Política economía y sociedad en el siglo XIX resumen y tema
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Política economía y sociedad en el siglo XIX resumen y tema
Política, economía y sociedad en el siglo XIX.
3.1. La guerra de Independencia (1808-1814): guerra y revolución.
3.2. La emancipación de América y sus consecuencias en España.
3.5. La experiencia democrática del Sexenio (1868-1874).
3.7. Los conflictos sociales.
3.0. Introducción.
Durante el siglo XIX la familia Borbón siguió reinando en España como hecho predominante pero en esta línea de continuidad hubo algunos paréntesis marcados por la ausencia forzada de la dinastía. De la historia de ese siglo en el presente tema se estudia lo acontecido hasta 1875. En esencia la cronología de los regímenes políticos y personajes reinantes que se sucedieron en dicho siglo es la siguiente:
Carlos IV (1788-1808).
Fernando VII (1808/1814-1833).
Conspiró contra su padre, Carlos IV, y logró apartarlo del trono en marzo de 1808 pero en mayo él mismo tuvo que dejar España obligado a ello por Napoleón Bonaparte, emperador francés. Tras la Guerra de la Independencia (1808-1814) y el reinado del francés José I Bonaparte, hermano de Napoleón, Fernando VII regresó a España para reinar.
Isabel II (1833-1868).
Proclamada reina con tres años tras la muerte de su padre, la minoría de edad de Isabel II duró hasta 1843. Durante esa década se sucedieron las regencias de María Cristina de Borbón o Nápoles (1833-1840) y del general Espartero (1840-1843). Su mayoría de edad se adelantó por la circunstancia políticas a 1843. Fue derrocada en 1868 por la revolución gloriosa o democrática, un alzamiento militar que envió a los Borbones al exilio.
El Sexenio democrático (1868-1874) fue el resultado político de la revolución contra el régimen de Isabel II. El régimen revolucionario instauró en primer lugar una monarquía constitucional y democrática (1869-1873), que tuvo como soberano al rey Amadeo I de Saboya (1871-1873), de origen italiano y ajeno a la dinastía Borbón obviamente. Amadeo abdicó a los dos años de ocupar el trono. Se proclamó entonces la I República (1873-1874), que fue muy pronto derribada por un nuevo golpe de estado. Se desarrolló así la dictadura del general Serrano (1874), a su vez terminada con un nuevo pronunciamiento militar que restauró la dinastía Borbón en el trono de España.
Alfonso XII (1875-1885).
Hijo de Isabel II, su reinado se vio frustrado por su temprana muerte, lo que abrió un largo periodo de minoría de edad de su hijo póstumo, el futuro Alfonso XIII, bajo la regencia de la reina viuda, María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902).
El debate sobre el pulso entre Antiguo y el Nuevo Régimen en el siglo XIX y la modernización de España.
Para la comprensión del siglo XIX en España, se hace imprescindible tener en cuenta que hay un debate abierto entre los historiadores sobre la naturaleza del siglo XIX en torno a la siguiente cuestión: ¿Es el siglo de la burguesía, el liberalismo y la revolución industrial, como factores que rompen con el siglo anterior, o es un siglo definido por la supervivencia de los aspectos básicos del Antiguo Régimen, a pesar de todo?
Parece evidente que el modelo británico de estabilidad política y fuerte impulso económico no vale para Europa occidental en general y tampoco para España, desde luego, pero tampoco parece oportuno juzgar al diecinueve como un siglo caracterizado en España por un inmovilismo pleno. Es un siglo agitado, convulso, lleno de acontecimientos, en el que se suceden cambios y pervivencias, novedades importantes acordes con las nuevas pautas del tiempo y la supervivencia a la vez de elementos propios del Antiguo Régimen. Durante el siglo XIX se suceden toda una larga serie de acontecimientos: diversos tipos de regímenes y sistemas políticos, monarquías absolutas, constitucionales y parlamentarias, varias regencias, una república, constituciones de diferente signo, manifiestos, pronunciamientos, guerras de independencia, guerras civiles y guerras coloniales, la pérdida del Imperio de Ultramar y la pérdida de peso en el orden internacional. Todo esto, además, sucede en un marco de confrontación entre nuevas ideologías y nuevas categorías sociales, mientras se produce la aparición por primera vez de un régimen de partidos, la llegada aunque sea tímida de la revolución industrial, los conflictos por la propiedad y la puesta en marcha de las desamortizaciones y desvinculaciones, etc.
En medio de este contexto, peculiar pero a la vez conectado con la realidad mundial, hay que situarse, en un tiempo difícil y complejo que va cambiando la situación y el horizonte de España. El país se enfrenta al reto de la modernización.
