de reformas sociales y económicas.
Esta Junta sustentaba la idea de una nueva Constitución, y la vuelta inmediata al poder del Presidente Alessandri, sin antes lograr la protección de las masas obreras y la implantación de mejores condiciones de salubridad pública. José Santos Salas, médico de los servicios militares, fue él alma de ese movimiento, como Ministro de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo.
Triunfal Regreso de Alessandri
La Reforma Constitucional de 1925
El Presidente Alessandri llegaba a Santiago el 20 de marzo de 1925 y reasumía el poder. Inmediatamente dedicó sus esfuerzos a preparar la reforma de la Constitución, por medio de una comisión Consultiva, la cual creó un proyecto de reforma constitucional que un plebiscito sancionó.
La nueva Constitución creó un Poder Ejecutivo fuerte, con amplias atribuciones administrativas, sin perjuicio de las libertades públicas y las garantías individuales; terminó con la facultad de derribar los ministerios mediante la censura, y facultó a la Cámara de Diputados para entablar ante el Senado la acusación de los ministros y aun del Presidente de la República, por diversos abusos de poder; aumentó a seis años la duración del periodo presidencial y estableció que se elegiría en votación directa; incompatibilizó los cargos parlamentarios con los de ministro; proveyó al mejoramiento de la administración pública; separó la Iglesia del Estado y garantizó la más amplia libertad de conciencia y del ejercicio de cultos religiosos.
Según el texto, "La Constitución asegura a todos los habitantes de la República... 2° La manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, pudiendo, por tanto, las respectivas confesiones religiosas erigir y conservar templos y sus dependencias con las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor; pero quedarán sometidas, dentro de las garantías de esta Constitución, al derecho común para el ejercicio del dominio de sus bienes futuros. Los templos y sus dependencias, destinados al servicio de un culto, estarán exentos de contribuciones".
Sobre las libertades públicas y los derechos individuales, reconoció la propiedad de cualquier especie como inviolable; pero agregó que "El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social; y, en tal sentido, podrá la ley imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses generales del Estado, de la salud de los ciudadanos y la salubridad pública".
Además, aseguró a la vez: "La protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana y a las condiciones económicas de la vida, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y a las de su familia. La ley regulará esta organización. El Estado propenderá a la conveniente división de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar".
Esta nueva Constitución suprimió la Comisión Conservadora y el Consejo de Estado; creó un Tribunal Calificador permanente, renovable cada cuatro años y compuesto de cinco miembros, elegidos por sorteo, de entre los ex presidentes o vicepresidentes de ambas cámaras y de entre los ministros de las Cortes Superiores de Justicia, para discutir la legalidad de las actas electorales.
A su vez se hizo más fácil la reforma del texto constitucional. La propuesta de reforma se tramitará como un proyecto de ley, pero deberá ser aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados y el Senado, con la mayoría de los miembros de cada corporación en actual ejercicio; sesenta días después se reunirán ambas cámaras en Congreso Pleno, con el mismo quórum indicado.
En caso de falta de quórum el Congreso Pleno se reunirá al día siguiente y procederá a la votación con los miembros que asistan. El Presidente de la República no puede "vetar" el proyecto de reforma aprobado, pero si puede proponer correcciones o modificaciones. Si se mantiene la discrepancia entre el Presidente y el Congreso, se resolverá por medio de un plebiscito. Sin embargo, si el Congreso Pleno rechazara el proyecto en su totalidad, no habrá instancia a consulta plebiscitaria ni reforma.
La Constitución de 1925 se promulgó y juró el 18 de septiembre. Con ella, el parlamentarismo terminaba, y la Constitución de 1833 fue cambiada por un código fundamental nuevo que, aparte las disposiciones de que se ha dado cuenta, restablecía en otra forma el régimen llamado "presidencial".
Nuevo Exilio de Alessandri
Una vez que la Constitución de 1925 se promulgó, se eligió un nuevo Congreso. Sin embargo, la agitación electoral de aquella época determinó la renuncia del Presidente Alessandri el 1° de octubre de aquel año, a falta de tres meses para el termino de su mandato. Luis Barros Borgoño, asumió el poder el día mencionado en calidad de vicepresidente y Alessandri volvió otra vez al exilio.
La "Cuestión Social" y el retorno al Presidencialismo
Durante 1891 y hasta 1925 se manifestó un claro predominio del Legislativo sobre el Ejecutivo. La práctica parlamentarista de hacer caer los gabinetes ministeriales mediante la censura determinó que en el transcurso de ese período pasaran por los sucesivos gobiernos: 530 ministros de Estado, a través de 121 cambios, tomando en cuenta las crisis totales y parciales.
La década del desencanto
A principios de siglo (el siglo XX), el ambiente que se vivía era una mezcla de pesimismo por los valores que se dejaban atrás y falta de confianza en las clases aristócratas y políticas, que no sabían comprender ni reaccionar ante las carencias económicas de la gran masa.
Siempre una nueva época hace pensar a los hombres en la realización de todos aquellos ideales o cosas que antes sólo habían sido meras posibilidades. Sin embargo, en nuestro país el espíritu de algunos de los contemporáneos no era del todo optimista frente al presente y a las oportunidades de un futuro cercano.