El concepto de modernización ha sido adoptado por los historiadores contemporáneos para contraponerlo al concepto de tradición y, en consecuencia, identificarlo con la superación de cualquier vestigio del Antiguo Régimen. Sobre esta cuestión escribió Manuel Tuñón de Lara las siguientes consideraciones: Ciertamente, ya se ha llegado a un consenso científico para estimar que modernización no equivale a industrialización y crecimiento económico; ni tampoco vale la identificación añadiéndole el desarrollo de los servicios, ni de ciertos datos demográficos de signo positivo (...) Hoy resulta evidente que la modernización no puede reducirse a un solo componente, el económico, ni siquiera añadiéndoles otros tan indispensables como el tecnológico y el demográfico. Ni tampoco es idéntica al proceso de urbanización (...). En conclusión, el componente político de la modernización está compuesto por los siguientes elementos: democracia, sufragio universal sin adulteraciones, igualdad ante la Ley, derechos humanos garantizados y libre acceso a la información de todo género. Según estas consideraciones parece que no hay modernización si ésta no comprende un conjunto de transformaciones profundas que deben producir una auténtica revolución demográfica, agraria, industrial, del comercio y de los transportes, vinculada al desarrollo de la vida urbana y los servicios sociales, sin olvidar otro requisito imprescindible: la consolidación de una democracia libre, transparente y participativa.
En rigor puede decirse, con todas las precauciones que exige el debate historiográfico y el estado de la cuestión, que España en el siglo XIX no ve muy mejoradas las condiciones de vida del grueso de la población, que en su mayoría no conoce los efectos benéficos de la transición demográfica o de las revoluciones industrial y agraria. Parece, en fin, que el proceso de modernización de la España decimonónica es, cuando menos, insuficiente para alcanzar el desarrollo de los países de Europa occidental. Los esfuerzos de modernización en el ámbito político, económico y social se vieron frenados por la resistencia de los grupos dominantes favorecidos por el Antiguo Régimen (monarquía, nobleza, clero), por lo que muchas de las reformas propuestas acabaron fracasando o retrasando su aplicación en el tiempo. En España, al igual que ocurría en diversos países de Europa, el cambio vivió momentos dramáticos, revoluciones y guerras civiles. No fue un proceso sencillo y continuo, sino que sufrió avances y retrocesos continuos. Al final se impuso el modelo liberal, que beneficiaba a la alta burguesía (banqueros, empresarios y negociantes) y en muchos casos también a la aristocracia.
Es cierto que la población creció de unos 10 a unos 18 millones de habitantes de principio a final del siglo XIX, según P. Romero de Solís y Jordi Nadal, que se basan en los estudios de Livi Bacci, pero Nadal considera una falsa pista el crecimiento de la población. No hay duda de que en España la Revolución industrial fracasó entre 1814 y 1913 para Nadal que, sin embargo, acepta el incremento de la población en el campo por la erradicación de la peste y la expansión de los cultivos de patata y maíz, cuyo efecto benéfico en la dieta alimenticia del pueblo es evidente. Estas reservas sobre las causas que pueden explicar la expansión demográfica sin transición demográfica ni revolución industrial a su juicio deriva de la situación de la economía dual, es decir, profundamente desigual por las diferencias entre zonas y ritmos de desarrollo, de la que habla Nicolás Sánchez Albornoz . En todo caso, pues, el crecimiento demográfico se explicará por la aparición en algunas zonas de unas mejores condiciones de vida, ya desde los años treinta del siglo gracias al aumento de las cosechas tras la desamortización de Mendizábal, la mecanización de la industria algodonera y el impulso de los primeros hornos siderúrgicos con la consiguiente mejora de la mecanización, siempre según Nadal .
Vicente Pérez Moreda confirma las altas tasas de natalidad y mortalidad tanto a principio como a final del siglo y una distribución desigual de los sectores productivos, siempre con dos tercios de la población activa dedicada a las labores agroganaderas. La fiebre amarilla y el cólera dan lugar a epidemias que se ceban entre las clases humildes y son frecuentes las crisis de subsistencias y la hambruna, como demuestra la dramática relación de proporcionalidad inversa existente entre el ascenso de los precios y la disminución de la población. Para Pérez Moreda se da un caso de modernización secular de largo alcance que no culmina hasta los años 30 del siglo XX, con altibajos que no impiden un crecimiento sostenido (0,48% anual) .
Parece evidente, en todo caso, que el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen se consolida: en general, las viejas estructuras feudales quedan jurídicamente desarticuladas durante la primera mitad del siglo XIX. Así, el Antiguo Régimen como categoría histórica con una estructura social estamental desaparece del ordenamiento legal español. La extensión del constitucionalismo crea una estructura diferente de Estado y, en economía, define un nuevo sistema de propiedad y libertad económica que facilitan el desarrollo de una economía de mercado.
Se modifican así las reglas del juego y las relaciones sociales: la movilidad de los individuos, por su capacidad, su trabajo o su talento como trilogía del éxito, que se identifica con la riqueza.