Enrique Mac-Iver Rodríguez, en su ya clásico discurso sobre la crisis moral de la república, lo había expresado en 1900 y lo reiteraba Alberto Edwards en 1901: "... sólo vivimos del recuerdo de un pasado glorioso sin aliento de continuar la obra de nuestros padres, perdidas las ilusiones y la fe, heridos en el alma por la implacable lógica de los acontecimientos".
Este desencanto, producto sin duda de la incapacidad de los políticos por encarar y dar respuesta satisfactoria a los graves problemas económicos y a la "cuestión social", que ya se vislumbraba como uno de los más serios, deja ver claramente que Chile vivía por esos días el agotamiento de un estilo de vida que no se adaptaba a una realidad que cambiaba radicalmente.
Los ideales de regeneración planteados por la revolución de 1891 no lograban concretarse, esto sumado al fracaso del régimen parlamentario por la incapacidad de la clase aristocrática para asumir su rol de conductora era ya reconocido en 1894 por Francisco Valdés Vergara, el opositor a Balmaceda que decía: "Duro es confesarlo, pero los hombres que hicimos la revolución con la mejor de las intenciones hemos causado daños mayores que los bienes prometidos".
La década que pasó sin dar una respuesta satisfactoria a los nuevos cambios, dio cabida a discusiones que se alejaron de los espacios públicos tradicionales, como el Congreso o el Palacio de gobierno. Por el contrario, se creó un ambiente de participación en centros sociales o asociaciones prominentes como el Club de la Unión, el Club Hípico y el de Septiembre, entre otros lugares.
La existencia de una gran cantidad de partidos políticos no era de gran relevancia. Todos tenían escasas diferencias ideológicas y estaban inspirados por el pensamiento liberal, representando en mayor o menor grado las ideas o intereses de la oligarquía, el grupo social dominante.
Esta elite se había formado por la fusión de dos grupos: la aristocracia tradicional que tenía en la posesión de la tierra su principal fuente de ingresos y los comerciantes e industriales enriquecidos en el siglo XIX.
Los autores de la época denunciaron la relajación moral de esta nueva casta que se inclinó por un tren de vida aristocrático y para quienes el dinero es un instrumento para mantenerlo, de ahí que no importaba tanto la forma de obtenerlo como la de gastarlo.
Los créditos se conseguían fácilmente, si era preciso endeudarse y los impuestos internos eran casi inexistentes, pues nuestra economía giraba en torno al salitre, el que se exportaba en grandes cantidades a Europa y a través de los derechos aduaneros de exportación el estado chileno obtenía su participación en esta enorme fuente de riqueza.
Paralela a esta conducta de la clase dirigente y en forma para ella imperceptible en esta primera década del siglo XX se inició un cambio trascendental en los sectores medios.
Ellos, fruto del liceo, eran profesionales, intelectuales y empleados que comenzaron a tomar conciencia y aceptando su propia identidad, abandonaron su actitud imitativa de la clase alta. Estaba llegando el momento para que este importante y dinámico conglomerado asumiera crecientes responsabilidades en la conducción del país.
Inés Echeverría de Larraín, más conocida como "Iris", así lo reconoce y explicando los reales móviles del Club de Señoras inaugurado el 19 de agosto de 1916 afirma en la revista "Silueta":
"Con nuestra mayor sorpresa apareció una clase media que no sabemos cuándo haya nacido, con mujeres perfectamente educadas, que tenían títulos profesionales y pedagójicos, mientras nosotros sabíamos apenas los misterios del rosario... Entonces sentimos el terror de que si la ignorancia de nuestra clase se mantenía dos jeneraciones mas, nuestros nietos caerían al pueblo i viceversa ".
La cosa no daba espera... Los síntomas eran alarmantes, era necesario reemplazar la organización existente por otra capaz de ofrecer nuevas opciones, lo que sería tarea de las próximas décadas.
Así, no obstante, la esterilidad política de esos años, hubo continuidad administrativa lo que permitió el desarrollo de planes generales de obras públicas.
Pero en el país, desde fines del siglo anterior, fermentaba, lenta pero inexorablemente, un nuevo conflicto que tuvo fuertes repercusiones en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo.
Sucedió que entre los vaivenes de la situación económica y social, miles de obreros que habían quedado cesantes, como consecuencia de la crisis de la minería del salitre en el norte del país, retornaban al centro con sus familias, en busca de trabajo y hogar... Y el Estado carecía efectivamente de las leyes necesarias para enfrentar la grave crisis social.
Ante la presión militar aplicada principalmente por su Ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo, el presidente Figueroa renunció el 7 de abril. Aquel mismo día, Carlos Ibáñez alcanzó finalmente la Primera Magistratura, como Vicepresidente de la República, sin embargo no disolvió el Congreso. Su pretensión fue reducirlo a labores meramente técnico-legislativas. Y el Congreso colaboró.
En 1930, el ya presidente Ibáñez convino con los líderes de las colectividades políticas en no realizar los comicios parlamentarios, sino ponerse de acuerdo en la distribución de los escaños.
Así fueron proclamados los nuevos parlamentarios del Congreso llamado "termal", por haberse realizado las negociaciones en las Termas de Chillán.
El presidente Carlos Ibáñez utilizó con frecuencia el instrumento de los decretos leyes para gobernar, pero también contó con la aprobación del Congreso en numerosas iniciativas, como la reorganización de la Administración Pública que creó instituciones nuevas y concretó otras que eran iniciativas ya contenidas en el paquete de leyes sociales y laborales del gobierno del presidente Arturo Alessandri.
A comienzos de 1930, la crisis económica internacional comenzó a repercutir fuertemente en Chile, creando una gran efervescencia política que fue generando un irritante descontento nacional.
Al año siguiente, el presidente Ibáñez solicitó al Congreso, y le fueron concedidas, facultades extraordinarias para hacer frente a la crisis económica. Finalmente, la grave situación política, los movimientos sindicales y las manifestaciones populares llevaron a Ibáñez a renunciar el 26 de julio de 1931, delegando el mando en el presidente del Senado, Pedro Opaso L.
En octubre resultó electo presidente Juan Esteban Montero Rodríguez, quien durante este turbulento período también había ejercido la Vicepresidencia de la República. Desde los inicios de su gobierno, Juan Esteban Montero fue el blanco de ataques tanto de sectores ibañistas como de alessandristas.
El 4 de junio de 1932 el presidente Montero fue derrocado por un nuevo movimiento militar dirigido por el coronel Marmaduke Grove V. Comenzó la efímera "República Socialista", que durante ese mes implantó varias Juntas de Gobierno. El 6 de junio fue disuelto el Congreso Nacional.
La incertidumbre y el descontento nacional ante la prolongada anormalidad institucional, determinó, en septiembre de 1932, la renuncia de quien en ese momento detentaba la Presidencia Provisional de la República Socialista, Carlos Dávila E., sucediéndole también como Presidente Provisional de la República, el general Bartolomé Blanche E. En octubre éste entregó el mando al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abraham Oyanedel U., quien convocó a elecciones Presidencial y Parlamentarias a fines de aquel mes.
Con el apoyo de distintos sectores políticos, el nuevamente candidato a la Presidencia de la República Arturo Alessandri Palma ganó ampliamente.
Desde ese momento, la institucionalidad de 1925 logró imponerse, después de un largo período de ocho años de vacíos de poder y de reacomodo de las instituciones, lo que en la práctica significó que el Ejecutivo fue ejercido por diecisiete gobiernos distintos.
Por su parte, el Congreso Nacional sufrió dos clausuras (11 de septiembre de 1924 y 6 de junio de 1932), lo cual no impidió que hubiera actividad parlamentaria en cada uno de los ocho años del período.
Preocupación entre intelectuales, universitarios, eclesiásticos y políticos por las condiciones de vida de los sectores populares. Soluciones propuestas.
Continuidad y cambio en la “cuestión social” de nuestro país
En nuestro país la noción e idea de “cuestión social” llegó a constituir una de las principales temáticas de preocupación y de discusión pública desde fines del siglo XIX hasta las primeras dos décadas del XX.
Durante ese período, y tal como ocurre en el caso europeo, procesos como la expansión urbana, las dificultades para la constitución de una “sociedad salarial” y, más lentamente, el desarrollo de la actividad industrial inciden directamente en la aparición de una serie de fenómenos que se dan precisamente en las grandes ciudades y en las concentraciones de trabajadores de la zona salitrera.
En general, a nivel de las principales ciudades, puertos y oficinas salitreras, se constatan precarias condiciones de vida de la clase obrera y, en especial, de la propia relación laboral, al carecer de protección y seguridad. Las precarias condiciones de vida en las ciudades se ven agravadas por los problemas de vivienda que acarrean los flujos migratorios desde las haciendas del valle central y, posteriormente, de los centros mineros ubicados en la zona del salitre.
Las ciudades asisten a un notable crecimiento demográfico que deviene en una fuerte demandas por habitaciones y viviendas. Del mismo modo, este déficit habitacional, unido al vertiginoso crecimiento de las ciudades provoca diversos problemas de hacinamiento, violencia y la propagación de enfermedades contagiosas.
Todas estas expresiones de la “cuestión social” dan inicio a una serie de denuncias y conflictos sociales y políticos que evidencian también un cuestionamiento y malestar por parte de amplios sectores.
Una de las reacciones deriva de segmentos específicos pertenecientes al mundo popular, específicamente, por parte de los artesanos y de las primeras organizaciones obreras: mutuales y mancomunales.
Desde fines del siglo XIX se produce un recrudecimiento de las distintas expresiones de la lucha y de la protesta obrera que afectan a la mayoría de las ciudades, puertos y centros mineros. Por otro lado, son las elites y la oligarquía quienes ven a la precariedad de los trabajadores y sectores populares como una amenaza para la estabilidad del orden social.
También existieron otros representantes de las elites, entre ellos la Iglesia Católica y algunos grupos de legisladores, que promovieron ciertas normas e impulsaron las primeras reformas sociales.
L
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