La desigualdad jurídica perpetua por razones de nacimiento deja paso al mito del burgués emprendedor, quintaesencia de las virtudes de la nueva sociedad liberal. Pero la supresión legal del Antiguo Régimen no significa, para muchos historiadores, un cambio radical de protagonistas y dominadores de la vida pública y de las relaciones sociales.
El triunfo del liberalismo moderado es un hecho a mediados del siglo XIX. La moderada es una variante del liberalismo que se basa en el compromiso entre las nuevas élites y algunos sectores de las élites políticas del Antiguo Régimen. No hay una sustitución de clases dirigentes ni un proceso global de ruptura protagonizado en exclusiva por la burguesía. No pervive con carácter hegemónico el Antiguo Régimen pero subsisten algunos de sus elementos, que se acomodan al Nuevo Régimen.
Hay una realidad en el liberalismo español del siglo XIX: la permanencia del constitucionalismo. Desde 1834 hay siempre vigente una carta constitucional hasta el final del siglo XIX y mucho después (hasta 1923). Es más, en el caso español hay una secuencia lógica desde el Liberalismo doctrinario, imperante durante casi todo el reinado de Isabel II, hasta el Liberalismo democrático del Sexenio de 1868 a 1874. Todo este proceso desemboca en una amalgama de principios doctrinarios y democráticos durante los últimos 25 años del siglo XIX, es decir, durante el periodo de la Restauración.
Es cierto, sin embargo, que en España la realidad política del Estado liberal se ve determinada por dos factores: uno es el intervencionismo militar y las injerencias de las camarillas y grupos influyentes en Palacio, lo que desvirtúa la validez del sistema de elección por sufragio, por la corrupción de los métodos caciquiles; otro es la permanencia de un sistema que no renuncia a sus principios liberales sobre el papel pero se ve influido por poderes fácticos poco partidarios del Nuevo Régimen, con la frecuente intervención de los militares al frente de los partidos y de los gobiernos, lo que, en definitiva, no permite la democratización social.
Así, el constitucionalismo permanece como rasgo esencial del Estado liberal pero no se integran en éste una serie de grupos y fuerzas que van surgiendo durante el siglo: primero, padecen la exclusión muy frecuentemente los progresistas, durante la monarquía de Isabel II, y, después, los republicanos, los movimientos obreros y los nacionalistas, durante el sistema de la Restauración. Ni siquiera durante el Sexenio democrático que separa el régimen isabelino de la Restauración fue posible acoger a todas las fuerzas políticas y sociales.
La falta de base social se debe a que siempre hay unas élites que, con su intervención directa o su apoyo tácito a quienes protagonizan la acción política, controlan el gobierno y manejan los procesos electorales. Esta minoría oligárquica de élites económicas y políticas no puede impedir la fragilidad del sistema constitucional, lo que provoca un alto grado de descontento e inestabilidad durante el siglo XIX.
Cuando, por fin, la estabilidad parecía haber llegado en el último cuarto de siglo, se acabaría comprobando que la marginación de algunas fuerzas políticas y sociales favoreció el desarrollo de un conflicto que durante el siglo XX terminó por acarrear graves problemas y hasta consecuencias trágicas para España. Además la falta de recursos por la crisis perpetua de la hacienda privó al Estado de la solvencia precisa para desarrollar una acción eficaz, que garantizase la aplicación de sus reformas en todo el país .
Estas reflexiones del historiador Manuel Tuñón de Lara aparecen enTuñón de Lara, Manuel (Director), Historia de España, X**, Transición y democracia (1973-1985). Editorial Labor. Barcelona, 1992. Primera edición, primera reimpresión, pp. 12-13.
Romero de Solís, P. La población española en los siglos XVIII y XIX. Editorial Siglo XXI. Madrid, 1980, p. 264.
Sánchez Albornoz, Nicolás. España hace un siglo: una economía dual. Alianza Editorial. Madrid, 1968.
Nadal, Jordi. El fracaso de la Revolución industrial en España. Editorial Ariel. Barcelona, 1980, p. 24.
Pérez Moreda, Vicente. La modernización geográfica, 1800-1930: sus limitaciones y cronología, en Sánchez Albornoz, Nicolás (Comp.), La modernización económica en España (1830-1930). Alianza Editorial. Madrid, 1985.
El proceso de implantación de los principios del liberalismo en la legislación española está bien recogido en síntesis por Miguel Artola en su obra La burguesía revolucionaria (1808-74). No. 5 de la Colección de Historia de España, dirigida por él mismo, en Alianza Editorial. Madrid, 1990. Artola asegura que hubo una transformación revolucionaria porque la conquista del poder por la burguesía eliminó los obstáculos a la economía de mercado. En general hay acuerdo entre los historiadores sobre le importancia de la implantación de un régimen liberal en la legislación de la España del siglo XIX, con alguna excepción como la discrepancia expresada por Arno Mayer, que pospone el acontecimiento hasta el siglo XX, en La persistencia del Antiguo Régimen. Alianza Editorial. Madrid, 1984.
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